Prorrogan por dos años el uso de tickets canasta libres de tributos
Los cobran un millón de empleados por montos de 70 a $ 90
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LA NACIONSilvia Stang
El Gobierno prorrogó por dos años la vigencia del decreto 815, que permite a las empresas pagar en tickets libres de toda tributación un monto de hasta $ 150 a los trabajadores con salarios iguales o inferiores a $ 1500. Se trata de una categoría especial de vales para compra de alimentos y otros bienes que fue creada en 2001, para intentar promover una suba de salarios y una reactivación en el consumo.
Según datos de la cartera laboral, que en realidad provienen de las empresas emisoras, hay casi un millón de empleados que perciben este beneficio, por montos que en promedio son de entre 70 y $ 90. La secretaria de Trabajo, Noemí Rial, justificó la decisión de prorrogar su uso hasta el 31 de marzo de 2005, al explicar que se entendió que esas cifras no iban a ser mantenidas en los ingresos de los trabajadores en el caso de que se aboliera el régimen específico.
Estos vales -que podrán seguir usándose en virtud del decreto 510, publicado ayer en el Boletín Oficial- están exentos de la contribución del 14% con destino al régimen de asignaciones familiares, que pesa sobre los tickets convencionales. Además, su pago queda al margen del tope fijado para estos últimos, que establece que en ningún caso su cuantía puede superar el 20% del salario bruto de un trabajador bajo convenio.
Los tickets pueden ser utilizados para comprar alimentos, pero también medicamentos, útiles escolares, electrodomésticos de cocina y para gastos médicos y de turismo. La prórroga del régimen era un reclamo que venían realizando principalmente las empresas emisoras de tickets y algunos sectores de empleadores.
Controversia por los despidos
En cambio, las entidades empresariales siguen en pie de guerra por las intenciones de la cartera laboral de prorrogar la doble indemnización por despido laboral sin causa. Rial aclaró que ese tema no será finalmente objeto de negociaciones en el contexto formal de diálogo tripartito que comenzará el miércoles próximo, sino que la decisión será tomada directamente por el Gobierno, por lo cual, lo más probable es que finalmente haya una prolongación en el tiempo de la medida.
La posición de la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, y su equipo es que la recuperación que está experimentando el nivel de empleo es aún demasiado débil como para animarse a dejar sin efecto una medida que tiende a frenar cesantías en las empresas. Se sostiene incluso que lo ideal sería prorrogarla por un año, aunque también se evalúa la posibilidad de dejar al próximo gobierno la decisión, dejando que rija sólo por tres meses más.
El castigo a las empresas por despedir rige hasta el 26 de este mes. En Trabajo explican que se decidió dejar el tema al margen de la discusión con sindicalistas y empresarios, "porque hay que tomar una decisión antes de que pasen dos reuniones del diálogo".
La política salarial sí será, en cambio, un tema conflictivo que se pondrá sobre la mesa de discusión. "Se va a analizar de qué manera lograr una recuperación del poder adquisitivo que los salarios perdieron por la inflación", explicó Rial a LA NACION.
Una de las alternativas bajo análisis es promover un decreto que fije una base para una nueva alza temporal de los ingresos, e incentivar a la negociación entre las partes para incorporar subas en los convenios colectivos. Por otra parte, se propondría una vía más directa para la incorporación definitiva de los $ 150 que ya se están pagando como asignación no remunerativa. El proceso podría ser progresivo, según el plan que aceptarían discutir los dirigentes de la Unión Industrial Argentina. Sin embargo, los empresarios se muestran cerrados a aceptar una discusión por una nueva mejora generalizada de ingresos.
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