Qué hacer para mejorar la relación entre los salarios activos y las jubilaciones
El sistema previsional en la Argentina enfrenta desafíos críticos y la necesidad de una reforma nunca fue más necesaria; qué se puede aprender de la experiencia de otros países de la región
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El sistema previsional en la Argentina enfrenta desafíos críticos. Hoy ocupa el puesto 47 de 48 países en el Global Pension Index, el índice mundial que mide la sostenibilidad y la solvencia de los regímenes jubilatorios a nivel mundial. Y esto tiene un efecto práctico y concreto en la vida cotidiana de las personas retiradas y en actividad: ingresos bajos e imprevisión de cara al futuro. La traducción técnica es una brecha cada vez más amplia entre los salarios que perciben los trabajadores en actividad y los haberes jubilatorios que recibirán al momento del retiro. La necesidad de una reforma previsional nunca ha sido más necesaria. Contamos con un sólido respaldo de experiencias exitosas en Latinoamérica, destacando las reformas de Uruguay y Chile, así como nuestra propia experiencia con el sistema de AFJP en Argentina. Estas referencias proporcionan un marco que puede guiar de manera efectiva la propuesta de reforma previsional, permitiendo identificar prácticas exitosas y áreas de mejora que orientarán nuestros esfuerzos en este ámbito. A continuación, se presentan tres enfoques clave:
En primer lugar, debemos avanzar hacia una reforma integral del sistema previsional: es esencial implementar un cambio estructural que garantice la sostenibilidad a largo plazo del sistema. Esto incluye revisar las moratorias y establecer un sistema de aportes más equitativo que incentive a los trabajadores a contribuir de manera constante. La experiencia de Chile, que desde 1981 ha utilizado un sistema de pensiones basado en cuentas de capitalización individual, demuestra que este modelo puede mejorar la adecuación de los beneficios y aumentar la tasa de reemplazo de ingresos. Además, es fundamental incorporar prácticas de wealth management en la gestión de estos fondos, asegurando que se inviertan de manera eficiente y diversificada, lo que no solo maximiza los rendimientos a largo plazo, sino que también protege el capital de los afiliados frente a la volatilidad del mercado.
Por otro lado, es necesario fortalecer la educación financiera y la concientización de los trabajadores en actividad: implementar programas de educación financiera desde etapas tempranas en el ámbito laboral empoderará a los trabajadores para tomar decisiones informadas sobre sus ahorros y aportes. Uruguay ha mostrado resultados positivos con iniciativas similares y Argentina podría beneficiarse de integrar la educación financiera en el ámbito laboral y escolar, como lo demuestra la reciente propuesta del Gobierno porteño para un nuevo diseño curricular.
Y por supuesto, es central estimular la formalización laboral: la informalidad agrava la crisis del sistema previsional. Es crucial entonces implementar políticas que incentiven la formalización de los trabajadores, como beneficios fiscales para empresas que regularicen a sus empleados. La creación de empleo formal no solo amplía la base de contribuyentes, sino que también fortalece la economía al generar estabilidad y seguridad social para los trabajadores. La experiencia del sistema de AFJP en Argentina y las reformas laborales en Brasil ofrecen lecciones valiosas sobre cómo aumentar la base de contribuyentes. El reciente Decreto 847/2024, que regula la reforma laboral, es un paso positivo en esta dirección, promoviendo la regularización del empleo no registrado y simplificando el registro laboral, lo que contribuirá a un entorno laboral más justo y sostenible.
Estos elementos son fundamentales para asegurar un sistema sostenible y robusto que garantice un retiro digno para los argentinos. Para que estas propuestas den los resultados esperados y podamos asegurar un retiro digno para los argentinos, es fundamental que todos los actores involucrados—gobierno, empresas y ciudadanos— colaboren con la mira puesta en asegurar los consensos que den la sostenibilidad y robustez que necesita nuestro sistema provisional y nuestros ciudadanos merecen.
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