Reforma judicial: el paradigma falso de inocentes presos en lugar de culpables sueltos

Se lee en el diccionario de la Real Academia Española que reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. La pregunta que se desprende es si la reforma judicial se puede encuadrar dentro de estos lineamientos. Y la respuesta es no, por una razón: el paradigma desde el que parte la modificación es erróneo. El Gobierno encara este proyecto desde el sofisma de que hay inocentes presos -o en su caso, inocentes libres, pero perseguidos-, mientras que gran parte de la sociedad está convencida de todo lo contrario y que el problema es que en la Argentina sobran culpables libres.

Parece un juego de palabras, pero analizar la significación de la frase es sumergirse en lo más profundo de las diferencias de la política. Va de vuelta: reformar la Justicia para corregir la anomalía de los inocentes presos o perseguidos o porque hay culpables sueltos. ¿Es posible encontrar algún consenso con semejantes diferencias? Pareciera que imposible.

La sociedad argentina asiste por estos días a un capítulo más de un espectáculo continuado. A nadie le puede extrañar que el Gobierno vuelva a retomar la idea de la reforma judicial, ya que, desde aquel café de domingo en Recoleta, cuando en 2019 la única electora del peronismo, Cristina Kirchner, designó como candidato a presidente a uno de sus principales críticos, Alberto Fernández. En la intimidad de aquel encuentro se firmó un contrato de adhesión que seguramente tenía entre sus cláusulas una resaltada con marcador: lograr todas las medidas necesarias para que la familia Kirchner despeje su panorama judicial.

El punto crítico es que no es posible barrer con las pruebas acumuladas durante años en las causas judiciales que más preocupan y ocupan al kirchnerismo. Las defensas técnicas, esas que se desprenden de escritos, alegatos o estrategias jurídicas puras, no han surtido efecto en este año y meses que transcurrió desde el regreso al poder de Cristina Kirchner y su elegido. Más bien, ha pasado todo lo contrario: el andamiaje probatorio que se solidificó en los últimos años está aún más fuerte que en diciembre de 2019. Sucede que la defensa técnicas han perdido uno y otro recurso que presentaron para desarmar las causas.

Los abogados defensores del poder central del kirchnerismo se han convertido en perdedores seriales de recursos de todo tipo. Varias instancias, decenas de jueces distintos y diversos tribunales les han rechazado sus planteos y los tiempos para que se ventilen los hechos en juicio oral se acercan. La posibilidad de una vicepresidenta que tenga que caminar semanalmente a las audiencias es una posibilidad cada vez más posible.

Esa situación no debiera ser una sorpresa para nadie. El peronismo en su conjunto decidió integrar su fórmula con una figura con demasiadas cuentas pendientes con la Justicia y la Argentina eligió esa opción por mayoría. No hay nada nuevo que no se hubiera podido imaginar en aquellos meses de 2019 cuando se decantó la opción electoral.

Pero no solo hay una defensa técnica de estos procesados. Hay otra, política, mediática, vociferante y agresiva. La Argentina es una platea preferencial de esa estrategia. Desde hace tiempo que mira con cierto espanto los mensajes que el kirchnerismo tira a la sociedad apenas apuntalados por ideología o interpretaciones parciales.

Sin embargo, en estas semanas la cuestión cambió. Sucede que aquellas defensas mediáticas y políticas son ahora lanzadas por el vértice mismo del poder. Los dardos salen del Presidente y de la Vicepresidencia. Ya no es sólo un tema mediático y político, sino que se constituyó en un tema de Estado, con peso institucional como pocas veces se ha visto.

Los Fernández postulan que hay que barrer con el Poder Judicial tal como está para suplantarlo por algo superador que no logran explicar basado en aquel sofisma de los inocentes presos y no de los culpables libres. Reducen el problema de la justicia argentina a Comodoro Py, a los jueces federales que justamente se ocupan de la política y de los fondos públicos.

Más del 98% del país jamás pasará poro el fuero federal y a esa enorme mayoría le preocupa no sólo el robo de dinero del Estado que sale del Tesoro y termina en bolsillos de la política. Le preocupan los robos, la inseguridad y la falta de garantías que tienen en el día a día. Pocos argentinos no deben haber sufrido un robo en los últimos tiempos que ni siquiera denuncian. Ese es el territorio del desamparo. La mentada reforma que piensa el kirchnerismo no toca un sólo punto de esa justicia, la de la mayoría de los argentinos.

Mientras los discursos se calientan, el Gobierno parece haber cambiado el cartel de obra: reemplazó el que decía “reforma” por otro en el que se lee “demolición”. Le dice a la sociedad que esta estrategia tiene que ver con los inocentes presos, sólo le falta aclarar que son los “compañeros presos”. La Argentina abre los ojos con asombro, está convencida que se trata de culpables sueltos.