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Procesan a Antelo por presunto contrabando
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del titular de Renault en la causa que investiga operaciones de importación
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CORDOBA.- Manuel Antelo, presidente de Renault Argentina, quedó en los umbrales de un juicio por presunto contrabando y defraudación a la administración pública, al conocerse una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que revocó un fallo de primera instancia que, con criterio distinto, disponía su sobreseimiento y el de otros directivos de la empresa automotriz.
La gravedad de la decisión de dos de los tres magistrados que integran la Sala B de la Cámara quedó reflejada en un comunicado que emitió la casa central de la marca francesa, firmado en París, en el cual se dejó asentada "una profunda preocupación en Renault Francia sobre la necesaria seguridad jurídica para la protección de las inversiones realizadas y futuras por la marca en la Argentina".
La inminencia de la determinación que estaba por adoptar el tribunal había originado inquietud en el Ejecutivo nacional. También trascendió que el propio gobierno francés estaba expectante y, naturalmente, dentro de Renault había un estado de ansiedad por las consecuencias que podría acarrear un fallo adverso en una causa en la que la automotriz ya había tenido que soportar sinsabores.
Se trata de un expediente originado en exportaciones e importaciones realizadas por la empresa entre 1992 y 1994, principalmente con Uruguay. Igualmente estaban englobadas operaciones similares a Chile y Perú. Antelo y otros directivos de la entonces Ciadea fueron sobreseídos en primera instancia por el juez federal Ricardo Bustos Fierro.
Pero ese dictámen fue apelado y la Cámara, en julio de 1997, revocó la decisión de Bustos Fierro, dispuso el procesamiento de los empresarios y ordenó diversas medidas de instrucción. En agosto de 1998, el juez volvió a expedirse por el sobreseimiento y nuevamente hubo apelación de parte del fiscal Carlos Torres y de la Aduana, querellante en el caso.
La resolución de ayer está fundada en el voto de Raúl Amílcar Sánchez Freytes, que fue apoyado por el de Luis Roberto Rueda, revocándose por segunda vez el sobreseimiento que favorecía a Antelo y a Osvaldo Orechini. Simultáneamente, ordenó su procesamiento, imponiéndoles embargos sobre sus bienes de 1,5 y un millón de pesos, respectivamente.
La causa se centró en una exportación de 2664 conjuntos de piezas y partes de vehículos Traffic a Uruguay, por la cual Ciadea -antecesora de la actual Renault Argentina- requirió el pago de reintegros previstos en la legislación vigente. Posteriormente, los utilitarios habrían reingresado a la Argentina importados como unidades completas sin pago de arancel o gravámenes. Operaciones similares se habían registrado más tarde con autos Renault 9 a Chile y Perú.
Sánchez Freytes, en la fundamentación de su voto, sostuvo que por la modalidad de la actividad de Ciadea el Estado tuvo que soportar "un doble sacrificio fiscal con relación a una única operación: así por un lado devolvió impuestos a través de los reintegros y por el otro lado, dejó de percibir tributos de importación" .
Encontró acreditados los delitos de contrabando calificado y defraudación a la administración pública y por tanto, entendió que corresponde el procesamiento de Antelo y Orechini y declarar la falta de mérito para varios directivos de Renault.
En discrepancia con sus dos colegas, el juez José Alejandro Mosquera consideró que no se pudo probar "la existencia de conductas engañosas o la utilización de medios provocadores del error", ni "ocultamiento de parte de los representantes de la firma automotriz". Interpretó que cabía el sobreseimiento total de todos los ejecutivos. En fuentes tribunalicias se señaló que la resolución de la Cámara tendrá como efecto que la causa deberá remitirse ahora a juicio oral y público. En cambio, en medios del foro local, se opinó que tal como estaba concebido el dictámen quedaba alguna duda acerca del procedimiento.
Tampoco hubo coincidencia respecto de los montos que eventualmente están en juego. Mientras en los tribunales se comentó que de confirmarse los delitos las sanciones ascenderían a cifras multimillonarias -se habló de montos de nueve dígitos- otra fuente relativizó ese cálculo, deprimiéndolo a unos pocos millones de dólares.
