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Reclaman medidas para racionalizar los juicios por mala praxis médica
Las aseguradoras sostienen que existe un abuso del beneficio de litigar sin gastos
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LA NACIONSilvia Stang
Los principales operadores del sector de seguros de mala praxis médica coinciden en reclamar reformas legislativas para corregir las distorsiones que, según denuncian, tiene el sistema. Pero, al mismo tiempo, hablan de la necesidad de aplicar políticas de prevención coordinadas con médicos e instituciones involucradas, para evitar los casos de litigiosidad que restan recursos al sistema sanitario, algo que muchas veces sería evitable.
Un estudio de la Fundación Isalud concluyó que, si no se limita, la judicialidad podría quitar unos $ 4400 millones al sistema de salud en esta década (2000-2010). Entre 1991 y 2000 la erogación sumó US$ 890 millones.
Según los aseguradores, en los últimos dos años comenzó a preocupar, además de la alta frecuencia, la evolución del monto sentenciado. "Hoy el promedio es de $ 400.000, y se fue incrementando tras la devaluación", sostuvo Fabián Vítolo, gerente de Servicios Médicos de SMG Seguros.
"Varió el criterio de los jueces; los montos empiezan a tener más relación con un tres a uno que con un uno a uno del peso con el dólar", comentó Gustavo Alvarez, presidente de la aseguradora Noble.
En muchos casos, las demandas son millonarias y, por lo general, las de mayores montos se dan en la obstetricia. En un caso del año pasado, el condenado debió desembolsar $ 6 millones en un juicio por daños neurológicos: $ 2,5 millones por la condena y el resto por los costos del litigio.
Los aseguradores dicen que no se trata de ser insensibles y dejar de indemnizar, pero a la vez denuncian la existencia de una judicialidad "industrializada", y se quejan de un sistema que hace que los prestadores a veces pierdan dinero aunque hayan ganado la causa. "Como en casi todos los casos se usa el beneficio de litigar sin gastos, a veces sin probar que no existen recursos, los costos del juicio los termina pagando el demandado y, si no hay condena, el monto sobre el que se calculan es el de la demanda original", explicó Aldo Alvarez, también de Noble. "Es ridículo -agrega-, pero a veces conviene perder el juicio." Ocurre que, si la condena es por una porción del reclamo, los gastos se calculan sobre esa suma menor. En promedio, según Vítolo, las condenas son por el 20% del reclamo inicial.
Para Alvarez, el beneficio de litigar sin gastos y las demandas millonarias son un contrasentido. "Indemnizar significa dejar sin daño a la persona", definió. La reparación, agregó, debería calcularse en función de cuánto dejará de percibir la persona por lo que le pasó y, a eso agregarle el daño moral, pero en un monto "que tenga conexión con el daño material".
¿Cómo racionalizar los montos sin dejar de proteger el derecho de quienes demandan? Para Fernando Mariona, director de la consultora Saint Pacific, las reformas legislativas "no incluyen esfuerzos para que el sistema sea más eficiente y efectivo". Propuso, en cambio, un sistema independiente del judicial para compensar a los damnificados, con pagos automáticos y dejando de lado la prueba de la culpa.
Actualmente, según Mariona, el 60% de las instituciones tiene una póliza, lo cual "no quiere decir que tenga un seguro suficiente y eficiente". Las aseguradoras se quejan de los grupos y mutuales médicas que venden seguros sin cumplir con exigencias técnicas. Según Alvarez, en el sistema formal del seguro está el 30% de las clínicas y el 20% de los médicos.
Las razones
¿Cuáles son las razones por las que los juicios se incrementaron? Según Jorge Furlán, presidente de la aseguradora Prudencia, uno de los factores es la pérdida de la relación paciente-médico. Además, dijo, hay una conciencia creciente de la sociedad respecto del derecho a reclamar.
Furlán especificó que es fundamental, como estrategia de reducción de riesgos, el análisis de las incidencias, que son los casos ocurridos en las clínicas que podrían derivar en juicios. Las aseguradoras requieren a las clínicas esa información para seguirla de cerca antes de un eventual juicio. Tal estrategia, dicen, será útil para identificar factores de riesgo. Después de todo, lo mejor que podría pasarle al sistema, y principalmente a los pacientes, es que no exista razón para el juicio.
