
Nuevos testigos en el caso Guerra
De cerca: el juez federal Jorge Urso se quedará toda la semana en Mar del Plata para realizar varios allanamientos y tomar nuevas declaraciones.
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MAR DEL PLATA.- El juez federal Jorge Urso ordenó y encabezó ayer nuevos allanamientos en esta ciudad como parte de la investigación tendiente a establecer la presunta evasión impositiva millonaria en la que habría incurrido el denominado Grupo Guerra, según lo denunció la Dirección General Impositiva (DGI).
El trabajo del magistrado apenas si tuvo un descanso en horas del mediodía para que sus casi treinta colaboradores llegados desde Buenos Aires pudieran almorzar.
Según pudo saberse, Urso se quedaría aquí hasta el fin de semana. El movimiento de los investigadores se realizó con el máximo hermetismo y el más absoluto de los secretos.
Por otro lado, el juez federal Mario Arturo Robbio, con asiento en esta ciudad, también tomó algunas declaraciones a testigos.
Vía exhorto judicial, Urso recurrió a su colega marplatense para que iniciara la recopilación de testimonio que son considerados importantes para avanzar en la causa.
El paso de los testigos
Varias de las veintitrés personas que habría citado el juez ya aportaron su declaración, material que quedó incorporado al expediente y que en algunos casos sirvió para ampliar la cantidad de allanamientos previstos.
Urso cuenta en esta ciudad con el apoyo del Juzgado Criminal y Correccional Nº3 a cargo de Robbio, personal de la delegación local de la Policía Federal, colaboradores de su tribunal capitalino y algunos elementos del área Inteligencia Fiscal de la Dirección General Impositiva (DGI).
Con ellos se ha movilizado por Mar del Plata desde el último lunes, cuando comenzó con una serie de allanamientos.
Los destinos no trascendieron públicamente, aunque se presume que serían algunas oficinas de profesionales que trabajarían para el denominado Grupo Guerra.
El objetivo del juez es sumar nuevas pruebas para tratar de constatar si los Guerra han evadido al fisco por una suma estimada en 50 millones de dólares.
Una fuente judicial confió ayer que los testigos citados han aportado datos interesantes, "pero no los suficientes como para definir la investigación". Por eso se estima que el juez Urso permanecerá aquí hasta pasado mañana.
De Cóppola a Cavallo
El juez en lo Criminal y Correccional Federal Carlos Liporaci tuvo varias causas en las cuales estuvieron involucrados funcionarios que pasaron por el Gobierno, tal el caso de Alberto Samid.
Liporaci, chubutense de 55 años, tuvo los expedientes de una causa en contra del ex ministro de Economía Domingo Cavallo; también cerró una contra el ex ministro del Interior José Luis Manzano.
Pero la de mayor repercusión pública fue cuando llegó a su juzgado el caso de Guillermo Cóppola, quien fue acusado en un presunto caso de narcotráfico.
El nombramiento de Liporaci se concretó en 1993, tras recorrer la carrera judicial que inició en 1967.






