Kicillof y otros gobernadores peronistas buscan que se le quiten a la Anses recursos claves para el pago de las jubilaciones y la AUH

El gravamen que pesa sobre los débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, es considerado altamente distorsivo para la actividad económica, y desde hace años economistas y tributaristas afirman que una modificación a fondo del esquema tributario debería incluir su eliminación. Se trata del impuesto que los gobernadores pusieron en la mira, en sus reclamos para que se les compense la pérdida de recursos provocada por los cambios hechos sobre el final del gobierno anterior en Ganancias, que es coparticipable (su recaudación se reparte entre las provincias y la Nación).

Más allá de ser una carga fiscal nada recomendable, sobre todo en un país con tan alta informalidad como la Argentina, lo cierto es que, según lo establecido por la ley 27.432, el impuesto al cheque tiene el 100% de su recaudación destinada a la Anses. Concretamente, este año le aporta al organismo de la seguridad social alrededor del 12% de los recursos para el pago de jubilaciones y otras prestaciones, como la AUH y las asignaciones por hijo para empleados formales y monotributistas.

Si se aprobara una iniciativa como la que circuló días atrás, tendiente a “desafectar” la mitad de la recaudación del tributo de su destino actual, la Anses, cuya cuenta a pagar equivale este año alrededor del 9% del PBI (incluyendo jubilaciones, otras prestaciones y gastos operativos) perdería ingresos por el 0,6% del producto, según un informe elaborado por Sergio Rottenschweiler y María Ignacia Costa, docentes en la Universidad de General Sarmiento especializados en temas de seguridad social. “El 50% del impuesto al cheque alcanza, por ejemplo, para pagar la asignación universal por hijo, y sobra dinero”, ejemplifica Rottenschweiler. En un contexto de déficit fiscal, con un gobierno que se propone llegar al equilibrio en un año, el economista afirma que “no hay margen” para la solución pretendida por los gobernadores tras recibir menos fondos.

La sábana es corta y, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo días atrás que no se coparticipará el impuesto al cheque, el tema de la reducción de los fondos que van a las jurisdicciones fue considerado en el encuentro que los 23 gobernadores y el jefe del gobierno porteño mantuvieron hoy con el presidente Javierl Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Luego de esa reunión, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, posteó en la red X un comunicado, con mención de las cuentas que tienen en la red social otros mandatarios del peronismo (a manera de firma), y que expresa, en uno de sus párrafos: “La reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado [para que las jurisdicciones reciban más recursos], ya que afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque”. A continuación, se consignan las cuentas de Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja). Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Entre enero y noviembre de este año, según datos de la AFIP, por el impuesto al cheque se recaudaron $2.718.896 millones, un 129,4% más que en igual período de 2022. Proyectado para todo el año, el 50% de la recaudación, que es lo pedido por los gobernadores –según un documento firmado en noviembre-, implicaría, a valores de este año, alrededor de $1.500.000 millones.

Algunas cifras para dimensionar: desde el inicio de 2023 y hasta noviembre, según el último informe de ejecución del gasto elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Estado nacional derivó $746.097 millones al pago de asignaciones familiares, es decir, a las prestaciones por hijos para asalariados formales y monotributistas. A esa cifra se sumó otra de $613.377 millones por la AUH; es decir, hubo un total de $1.359.474 millones para los pagos por hijo. Ese monto, según el informe de la OPC, es un 30,7% más bajo que el asignado a tal destino en los primeros once meses de 2022, medido en términos reales, es decir, corregido por inflación). En las asignaciones familiares del sistema laboral la disminución del gasto real llegó al 37,5% interanual, en tanto que en la AUH el ajuste fue de 20%.

El de asignaciones familiares es, de hecho, uno de los rubros del gasto que más ajuste sufrió en los últimos meses de la presidencia de Alberto Fernández. Entraron en juego varios factores, como el hecho de que la actualización se hace según la fórmula de movilidad previsional, que dio índices muy por debajo de la inflación, y como la quita de un adicional que se abonaba en 2022.

También las jubilaciones y pensiones sufren un fuerte ajuste este año, por la insuficiencia del índice de movilidad trimestral frente a la muy alta inflación. Mientras que los reajustes de haberes acumulan en todo el año un 110,9% por la fórmula de actualizaciones (sin contar los bonos, que no llegan a todos los jubilados), se estima que 2023 cerrará con una inflación de entre 200% y 220%. Aun con los refuerzos, los jubilados del haber mínimo también perderán poder de compra, porque la diferencia entre lo percibido al inicio y al final del año es de 167%. El gasto en este ítem totalizó $10.694.555 millones en once meses, cifra que, en términos reales, representa una caída de 4,4% en comparación con la asignada en igual período de 2022. Y esa caída ocurrió, incluso cuando en los últimos meses se aceleró el número de beneficios dados de alta, por la instrumentación de una nueva moratoria.

Los cambios en Ganancias

El impuesto a las ganancias, por su parte, tenía su esquema muy retrasado frente a la inflación, estaba altamente distorsionado y provocaba una creciente carga tributaria para salarios que, generalmente, iban perdiendo poder adquisitivo. Aun con todo ello, la reforma aprobada (en el caso de la que rige en los últimos meses de este año, por decreto, y en el caso de la prevista para 2024 y los años siguientes, por ley) no fue, por varios motivos, la más adecuada, según advirtieron en su momento varios expertos. Uno de puntos cuestionados es que se redujeron de un momento a otro los recursos para el Estado sin la contrapartida de una baja del gasto, y sin compensación alguna con alguna otra fuente de ingresos.

En noviembre, lo recibido por las provincias en concepto de coparticipación cayó, hecha la corrección por nflación, un 13,6% interanual, según consigna un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “La caída es explicada por un menor desempeño en la recaudación real del IVA, debido a cambios en relación con la administración tributaria sobre percepciones aduaneras, y al mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias, producto de la reciente reforma de la cuarta categoría” señalan los economistas de ese centro de estudios.

La puesta en marcha de la ley aprobada para 2024 implicaría que queden alcanzadas por Ganancias las remuneraciones mensuales mayores a $2.340.000. Si se hiciera una “reversión” de la reforma (esa es, al menos, la intención primera del Gobierno), se volvería al esquema previo de actualización del piso salarial para empezar a tributar, y esa cifra sería, aproximadamente, de $974.476. Pero también podría haber alguna alternativa intermedia entre ambas cifras, si se modifica en el Poder Legislativo la modalidad actual de reajustes del esquema.

“La pérdida de recursos en la coparticipación viene por dos vertientes: una es el plan platita de Massa, que por decreto estableció una baja de Ganancias para los asalariados para estos meses, que aumenta las distorsiones con los autónomos, y una devolución del IVA a los más necesitados –describe el contador César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados-. La otra es la reforma aprobada por el Congreso para Ganancias a partir de 2024, un verdadero disparate, por la pérdida de la recaudación [no compensada] y por el agravamiento de las distorsiones” que se deriva de su contenido.

En la opinión de Litvin, para compensar la caída de recursos para las jurisdicciones “no es el mejor camino” coparticipar un impuesto muy distorsivo, como el que pesa sobre las operaciones bancarias, un impuesto “que debería eliminarse inmediatamente de producirse el equilibrio fiscal”. Según considera, el Congreso deberá resolver el tema, pero, además, afirma que deberá tenerse en cuenta que la austeridad en el gasto planteada por el gobierno nacional deberá extenderse a provincias y municipios. “Las jurisdicciones que, en lugar de bajar el gasto intenten aumentar los impuestos, perderán inversiones, porque las empresas trasladarán actividades a los lugares más competitivos en términos tributarios”, analiza.

El economista Oscar Cetrángolo considera que “la mejor y la única salida razonable” a la situación es “cobrar un buen impuesto a las ganancias”. Y eso significaría, según especifica, “eliminar exenciones y tratamientos diferenciales, reconstruir los mínimos no imponibles y la escala de alícuotas progresiva, y hacer una adecuación según lo que están haciendo otros países de la región y del mundo desarrollado. No hay un diseño único, pero el nuestro estaba muy desactualizado”. Con respecto al impuesto al cheque, el investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, lo define como “el peor que existe”.

“En un escenario de fuerte reducción del déficit a nivel nacional, es difícil pensar en coparticipar impuestos que tienen asignación específica”, como es el caso de la carga sobre los débitos y créditos bancarios, afirma Andrés Edelstein, exsecretario de Ingresos Públicos y socio de Edelstein, Mariscal, Torassa & Asociados. “Se impone la necesidad de dialogar y establecer nuevas reglas a través de un acuerdo interjurisdiccional, apenas las circunstancias lo permitan”, evalúa el contador. En particular sobre el impuesto al cheque, considera que se debería ir a un esquema de eliminación progresiva, ampliando primero la posibilidad de tomarlo como pago a cuenta de Ganancias y, luego, derogándolo o sustituyéndolo “por un impuesto al uso de dinero en efectivo”, como una forma de incentivar la formalización de las operaciones de la economía.

Este año, y según las estimaciones de Rottenschweiler, la Anses recibe recursos por el equivalente al 10,6% del PBI. Los aportes y contribuciones del sistema laboral representan un 4,2% del producto; los ingresos tributarios, un 3% (en ese ítem, más de la mitad corresponde al impuesto al cheque); rentas de la propiedad, un 0,6%; y “otros ingresos corrientes y de capital”, un 2,9% del PBI (alrededor de un cuarto de los recursos totales). En este último concepto se incluyen fondos para pagar la prestación no contributiva PUAM y lo que haga falta para financiar el déficit del gasto asumido, entre otros conceptos.