Pecados kirchneristas: una jugada al límite que puede salpicar al Presidente

El empresario Enrique Eskenazi saluda a Cristina Kirchner cuando era Presidenta. La familia local gerenció YPF y fue expulsada tras la estatización, en 2012. En las últimas semanas, la defensa argentina en un juicio por la expropiación pidió que les tomaran testimonio.
El empresario Enrique Eskenazi saluda a Cristina Kirchner cuando era Presidenta. La familia local gerenció YPF y fue expulsada tras la estatización, en 2012. En las últimas semanas, la defensa argentina en un juicio por la expropiación pidió que les tomaran testimonio. Crédito: Presidencia de la Nación
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28 de noviembre de 2020  • 12:28

Carlos Zannini es el arquitecto legal de Néstor y Cristina Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz. Su paso hermético por la Secretaría Legal y Técnica lo envolvió en un aire de misterio y su inventiva jurídica le dio al kirchnerismo capacidad de sorpresa. Como en los viejos tiempos, Zannini volvió a asombrar a todos en las últimas semanas.

El excompañero de fórmula de Daniel Scioli maneja la Procuración del Tesoro. Desde allí convalidó que Sullivan & Cromwell, el estudio que defiende a la Argentina en el juicio que más preocupa a la Casa Rosada, le pidiera en septiembre pasado a la jueza de Nueva York Loretta Preska que Enrique Eskenazi y sus hijos Sebastián, Matías y Ezequiel facilitaran documentos y se les tome testimonio. Les preguntarán sobre su paso por YPF en el marco de una demanda contra el país por la estatización de 2012 que podría llegar a los US$9000 millones.

Los términos anteriores son en sí mismos una asociación peligrosa para el Frente de Todos. Es por eso que la estrategia legal argentina genera desconcierto en el mundo político y en el entorno judicial.

En la Corte de Distrito Sur de Nueva York avanzan causas millonarias contra el país. La más destacada es la demanda por la estatización de YPF a través de dos empresas fundadas por una familia local.
En la Corte de Distrito Sur de Nueva York avanzan causas millonarias contra el país. La más destacada es la demanda por la estatización de YPF a través de dos empresas fundadas por una familia local. Crédito: Shutterstock

En el entorno de Mauricio Macri se arrogan parte del "éxito". Sostienen que Bernardo Saravia Frías y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón -el primero es el antecesor de Zannini y el segundo, una especie de asesor para emergencias jurídicas de la gestión anterior- entallaron el camino para que no se pudiese salir del rumbo que finalmente tomó. Llegaron al extremo de seguir viajando a Nueva York para interiorizarse del caso hasta después de la derrota electoral de Cambiemos y en las vísperas del cambio de mando en la Casa Rosada.

Nadie descarta que el proceso judicial conduzca a preguntas incómodas sobre aquellos años del kirchnerismo.

La familia Eskenazi forjó su trayectoria empresaria en la construcción y en los bancos. Tuvieron un recorrido envidiable que pasó a segundo plano en febrero de 2008. El Grupo Petersen se quedó con el 14,9% de las acciones de YPF en condiciones particulares y con el visto bueno indocumentado de Néstor Kirchner.

La familia que tiempo después gerenciaría a la mayor empresa argentina puso a razón del 4% de los US$2235 millones iniciales.

La ayudaron a pagar la parte que faltaba un grupo de bancos y Repsol, la propia vendedora. Había mucha plata que devolver, pero "se pagaría sola" con la distribución del 90% de las utilidades, algo infrecuente en la industria y quizás uno de los empujones hacia la crisis energética argentina.

Tras la estatización, los Eskenazi se quedaron sin fondos para pagar la deuda y perdieron su parte en la empresa. Viudas de Axel Kicillof, mentor de la iniciativa, fueron Petersen Energía y Petersen Inversora, empresas creadas en España por los Eskenazi para comprar YPF. La colonización argentina de la petrolera se hizo con domicilio ibérico.

La Justicia española le vendió la quiebra de ambas empresas al fondo Burford, que litiga contra la Argentina bajo la marca Petersen. Los Eskenazi dicen que no tienen nada que ver, pese a la incomodidad de llevar el mismo nombre que los litigantes. Sufrieron cosas peores: la expedición por YPF les costó al menos U$S100 millones.

El pasado le trae malos recuerdos a la fórmula presidencial. Cristina Kirchner decidió la estatización de YPF luego de una tarde de desencuentros con Sebastián Eskenazi, que tenía entre sus asesores a Alberto Fernández.

Repsol había contratado a Fernández para asesorar a la familia local. En los papeles, la decisión corrió por cuenta de España, pero en la práctica el ahora presidente tenía vínculo con Sebastián. El presidente acusó en aquel momento a su actual compañera de fórmula de filtrar la información, que se conoció por una nota del diario Tiempo Argentino.

Pasado incómodo

Fernández fue pródigo en críticas a la estatización promovida por Cristina Kirchner y Axel Kicillof. En el programa Desde el llano, de Joaquín Morales Solá, dijo: "Cuando se privatizó YPF una ley estableció cómo se podían recuperar las acciones. Planteaba la posibilidad de hacer una oferta hostil a todos los accionistas. No quedarse con una parte de las acciones....No puede decir se van ustedes, y me quedo con las acciones de ustedes". Son los mismos argumentos que usan quienes litigan contra el país en Nueva York.

De aquella época, sin embargo, parece haberle quedado la buena relación con Eskenazi. Se reunió con él, por caso, el martes anterior a las elecciones presidenciales del año pasado.

Los viejos vínculos del kirchnerismo con el mundo empresario despertaron las especulaciones entre los alfiles del Cambiemos, que ven en la decisión de Zannini el efecto de la paz fría entre Alberto y Cristina. Dado que los Eskenazi son cercanos a Fernández -suman allí también el nombre de Sergio Massa-, pero tienen la relación rota con Cristina Kirchner, por qué no obligarlos a dar ciertas explicaciones bajo juramento.

Hay más coincidencias. Zannini, responsable último de la estrategia jurídica argentina, fue director por la provincia en el Banco de Santa Cruz, que gestiona la familia Eskenazi. Cierta paranoia sostiene que lo pusieron ahí para controlar algo.

Es un límite peligroso. La justicia norteamericana es ciega a las peleas entre macristas y kirchneristas porque las presentaciones las hace el país. Y todo el proceso queda bajo la supervisión de la jueza Loretta Preska, con quienes los exfuncionarios de Mauricio Macri quedaron maravillados. La consideran seria, autónoma y revestida de una templanza superior incluso para el circuito de Nueva York.

Preska es la hija judicial dilecta de Thomas Griesa. Trabajó con él en su eterna pelea con el kirchnerismo y conoce las causas contra la Argentina, que van más allá de la demanda por la estatización de YPF.

El juicio comenzará en abril próximo. Si la jugada de Zannini sale bien, se hará en el Norte, pero bajo legislación argentina. Un incierto triunfo le permitiría a la Casa Rosada ahorrarse la explicación pública de por qué el país debería abonar millones de dólares por una decisión de Cristina Kirchner. Hay un daño que ya está hecho: los juicios suelen traer al presente cosas sobre las que ya nadie habla ni escribe.

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