Realizarán un estudio ambiental en el Aeroparque
Rodolfo Barra, titular del organismo que controla los aeropuertos, dijo que podría evitarse su cierre en el 2005.
1 minuto de lectura'
Luego de que se conozca el resultado de la audiencia pública, realizada durante el transcurso de la semana última, el ente de control de los aeropuertos pedirá al concesionario que costee un estudio de impacto ambiental que mida los efectos que provocaría el funcionamiento del aeropuerto metropolitano Jorge Newbery si es que permanece en actividad después del 2005.
Según los estudios ambientales realizados con anterioridad a su licitación, para esa fecha estaba previsto su cierre definitivo, lo cual ahora está en discusión.
"Estos nuevos controles completarían los anteriores -dijo a La Nación Rodolfo Barra, presidente del organismo de control-. No se realizarían únicamente para determinar el nivel de contaminación sonora que Aeroparque produce, sino también para ver de qué manera se puede reducir. La idea es saber hasta dónde es tolerable para que sea beneficioso mantenerlo en su lugar, tal como está, del mismo modo que se analiza una fábrica o una inversión."
Con posterioridad al estudio, éste sería elevado al Poder Ejecutivo, que modificaría la legislación actual, con un decreto de necesidad y urgencia, para dar marcha atrás con la orden de cerrar la aeroestación.
Después, siempre de acuerdo con las palabras de Barra, el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 -administrador de éste y otros 31 aeropuertos en todo el país- presentaría los proyectos para el aeródromo porteño.
Tan sólo entonces llegaría el análisis económico.
"El efecto sobre el plan de inversiones será neutro si sale de lo previsto para el aeropuertos de Ezeiza. Pero aunque no surja de lo pautado para Ezeiza, puede que se compense con la mayor afluencia de pasajeros y la mayor explotación comercial."
Ya en la audiencia pública el arquitecto de Aeropuertos 2000, Luigi Vandoni, exhibía un plano de Ezeiza diferente al que integraba las primeras presentaciones del nuevo aeropuerto.
En él, la instalaciones actuales son utilizadas para pasajeros en el diseño final, mientras que originalmente pasaban a integrar el sector de cargas.
Sin cambios
Sobre el próximo pago, que vence el 31 del mes próximo, Barra no admite razón alguna por la cual debiera modificarse el monto acordado por tal motivo, que es de 85 millones de pesos.
"Ya el concesionario ha depositado 14 millones. Por Aeroparque no pueden reclamar modificaciones al plan de inversiones porque podría salir del de Ezeiza. Por Salta, donde sí se admitieron adelantos al plan de inversiones, no está determinada la cifra", señaló el titular del organismo de control.
Meses atrás, sin embargo, había dicho que Salta -que por un litigio judicial fue entregado después de la fecha prevista, cuando AA2000 se comprometió a mejoras inmediatas- provocaría un descuento de dos millones en el canon.
Ese mismo día, Barra reconoció que Aeropuertos 2000 reclamaba 200 millones de dólares por la demora en el cronograma de entrega completa de los aeropuertos y el lucro cesante que esto le había ocasionado.
Protestas desde el Congreso
En tanto, el jueves último, el diputado Alberto Natale solicitó a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado que cite a Rodolfo Barra, a la Secretaría de Transporte y a la Jefatura del Gobierno de Buenos Aires.
El objetivo de esta convocatoria es consultarlos sobre la posible permanencia en actividad del Aeroparque.
Diez días atrás, esa comisión había pedido la suspensión de la audiencia pública, que sin mayores titubeos se desarrolló la semana última.
Barra ratificó, entonces, la validez de la audiencia y la capacidad del organismo que preside de convocarla.
En ella, tal como se anticipaba, hubo pocas oposiciones a que la estación mantenga las operaciones, a pesar de que los argumentos varían sustancialmente según los esgriman las compañías aéreas, los usuarios, los impulsores de la aeroísla o las autoridades de la ciudad.
El resultado de ese mosaico no se conocerá antes de pasen unos quince días, según estimaba el instructor de la audiencia, el académico especializado en derecho administrativo Agustín Gordillo.
Ardua tarea
En sus manos está la redacción del dictamen final, para lo cual deberá repasar casi 16 horas grabadas en video de la reunión, además de una nutrida correspondencia electrónica del centenar de participantes y varias presentaciones escritas entregadas personalmente.
Lo acompañan en la tarea María Isabel Azaretto, Raúl de Zuviría Savaleta, Mario Rejtman Farah, Diego Sarciat y Roberto Solá.




