
Privatizan el puerto de Montevideo
Adjudicaron la playa de contenedores a un grupo belga
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MONTEVIDEO.- Tras siete años de intentos frustrados, el gobierno uruguayo logró ayer encaminar la privatización de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Resistida por los partidos de izquierda, que tienen el 40% del electorado, y por el sindicato de portuarios, el presidente Jorge Batlle encontró una fórmula que había plasmado en su primera ley de este período y que logró éxito ayer en la Bolsa de Valores de Montevideo, donde se realizó el remate correspondiente.
Entre tres consorcios interesados, la empresa belga Seaport Terminal, con socios uruguayos, ganó la subasta tras 128 ofertas, compró el 80 por ciento de la nueva sociedad mixta constituida y operará la terminal durante 30 años. Los US$ 17,1 millones que paga este consorcio se destinarán a la enseñanza estatal (primaria y secundaria).
Cuando el rematador Oscar Castro golpeó su martillo por tercera vez, la Bolsa -que como en pocas veces estaba llena de público- estalló en un inusual aplauso y el ministro de Transporte, Lucio Cáceres, que ejecutó el plan privatizador, soltó las lágrimas ante las cámaras de TV.
Según las autoridades uruguayas, el escenario más negativo era una oferta de 5 millones de dólares y el más optimista, de 18 millones.
La subasta puso fin a siete años de marchas y contramarchas en los que dos presidentes (Luis Lacalle y Julio Sanguinetti) vieron frustrados sus planes de dar en concesión a operadores privados la explotación de la terminal con la esperanza de convertir al puerto de Montevideo en un concentrador de cargas para la región.
La primera licitación había sido declarada desierta en 1994, cuando los dos grupos interesados en competir se asociaron y presentaron una oferta que se consideró inconveniente. La segunda licitación arrojó como ganadora, en 1998, a la firma Christophersen, pero un año después se anuló el fallo en medio de un escándalo de corrupción. El tercer llamado fue dejado sin efecto en 1999 porque un tribunal objetó el mecanismo legal utilizado.
Oposición
En Uruguay, las privatizaciones o concesiones a privados han sido resistidas por la izquierda, que mediante consultas populares ha logrado frenar este tipo de medidas. Actualmente, la coalición Frente Amplio junta firmas para derogar la desmonopolización de telecomunicaciones.
El mecanismo impulsado por Batlle consistió en la constitución de una sociedad mixta para hacerse cargo de la terminal. Los sindicatos y la coalición de izquierda Frente Amplio habían convocado en febrero pasado a votar en una consulta popular contra la ley que estableció este mecanismo. En aquella ocasión, los que adhirieron al recurso fueron sólo el 21% del electorado, mientras que el requisito para forzar un referéndum con voto obligatorio es el 25 por ciento.





