
RIGI: el Gobierno flexibilizó los requisitos para que las empresas extranjeras provean a grandes proyectos de inversión
Un decreto publicado hoy eliminó la exigencia de participación mayoritaria de capital nacional para ser considerado proveedor local de las iniciativas enmarcadas en el RIGI
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El Gobierno introdujo cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre los que se destaca la flexibilización de los requisitos para que una empresa sea considerada proveedora local de los proyectos.
En concreto, a partir del decreto 1366/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, se elimina el requisito que establecía que, para ser consideradas proveedoras locales, las empresas constituidas y domiciliadas en el país debían contar con al menos el 51% de su capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad societaria en manos de titulares locales.
Con la nueva reglamentación, bastará con que las empresas estén constituidas y domiciliadas en la Argentina, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital. De esta manera, una compañía de capitales extranjeros radicada en el país podrá ser considerada proveedora local a los efectos del RIGI. En el caso de los bienes, sin embargo, se mantiene la exigencia de cumplir con los criterios de origen nacional previstos en el Mercosur.
Según los fundamentos del decreto, el objetivo es favorecer la integración de las empresas radicadas en la Argentina en las cadenas de suministro de los proyectos RIGI y promover una mayor concurrencia de proveedores.
La modificación se produce en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer la vinculación entre los grandes proyectos de inversión y las empresas proveedoras. En esa línea, el Ministerio de Economía comenzó a organizar rondas de negocios para acercar a las compañías que desarrollan inversiones bajo el RIGI con potenciales proveedores de distintos sectores. La segunda de estas rondas está prevista para el 2 de diciembre, con foco en hidrocarburos y energía, y contempla la participación de 60 empresas compradoras y más de 2000 proveedoras de todo el país.
Según un análisis de la consultora Paspartú, el Gobierno parece reconocer que el desarrollo de proveedores locales no puede quedar exclusivamente en manos de las empresas titulares de los proyectos RIGI y que es necesaria una intervención del Estado para facilitar su participación.
Sin embargo, la consultora advierte sobre un posible efecto no deseado de la modificación: que la calificación como proveedor local de empresas extranjeras domiciliadas en el país termine perjudicando al entramado productivo nacional, en lugar de favorecerlo.
Otros cambios en el régimen
El decreto también flexibiliza las condiciones para la transferencia de acciones y las reorganizaciones societarias de las empresas adheridas al RIGI. Establece que un tercero podrá adquirir participaciones de una compañía beneficiaria sin que esa operación altere, por sí misma, los derechos del proyecto aprobado, aunque el monto de la adquisición no podrá computarse como inversión para cumplir con los mínimos exigidos.
En el caso de las uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos, las transferencias de participaciones deberán informarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción. El organismo tendrá 30 días para formular observaciones y, si no lo hace, la operación se considerará conformada.
El decreto también permite que las sucursales dedicadas a proyectos del RIGI se reorganicen mediante la transferencia de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones a una sociedad anónima. Para hacerlo, deberán contar con autorización previa del Ministerio de Economía, pero no tendrán que volver a adherirse al régimen ni perderán los beneficios y condiciones originalmente aprobados.
Para la consultora Paspartú, estas modificaciones introducen una mayor flexibilidad regulatoria, aunque también incorporan una nueva instancia de no objeción por parte del Ministerio de Economía que no existía cuando se adhirieron los 27 vehículos de proyecto único (VPU) ya aprobados, según el análisis de la consultora.
Por otra parte, se precisan las condiciones para cumplir con los compromisos de inversión de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, que pueden desarrollarse en distintas etapas, y se amplían las posibilidades de computar divisas ingresadas desde el exterior por accionistas, socios y sociedades vinculadas a los proyectos.
En este último caso, los fondos deberán destinarse efectivamente a las inversiones aprobadas y su utilización tendrá que estar respaldada por registros contables y mecanismos de trazabilidad, mientras que el Banco Central establecerá las condiciones correspondientes para el acceso al mercado de cambios.
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