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Qué hacer si un funcionario público pide un soborno
Hay mecanismos para denunciar, pero impera el anonimato por miedo a las represalias; no existe una ley que proteja a los denunciantes en caso de que se les solicite un soborno; la Argentina pierde US$30.000 millones por año por las malas prácticas
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LA NACIONPaula Urien
Abundan los testimonios de pedidos de coimas por parte de funcionarios públicos. Uno de ellos consigna que “los muchachos te pedían una colaboración informal del 25% del FOB en dólar billete para que el despacho prospere...”. Esta frase proviene de un empresario y fue difundida por Federico Sturzenegger en la red social X. El mensaje le llegó al Ministro de Desregulación y Transformación a través de la plataforma Reportá tu burocracia, una de varias herramientas para hacer una denuncia.
La corrupción representa un costo significativo tanto en términos económicos como sociales. Según Marcelo Scaglione, quien estuvo a cargo del acceso de la Argentina a la OCDE durante el gobierno de Mauricio Macri, “la corrupción en los países emergentes puede alcanzar el 5% del PBI, según los estudios de la OCDE. Eso significa que en la Argentina, con un PBI promedio de US$600.000 millones, se pierden anualmente alrededor de US$30.000 millones debido a prácticas corruptas. Este fenómeno reduce la eficiencia del gasto público, fomenta la evasión fiscal, disminuye las inversiones y aumenta el costo de hacer negocios. Además, la corrupción tiene un efecto particularmente perjudicial a nivel social, ya que aumenta la desigualdad y la pobreza”, analiza.
“En épocas de la SIRA (las siglas del antiguo Sistema de Importaciones de la República Argentina), era vox populi que había que pagar algún tipo de peaje o coima para que se autorice la importación. Sin embargo, nadie hacía una denuncia concreta porque tenían que seguir adelante con sus empresas y su actividad. En realidad, lo ideal, y lo que aconsejo, es siempre hacer la denuncia”, dice Sergio Rodríguez, quien tiene a su cargo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
No tenemos una ley de protección a los denunciantes de hechos de corrupción, y esto es un problema grave.
Este organismo, en palabras de Rodríguez, es independiente. Su ámbito de investigación incluye a los funcionarios de la administración pública nacional, salvo los de los poderes legislativo y el judicial. Reciben denuncias con nombre y apellido, anónimas o con identidad reservada. Las modalidades pueden ser por mail, por teléfono, a través de la web o de manera presencial.
En 2023, solo a través del portal web, se recibieron 1872 denuncias. En 2024, se superaron las 3000 (en total, no solo en temas de sobornos). Rodríguez asegura que la cantidad de denuncias va creciendo. “La gente se anima más porque tenemos la facultad de hacer una investigación previa y luego trasladarla a los juzgados”, explica. Si hay denuncias que deberían ir a otros organismos, las derivan todas y notifican al denunciante.
Por su parte, la diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, dice que se puede acudir a los representantes en el Congreso. “Yo he recibido a mucha gente”, cuenta, pero advierte que “en distintos organismos, entre ellos la Aduana, la misma estructura del gobierno anterior continúa. Esta adeministración removió a los altos mandos, pero el resto sigue igual. Está la misma matriz. Creemos que hay que denunciar el procedimiento, pero sin mandar al frente al empresario”. En página web del Congreso está el contacto de cada uno de los legisladores.
La importancia de las pruebas
El líder de la PIA señala que es difícil reunir las pruebas de que un funcionario pidió un soborno, pero que es posible. “Con los celulares hay más posibilidades de registrar acciones”, comenta. ¿Un audio vale como prueba? “Todo vale como prueba. Hay pericias que hacen comparaciones de voz, por ejemplo. Y hay otros métodos también para corroborar la veracidad de los hechos”.
El abogado penalista Hernán Munilla Lacasa, profesor titular de derecho penal en la UCA, recomienda también que se intente “probar el hecho para evitar realizar una acusación que le cause al denunciante un fuerte dolor de cabeza. Difícilmente haya testigos, pero tal vez logre grabar al funcionario corrupto, a su testaferro o intermediario. Es clave, además, que recurra a su abogado de confianza”.
Advierte que “la Oficina Anticorrupción depende del Poder Ejecutivo Nacional” y esto tiene sus complejidades. Agrega que “evitaría recurrir a la policía u otra fuerza de seguridad, porque carece de la suficiente experiencia en estos delitos. Podría hacerse una denuncia anónima (no ya una querella, que exige darse a conocer), a través de un llamado telefónico a una fiscalía, o a través de un correo electrónico que garantice el anonimato. El interesado también podría presentarse en forma personal en la fiscalía”.
Manos sucias: pagar es un delito
Todavía queda en el recuerdo la encuesta en la que los empresarios cometieron un “sincericidio” en el Coloquio de Idea. Corría el año 2014 y, al responder a una encuesta, con respecto a los sobornos, el 53% afirmó que “siempre” era condenable esa práctica, pero un 47% se dividió entre “sólo en casos extremos” (28%) y “nunca” es condenable (19%).
Ya más cerca de la fecha actual, vale recordar que Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción 2024 a nivel global, ubicó a la Argentina en el puesto 99 entre 180 países, sin cambios con respecto a 2023. La Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100 (que son los países percibidos como menos corruptos).
Raul Saccani, profesor y director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School, sostiene que “cuando se va a un extremo, supongamos el quiebre de la empresa y familias que se quedan en la calle, se pone sobre el mostrador la paradoja de las manos sucias, donde se analiza si un líder puede ser justificado, o no, por cometer un acto impropio por un fin visto como superior. Independientemente de si esto es o no un delito penal, la solución no es enteramente sencilla. Los líderes de las organizaciones tienen que tener entrenado el carácter para poder y saber decir que no”, sostiene.
Carlos Rozen, socio de BDO y director de la Certificación en Ética y Compliance (AAEC-Ucema), advierte que la única opción tanto legal como ética es simple: no pagar la coima. “Acceder a este tipo de pedidos puede configurar un delito de cohecho, tanto por el Código Penal Argentino como por la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas por delitos de corrupción, y esto aplica tanto para quien lo solicita como para quien lo paga”, dice.
En la PÍA aclaran que, en caso de pagar un soborno, es muy difícil probar que hubo una extorsión.
Las herramientas para defenderse son muchas, entre ellas, Rozen recomienda, poniendo como ejemplo la retención de un contenedor:
- Solicitar por escrito las razones formales de la retención del contenedor.
- Exigir que cualquier requerimiento adicional sea documentado oficialmente.
- Una denuncia puede presentarse de varias maneras y en distintos lugares. Esto dependerá del nivel de confidencialidad (puede ser anónima) y del objetivo que se busca. Algunas alternativas serían (además de las ya mencionadas), la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Aduaneros y Fiscales (UFIA) aplicable al caso específico de delitos de corrupción en la Aduana: la Dirección General de Aduanas (DGA) y ARCA, además de la fiscalía correspondiente.
- Más recomendaciones son no ir al “choque de frente” con el funcionario y evitar las malas formas, ya que las represalias, sobre todo en negocios pequeños y medianos, pueden tener impactos importantes en la marcha de la empresa. También, tener un sólido programa de compliance en cumplimiento de la ley y buenas prácticas.
Represalias y desprotección
Las dificultades son evidentes y se necesita urgente una ley que proteja a los denunciantes de la corrupción (aquellos que reciben un pedido de soborno y no lo quieren pagar), y además una línea de denuncias que trabaje de manera segura e independiente, para ayudar y asesorar a quienes padecen este problema, sostienen los especialistas.
“No tenemos una ley de protección a los denunciantes de hechos de corrupción, y esto es un problema grave. Los ejemplos prácticos indican que las represalias existen”, asegura el líder de la PIA.
“Por ejemplo, cuando fue la intervención del Indec, hubo empleados muy valientes que se atrevieron a denunciar aquí, pero terminaron perseguidos y fuera de sus empleos. Carecemos de resortes legislativos para protegerlos. Es un compromiso que el gobierno argentino, sea cual fuere, debería cumplir, porque se firmaron las convenciones internacionales anticorrupción. Es un problema grave, y de una vez por todas el Poder Ejecutivo y legislativo deberían otorgarnos esta herramienta. Esta es la manera más viable de llegar a algo en la investigación de un hecho de corrupción. Son hechos de muy difícil prueba, donde todo está oculto. Hoy, si un funcionario ve algo que no está bien, un hecho de corrupción donde trabaja, no va a denunciarlo”, dice Rodríguez.
Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, critica que no existe siquiera una línea de comunicación anónima -y específica- que les permita a los denunciantes volcar “su experiencia y padecer con algún tipo de resguardo”.
“¿Quién se atrevería a denunciar a funcionarios del poder dentro de sus propias estructuras, en un país que carece de una política de lucha contra la corrupción, sistémica, eficaz y permanente en el tiempo?“, se pregunta. Basta con leer los puntajes obtenidos por la Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción y observar que no varía demasiado con el paso de los diferentes gobiernos”.
El especialista de la Universidad Austral agrega que “a nivel provincial existen subsistemas de protección, todos absolutamente descoordinados”, y que “las condiciones permanecen intactas para que la corrupción siga operando desde las sombras del poder”.
