Pequeños acreedores se ilusionan con el diálogo de Argentina y los ‘holdouts’

BUENOS AIRES—Norma Lavorato trabajo y ahorró durante décadas, pero ha pasado la mayor parte de sus años como jubilada esperando que el gobierno de Argentina le devuelva los US$45.000 que invirtió en bonos soberanos y luego perdió en la gigantesca cesación de pagos de 2001.

"He tenido paciencia, mucha paciencia", cuenta Lavorato, de 85 años, quien rechazó las modestas ofertas de reestructuración que hizo el gobierno a otros tenedores de bonos. "Trabajé por 43 años. Ese dinero es mío".

El lunes, una delegación argentina llegó a Nueva York para reunirse con un mediador en su disputa con bonistas que no aceptaron las reestructuraciones propuestas por Argentina luego del cese de pagos. Los holdouts, como se conoce a ese grupo, están encabezados en un pequeño número de fondos de cobertura. Sin embargo, lo que está en juego no son sólo los US$1.500 millones adeudados a Elliott Management Corp., Aurelius Capital Management LP y Olifant Fund Ltd. También hay cientos de fondos más pequeños y jubilados que reclaman montos mucho más modestos, y quienes también se mantuvieron firmes para recuperar el total de su inversión. "Ahorramos mucho, mis hermanas y yo", señala Lavorato. "Hemos esperado todo este tiempo por el dinero".

Las difíciles situaciones de personas como Lavorato en general quedaron en el olvido en la implacable batalla pública de Argentina con los grandes fondos de cobertura de Estados Unidos. Gran parte de la deuda argentina que poseen estos fondos fue comprada por poco dinero después del default, con la idea de que su valor aumentaría. No obstante, muchos bonos habían sido vendidos previamente a argentinos comunes y corrientes que consideraban que la deuda soberana era una inversión segura.

Esas inversiones se desvanecieron cuando Argentina incumplió su pago sobre unos US$100.000 millones en 2001. La mayoría de los tenedores de bonos impagos aceptó los canjes que ofreció el gobierno en 2005 y 2010, de unos 33 centavos por dólar. Las reestructuraciones representaron 93% de toda la deuda que podía ser canjeada.

Los tenedores del resto de los bonos han esperado por un mejor acuerdo, lo que les ha valido la recriminación del gobierno, que los cataloga de capitalistas codiciosos que tratan de aprovecharse del país. "Es innegociable entregar la patria a buitres que la quieren despedazar", sostuvo la presidenta Cristina Kirchner en un discurso en junio.

La disputa entró en una nueva fase el mes pasado, cuando un juez de distrito de EE.UU. bloqueó los pagos de interés que iba a realizar Argentina sobre algunos bonos reestructurados, indicando que para concretar tales pagos también debía pagarles a los holdouts.

Argentina tiene hasta el 30 de julio para pagar, antes de caer en otro default. Analistas afirman que por eso el país accedió a reunirse esta semana con el mediador, un abogado nombrado por la corte.

Lavorato no se considera un buitre, pero está entre los 13 acreedores individuales, junto con los fondos de cobertura, cuyas demandas están sujetas a la decisión del juez. Eso significa que si Argentina realiza un pago a estos fondos,Lavorato también debería recibir su dinero.

Las críticas a los holdouts irritan a Horacio Vásquez, quien formó un grupo que representa a los bonistas individuales. Vázquez, de 57 años, dice que los han llamado "buitrecitos" en la prensa local y que hace poco un medio pro gobierno, Tiempo Argentino, publicó un artículo sobre él que incluía un enlace a un video de un pichón de buitre en YouTube. El sitio también publicó un artículo titulado "Estos son los argentinos que están del lado de los fondos buitre", donde se mencionaba a Lavorato y a su hermana de 89 años.

"Nos discrimina el país que causó el problema, y aún no recibimos nuestro dinero", expresa Vázquez, quien perdió US$73.000 —y su empleo— tras el cese de pagos.

Una vocera del Ministerio de Economía no quiso comentar sobre el caso y los pequeños bonistas.

Economistas, expertos legales y asesores del gobierno estiman que pagarles a los holdouts podría costar entre US$12.000 millones y US$15.000 millones. El gobierno afirma que hay un riesgo de recibir demandas adicionales por hasta US$120.000 millones de inversionistas que aceptaron los canjes, un precio que no puede costear.