En las conversaciones sobre cómo se vive en estos días, cuáles son las perspectivas y los cambios de nuestro modo de vida, algo que surge es que el trabajo doméstico se revalorizó y es reconocido como una labor en sí misma, que se integra a las obligaciones laborales y familiares. Ahora es evidente para todos que el trabajo doméstico lleva tiempo, requiere inversión de energía, organización y procedimiento, pero no llega a un producto terminado que se pueda vender. Es un servicio que hace a la salud elemental: proveernos de limpieza, higiene, comida, atención y cuidado.
Antes de la pandemia era habitual que mientras una o varias personas de la familia "iban a trabajar" otras "venían" a hacer el trabajo doméstico. Hoy que todos experimentamos lo que eso implica, es buen momento para detenerse en las políticas sobre ese sector.
El año 2020 inició con más de 670.000 relaciones laborales registradas, involucrando a 548.000 mujeres, según datos de la AFIP. Eso equivale casi a la mitad de los empleados de comercio. Y se sabe que las relaciones no registradas pueden duplicar la cifra.
Sin embargo, si hay un sector económico débil es el del trabajo doméstico. Su costo hoy no es considerado una variable productiva que lleve a subsidiar al empleador. Eventualmente quienes trabajan en esta actividad reciben el IFE, pero el sueldo normal debe ser integrado por el empleador.
Nadie parece pensar que se genera un aporte efectivo y significativo a nuestra economía con este trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque, en general, los sueldos de cualquier persona son computables como gasto en la estructura para la cual trabaja. Y los sueldos del personal de casas particulares solo pueden considerarse un gasto para quien los paga hasta el límite de unos $120.000 por año. Todo lo pagado por encima no es deducible del impuesto a las ganancias.
¿Qué implica esta limitación? En primer lugar, que el sueldo del personal doméstico no es considerado un gasto necesario para generar una ganancia. Es como decir que todos podemos trabajar, dentro o fuera de casa, sin necesidad de hacer las tareas domésticas, ni ocuparnos de nuestros niños y niñas o personas adultas mayores. En segundo lugar, implica que en los hogares donde hay una pareja de adultos, el incentivo a que ambos trabajen puede ser escaso, porque generar un segundo ingreso haría necesario contratar a alguien y el costo no puede restarse como gasto para el cálculo de Ganancias.
La raíz de la inequidad es que, si la tarea doméstica se desarrolla con personal empleado, hoy resulta en un mayor costo para el trabajo de quien deja de ocuparse por sí mismo de las tareas. En un ejemplo: si la mujer decide trabajar fuera de su casa, su ingreso neto será equivalente al del recibo del empleador o las facturas que emita, menos los salarios y cargas sociales del personal doméstico. En cambio, un hombre de familia tipo en el esquema tradicional, se queda con el sueldo neto del recibo y no tiene costos del hogar, porque esas tareas son absorbidas en forma no remunerada por la mujer.
Además, el límite al monto que se puede considerar gasto no ayuda a la registración. Eso perjudica a una -presumiblemente- enorme cantidad de mujeres que se desempeñan sin obra social, sin aportes jubilatorios y sin participación en el mercado formal de crédito ni bancarización.
Una política que permita la deducción completa de los sueldos del personal que presta servicios de asistencia y cuidados en casas particulares mejoraría el salario real de quienes tienen entre sus responsabilidades ocuparse del hogar, de los niños y niñas y de los ancianos, y ayudaría a que se formalizara a muchas trabajadoras, para que dejen de ser parte del empleo informal, que ha sido parte troncal de la economía argentina y que ha colaborado con la desigualdad histórica de las mujeres.
