Por la crisis, darán beneficios impositivos a las clínicas y a los hospitales privados

Luego de frustrarse un posible acuerdo con los laboratorios para congelar el precio de los medicamentos durante 60 días, el Gobierno está ahora embarcado en otra negociación con el sector de la salud, el de las clínicas, hospitales privados y sanatorios. Se trata de empresas que, a través de las siete cámaras que las representan, hace 10 días presentaron una nota en el Ministerio de Producción y Trabajo declarándose en una situación económica insostenible "en la que muchos prestadores están entrando en cesación de pagos". Incluso se habló de un "pronto colapso del sistema privado de salud" si no se modifican algunas regulaciones.

Fuentes oficiales confirmaron a La Nación que están trabajando en los decretos que buscan llevar alivio a la situación. La intención es aumentar el mínimo no imponible para las contribuciones patronales y aplicar una rebaja gradual del impuesto al cheque a las clínicas y hospitales privados, cuya alícuota pasaría de 1,2% al 0,8% en noviembre y de 0,8% a 0,5% en febrero. Según la Secretaría de Salud, ambas medidas impactarían en por lo menos una rebaja del 5% del costo salarial y del 2% del costo operativo. El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, admitió a La Nación que el sistema de salud "está golpeado por el salto devaluatorio porque muchos de los insumos son importados y muchas veces el financiamiento no alcanza para sostener la estructura, que es muy grande".

En tanto, Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), dijo que las medidas resultan "interesantes" y una muestra de buena voluntad, pero, al mismo tiempo, consideró que se avanza muy lento y que son "como una gota de agua en el océano". En el caso del impuesto al cheque, ejemplificó, el efecto no sería pleno porque las clínicas ya usan el 33% de de ese tributo a cuenta de Ganancias.

"Pedimos medidas más contundentes, por ejemplo, asimilarnos con los colegios privados, que desde 2001 no pagan el 100% de las cargas patronales –agregó Cherro-. Damos un servicio esencial, como la salud, y no entendemos por qué no tenemos los mismos beneficios".

El directivo reconoce que en un momento en el que el Gobierno está contando las monedas para pagar sus obligaciones de acá al final del mandato sería difícil conseguir una medida de estas características porque tendría un costo fiscal de 1000 millones de pesos. De todos modos, Cherro afirmó que el impacto teórico porque más del 50% de ese dinero el Estado ya no lo recibe porque el sector no paga las contribuciones y, como está en emergencia sanitaria, no puede ser embargado por la AFIP.

Otro reclamo de las clínicas y los sanatorios es que salga una ley que les permita utilizar el crédito fiscal que les queda a favor cuando realizan sus compras, que tributan el IVA y luego no pueden descargar.

Según datos de la Secretaría de Salud, más del 60% de la población argentina se atiende en clínicas y sanatorios privados, mientras que el sistema de salud, entre financiadores, industria farmacéutica y prestadores, representa un 15% del empleo privado total. "Por cada cama en el sector privado hay 10 empleados y hay 80.000 camas en el sector privado en todo el país; es un sector con mano de obra intensiva que da prestaciones de salud y que da trabajo", señaló Rubinstein.

"Cada vez hay más consultas en las cámaras de clínicas que piden asesoramiento para presentarse en procedimiento preventivo de crisis (PPC). Eso traerá suspensiones, despidos y deterioro de la calidad del servicio", anticipó Cherro.

La próxima semana continuarán las reuniones en las que participan representantes del Ministerio de Producción, de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Salud; las entidades que firmaron la carta hace 15 días y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa). El sector privado pidió que sean citados también representantes del PAMI y del IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.