Prepagas: una medida parche, en un sistema con viejos y nuevos problemas que ajusta por prestaciones
La suspensión de las subas, que no será para todos, fue anunciada al tiempo que en el sector se advertía sobre el agravamiento de las dificultades para funcionar por la devaluación oficial; los debates de fondo que no llegan
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LA NACIONSilvia Stang
Los afiliados a la medicina prepaga que cumplan con una serie de requisitos referidos a los ingresos y al patrimonio tendrán congeladas las cuotas que vencerán en octubre, noviembre y diciembre, siempre que hagan previamente una declaración jurada. Una vez que se saquen los precios del freezer, esas personas recibirán sus facturas con un aumento muy significativo, porque (si bien no se cobrarán aumentos de manera retroactiva) a los precios se incorporarán las subas de costos que hayan tenido las prestaciones en el período en cuestión. De alguna manera –tal como lo explican en el sector–, el mecanismo de reajuste mensual de los valores creado por el Gobierno seguirá funcionando, pero para algunos habrá una bonificación especial, que ya no estará en 2024.
La medida sintetizada en el párrafo anterior quedó definida varios días después del anuncio hecho a través de un video de Instagram por el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la suspensión por 90 días de la suba de cuotas. El congelamiento fue una decisión inconsulta tomada por el candidato a presidente por el oficialismo, y anunciada en el marco del llamado “plan platita”, con el que se buscó, en tono de campaña electoral, aliviar los efectos de la aceleración inflacionaria derivada de la devaluación del peso decidida por el propio ministro.
No es que en otro momento una medida así hubiera caído bien entre los directivos del sector privado de la salud. Pero, apenas conocido el anuncio, referentes de la actividad enumeraban los motivos por los que consideraban que el momento no podría ser peor. A la alta inflación de este año y a cuestiones estructurales del propio sistema, que incluyen conflictos entre actores del sector prestador (clínicas y centros de diagnóstico) y del sector financiador (prepagas, obras sociales y PAMI), se habían agregado los efectos de la devaluación posPASO, junto con las dificultades para importar insumos o repuestos de equipos médicos.
Varias asociaciones de entidades prestadoras venían manifestando en los días previos su preocupación y sus advertencias sobre reprogramaciones y demoras en la asignación de turnos, como consecuencia de las derivaciones de políticas asociadas a la falta de divisas.
“Por falta de una pieza [que no se puede importar en un determinado plazo], un equipo puede estar parado un montón de tiempo; tenemos patrimonio que no puede producir y los afiliados sufren la demora”, describe Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra).
Esos efectos les llegan a quienes desde este año ven subir cada mes los precios de los planes. ¿No hay alternativa a pagar cuotas con alzas constantes y, aun así, sufrir los ajustes en los servicios? Ajustes que se exteriorizan en esperas más largas por turnos, o en un mayor gasto de bolsillo, causado, por ejemplo, porque el médico de confianza salió de cartilla y, en caso de seguir con él, habrá que pagar la consulta.
La pregunta del párrafo anterior es una cuestión candente desde hace décadas. Pero el debate de fondo por una revisión integral de las regulaciones que, por ejemplo, son muy restrictivas en cuanto al tipo de contratos que pueden comercializar las empresas, nunca llega. De la mano de nuevas tecnologías y medicamentos, las demandas al sistema lógicamente crecen, sin que eso esté acompañado de discusiones o de un rediseño del financiamiento de un modelo que, desde hace años, hay quienes califican como “inviable”. Cuestiones como el envejecimiento poblacional por la dinámica demográfica, o la mejora de la expectativa de vida dan más argumentos para esa apreciación.
El mecanismo actual de subas de las cuotas fue puesto en marcha en 2022 y modificado este año. Según se recuerda en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud, la ley 26.682, de 2011, prevé que la autoridad del área “garantizará la razonabilidad de las cuotas” y “autorizará su aumento, cuando esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgo”. Es decir, la regulación que rige para las subas de los precios deriva de una ley.
El Índice de Costos de Salud por el que se rigen los incrementos (el Gobierno publica su valor cada mes y eso habilita las subas) fue diseñado por la actual administración. Es un indicador con cuatro componentes: costo laboral, medicamentos, insumos médicos y costos en general. En el primer ítem, se tienen en cuenta las recomposiciones salariales surgidas del convenio de la sanidad, por estos días en renegociación (concretamente, y a tono con la alta inflación, se está en diálogo por la cláusula de revisión de los incrementos dados en los últimos meses, paso previo a las conversaciones por los ingresos de los meses por venir).
Los directivos del sector no están en general conformes con el diseño del índice, pero sí valoran que otorgue previsibilidad, un rasgo que vieron perdido con en el anuncio de Massa del 27 de agosto.
Para las cuotas que se pagan este mes, el índice había determinado una suba de 7,18%, que se aplicó. El esquema incluye un tope para la suba de las cuotas de los afiliados con ingresos equivalentes a un monto no mayor al salario mínimo multiplicado por seis. Ese techo, al que se accede haciendo una declaración jurada, equivale al 90% de la variación mensual del índice salarial Ripte y, para los precios de septiembre fue de 5,58% (en varios meses, el tope no tuvo efectos prácticos, porque el 90% del Ripte resultó superior al índice de costos de salud).
En los primeros nueve meses de 2023 el índice determinó una suba acumulada de la cuota de 78,1% para quienes no tuvieron el tope, y de 63,9% para quienes lo tuvieron en los cuatro meses en que existió. Más allá de la dinámica de este año, en el sector afirman que hay retrasos de arrastre, que se ampliaron en períodos como 2020 y que afectan sobre todo a los prestadores. Según datos aportados por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), desde el primer año completo en que rigió la ley de prepagas (2012) y hasta julio último, las cuotas subieron 51 veces y los aranceles a prestadores, 39 veces, mientras que el costo del Plan Médico Obligatorio avanzó 79 veces y el Índice de Precios al Consumidor del Indec, 73 veces.
Una medida condicionada
Para las facturas que llegarán en octubre el índice definió un reajuste de 6,97%. Declaración jurada mediante, las condiciones para que ni ese aumento ni los de noviembre y diciembre, sean aplicados, son: tener un ingreso bruto no mayor a $2 millones; no tener dos o más inmuebles; no tener tres o más vehículos, ni aeronaves, ni “embarcaciones de lujo”, y no ser propietario de activos societarios “que exterioricen capacidad económica”. Son requisitos en los que se considera al grupo familiar incluido en la cobertura.
Entre los prestadores hay preocupación por lo que ocurrirá con los aranceles de los servicios que se presten en los próximos meses. El esquema actual implica que las prepagas deben aumentar los valores en un porcentaje equivalente al 92% del autorizado para las cuotas. Por la dinámica del mecanismo, lamenta Cherro, es un reajuste que siempre llega con varios meses de demora.
Según Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical, habrá aumentos, pero no del nivel que hubieran sido sin congelamiento. En unas semanas se evaluará el impacto de la suspensión de las subas y de las medidas de alivio impositivo por las que el sector aceptó acordar con el Gobierno (es decir, habrá un costo fiscal derivado del congelamiento), y de allí surgirán los pasos a seguir.
Si bien los aranceles son un tema referido a una relación entre privados, los efectos de lo que pasa en ese aspecto suelen recaer en lo que reciben los pacientes. ¿Algunas muestras de ello? Prestadores que se van de las cartillas por disconformidad con los pagos, cobros o intentos de cobros de copagos o “bonos contribución”, y problemas para conseguir turnos para la atención.
“Hay una insatisfacción generalizada” como telón de fondo del anuncio del congelamiento, dice el economista Jorge Colina, de la consultora Idesa, quien considera que la medida lleva a ampliar la tendencia al crecimiento del gasto directo de bolsillo (en el caso de quienes pueden afrontarlo, claro). Y un mayor gasto de bolsillo está, en general, asociado con más regresividad e ineficiencia en el uso de recursos, en un sistema que debería funcionar con una lógica de solidaridad colectiva.
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