Presentan el primer reclamo en el Ciadi durante el gobierno de Macri

Diego Cabot
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16 de septiembre de 2019  • 19:20

Se terminó el invicto. El gobierno del presidente Mauricio Macri había centrado su trabajo en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Cadi, según las siglas en inglés) en defender a la Argentina de viejas causas que se iniciaron cuando estalló la convertibilidad y los contratos. Pero a punto de que termine el primer mandato, estrenó el lugar de demandado.

El 11 de septiembre pasado, la empresa española Orazul International España Holdings demandó a la Argentina y presentó una causa formal en el Ciadi. Se trata, entonces, del primer laudo que generó la regulación y los cambios en las reglas de juego de su gobierno de Cambiemos.

La energética española tiene en la Argentina dos generadoras. La más importante es la Central Hidroeléctrica Planicie Banderita. Tiene dos unidades generadoras que alcanzan los 479 MW de capacidad instalada y está ubicada en el Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados, un aprovechamiento hidroeléctrico de Argentina en el curso inferior del río Neuquén.

La otra, la Central Térmica Alto Valle que posee una capacidad de generación de 97 MW y está conformada por dos ciclos combinados y una turbina de gas a ciclo abierto.

Por ahora, no se conocen los argumentos de la presentación, pero según trascendió, el reclamo estaría basado en la protección que entrega el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Argentina-España a las empresas de ambos países respecto de las conductas de alguno de los países.

En enero, el Gobierno tomó una medida regulatoria para bajar el impacto de los subsidios en la energía. Entonces, redujo a las generadoras de electricidad un pago que realizaba y que tenía como objetivo garantizar una potencia determinada para el caso de que sea necesaria la energía. Es decir, un pago para mantener las máquinas en condiciones de operar por si algún pico de demanda las requiera. Aquel ajuste, según trascendió, tenía un costo para el sistema de entre 40 y 50 millones de dólares por año. El objetivo, claro está, era mantener a raya las cuentas nacionales.

El último movimiento importante que hubo en el Ciadi fue en mayo pasado, cuando un laudo cerró la posibilidad de una nulidad en la decisión y quedó firme una condena al Estado en el caso de la estatización de Aerolíneas Argentinas. El tribunal decidió que se debe indemnizar al grupo Marsans, anterior dueño de la línea aérea, en 320 millones de dólares.

Pasada la crisis de 2002, la Argentina se convirtió en el país más demandado en el Ciadi. Los laudos condenatorios se sucedieron y los reclamos nuevos fueron siendo cada vez menos. Pero los movimientos regulatorios como consecuencia de la necesidad de ahorrar fondos presupuestarios, volvieron a poner al país en el lugar de los demandados.

Para las generadoras implica pérdidas de entre US$40 y US$50 millones en el año, indicó una de las empresas más grandes del país. "Es un cambio en las reglas de juego a través de una resolución que este mismo gobierno emitió. Es una mala señal para los inversores, ya que genera una incertidumbre fenomenal en todo el sector de la energía eléctrica, porque deja establecido que el político de turno puede modificar de manera muy relevante la remuneración", se quejó el ejecutivo.

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