Prepagas: las cuotas de marzo subirán entre 11% y 23% y los aumentos superan el 100% en un trimestre

Las cuotas de la medicina prepaga tendrán en marzo incrementos que, dependiendo del plan. se moverán entre el 11% y el 23%, según se desprende de las comunicaciones que reciben en estos días los afiliados y según confirmaron fuentes del sector a LA NACION. Considerando las subas que hubo en enero y febrero –y que fueron menos dispersas que las previstas para el mes próximo-, en el primer trimestre de 2024 los precios acumularán alzas de entre casi 100% y más de 120%.

Luego de las subas de alrededor de 40% y de entre 25% y 30% en el primer y en el segundo mes del año, prepagas como Galeno, Swiss Medical, Medifé y Omint informaron para marzo subas de entre 21 y 23%, en tanto que entidades como los hospitales de colectividad (Alemán, Italiano, Británico) y otras comunicaron incrementos de sus planes del 15% al 21%.

Esta vez, algunas entidades diferencian los porcentajes de subas según el plan. Y aplican, por ejemplo, porcentajes más bajos para los que lanzaron recientemente. En el caso de Swiss Medical se informó una diferenciación significativamente entre los aumentos de planes sin copagos (21,3%) y los correspondientes a planes con copagos (11%). La conveniencia o no de este último tipo de contratos, que prevé el pago de sumas adicionales en el momento de la atención, depende del uso que las personas o las familias le den a los servicios.

Los reajustes del trimestre fueron mayores a los porcentajes indicados en el primer párrafo en algunos casos en particular. Un caso es el de quienes tuvieron las cuotas congeladas entre octubre y diciembre de 2023, si las prepagas a las que están afiliados incorporaron a los precios de este año las alzas autorizadas en aquel período (y que sí se aplicaron en su momento en las facturas de quienes no cumplían los requisitos para el congelamiento o no hicieron la declaración jurada requerida).

Otro caso es el de quienes derivan al pago de parte de la cuota un aporte obligatorio que se mantuvo sin cambios; por ejemplo, los jubilados que, a través una obra social, derivan el aporte previsto para el PAMI -en rigor, un monto fijo, no igual a lo que se descuenta del haber- a cubrir algo del costo de su prepaga. Si esos montos no se movieron, entonces impactan en un porcentaje más bajo del valor total de la cuota.

Los aumentos de este año se vienen definiendo sin regulación por parte del Estado. El decreto de necesidad y urgencia 70, anunciado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial al día siguiente, derogó los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud facultades para fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”.

Es decir, el Poder Ejecutivo liberó los precios y, en consecuencia, las empresas dispusieron aumentos mucho más elevados que los aplicados mensualmente el año pasado. El argumento es que, con las regulaciones antes vigentes, los reajustes no lograban cubrir el alza de los costos. El año pasado las subas de las cuotas acumularon un 137% (para quienes no tuvieron el congelamiento dispuesto en campaña electoral por el exministro de Economía, Sergio Massa), mientras que la inflación fue, según el Indec, de 211,4%.

Los directivos del sector apuntan que ese desfase y la liberación de precios llevaron al incremento de los valores en la magnitud establecida. E insisten en que falta recuperar terreno perdido. Del otro lado, los afiliados sufren un fuerte efecto negativo en sus bolsillos, que se suma al impacto que se venía dando ya en los últimos tiempos en la calidad de las prestaciones, con la salida de médicos de las cartillas, el cobro de copagos o bonos contribución no previstos en los contratos, las demoras en los turnos, o el congelamiento de los montos de reintegros.

Los ingresos de las personas afiliadas, además, tuvieron en muchos casos, recomposiciones muy por debajo incluso de las subas que las prepagas aplicaron el año pasado. Muchos jubilados y pensionados tuvieron en todo 2023 una recomposición de solo 110,9% -por la aplicación de la fórmula de movilidad previsional- y perciben este mes aún el mismo monto que en diciembre pasado. Es uno de los puntos evaluados en las medidas cautelares que se dictaron, con efectos individuales, a favor de quienes hicieron reclamos en la Justicia contra el DNU (concretamente, contra lo referido a los precios de las prepagas).

La primera medida que se conoció en ese sentido fue la firmada a mediados de enero por la jueza Martina Forns, de la Justicia Federal de San Martín, a favor de una jubilada de 78 años. Como en otras causas que se resolvieron luego, el fallo ordenó no aplicar los aumentos anunciados y, en cambio, facturar con las subas autorizadas en función del mecanismo que rigió en 2023. El porcentaje autorizado según esa modalidad fue de 6,76% en enero (en lugar del 40%), pero para febrero y marzo ya no hay valores de referencia, porque luego de emitido el DNU la publicación fue discontinuada.

La cuestión judicial comienza a preocupar en el sector, más allá de que los aumentos siguen siendo elevados, como también preocupa el efecto de una salida de afiliados, que se concentraría en la población sana y de menor edad; es decir, se irían, en mayor medida, quienes menos servicios demandan.

Según números elaborados por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entre 2020 y 2023 las cuotas de las prepagas subieron un 667%, mientras que el índice de precios al consumidor del Indec avanzó un 1140%, y los valores de los medicamentos aumentaron un 1750%. Solo en enero de este año, ejemplificó el directivo, el medicamento oncológico más utilizado se encareció un 39% mensual y un 514% interanual, en tanto que el precio de la gammaglobulina, que se indica para diferentes afecciones, se incrementó un 65% mensual y un 572% con respecto al primer mes de 2023.

El desfase entre el aumento de costos que se dio en los últimos años, por motivos que la incluyen pero que van más allá de la inflación, y los reajustes habilitados para las cuotas fue un tema muy conflictivo en la relación del sector y los gobiernos, como lo fue y lo es también el vínculo entre el sector financiador (las prepagas) y el de los prestadores independientes.

Los aranceles percibidos por los profesionales y los centros de prácticas de diagnóstico y tratamiento tienen un retraso en cuanto a sus montos, que, según advierten en entidades como la asociación de clínicas Adecra, se agrava por el tiempo que pasa entre la realización de las prestaciones y su cobro. Jorge Cherro, presidente de la entidad, especifica que, dependiendo del caso, se cobra en plazos de 30, 60, 90 y hasta 120 días, algo que, en un contexto inflacionario, lleva a una pérdida del valor muy significativa.

Tras aplicar subas de alrededor de 40% en enero a sus afiliados, las prepagas decidieron trasladar, en general, un incremento equivalente al 90% de ese porcentaje (es decir, un 36%) a los prestadores, siguiendo la regla que regía con los precios regulados. Pero ahora, eso depende de las negociaciones encaradas entre las partes en cada relación en particular, según dijeron a LA NACION varias fuentes de la actividad.

Por Silvia Stang

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