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Por decreto, el Gobierno amplió el gasto público en casi $710.000 millones
La norma se publicó en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todos sus ministros; sube el déficit financiero en $23.700 millones; la modificación responde al año electoral y a las inconsistencias del cálculo original contemplado en el presupuesto 2021
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LA NACIONEsteban Lafuente
Obras viales, jubilaciones, salarios estatales, compras de energía, ayudas al turismo y asistencia a empresas públicas. Estos son algunos de los rubros comprendidos en una millonaria ampliación del gasto que ayer el Gobierno concretó por decreto, al cambiar el Presupuesto 2021. Según calculó la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), los gastos corrientes y de capital aumentan en $708.504,9 millones, y el cálculo de recursos, en $684.811,1 millones, lo que lleva a un aumento del déficit financiero de $23.693,8 millones.
Se trata de la modificación presupuestaria (decreto 489/2021) que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todos los miembros de su gabinete. Esa norma, que modifica las pautas de gastos y recursos que el Congreso había aprobado en diciembre de 2020, contempla esencialmente una ampliación del gasto público, condicionado por el año electoral y las inconsistencias de la norma inicial: allí, por ejemplo, se estimaba una inflación del 29%, cuando las proyecciones actuales ya la ubican en torno del 50%.
Uno de los puntos con mayor ampliación del gasto es el asociado a la Anses. Ese organismo recibió $112.648 millones para el pago a los jubilados, que recibirán bonos especiales e incrementos por una variación de precios que resultará mayor a la presupuestada.
También se ampliaron los gastos para asignaciones familiares ($21.099 millones), seguro de desempleo ($3300 millones), programas de complemento a las prestaciones previsionales ($23.885 millones) y las transferencias a las cajas de seguridad social provinciales ($12.100 millones).
Con la proximidad de las elecciones, una de las apuestas del Gobierno para traccionar la economía es la obra pública. En ese marco se incluyeron $21.026 millones adicionales, asignados para más de 150 obras viales, de repavimentación y reparación de rutas y autopistas, que serán administrados por la Dirección Nacional de Vialidad.
La inflación que superó las proyecciones presupuestarias, y que implicó la revisión de las paritarias firmadas a comienzos de año, también tuvo impacto en el presupuesto, con millonarias ampliaciones para el gasto en salarios de empleados públicos y otros rubros. Así se registraron expansiones en las partidas para el poder legislativo ($6550 millones) y el Poder Judicial ($22.126 millones).
En el Ministerio de Economía, los gastos presupuestados se ampliaron en $136.496 millones, sobre todo por los subsidios energéticos y la necesidad de fondos para importar energía. Para Cammesa, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad, se asignaron $90.000 millones, mientras que se suman otros $28.075 millones para sostener la política de hidrocarburos, que incluye el Plan Gas y otros programas de estímulo a la producción de gas y petróleo.
Otro componente de la ampliación del gasto se explica por los fondos frescos destinados a las empresas públicas. Entre otros se destacan los $9922 millones para Ieasa (ex-Enarsa), que se encarga de la importación de energía; $3413 millones para el Ente Nacional Yacyretá; $4000 millones para el Correo Argentino; $4860 millones para Arsat y $5194 millones para Corredores Viales, una empresa pública coadministrada por Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas.
También se asignaron $2666 millones para el Belgrano Cargas, $5982 millones para Trenes Argentinos, la firma que opera los trenes de pasajeros en el AMBA y a nivel nacional; $828 millones para Intercargo y $700 millones para EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea). A su vez, se sumaron $1252 millones para la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
Otras transferencias ampliadas incluyen $30.038 millones para universidades nacionales, $6188 millones para el Conicet, $8000 millones para el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que encabezaba la precandidata a diputada del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz; $1500 millones en transferencias directas a municipios y $918 millones para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Otros ministerios que recibieron mayor presupuesto son los de Salud ($9604 millones), Desarrollo Productivo ($792 millones), Agricultura ($2007 millones), Trabajo ($4943 millones) y Cultura (US$792 millones).
En el caso del Ministerio de Turismo, que encabeza Matías Lammens, se amplió el gasto para ayudas a privados, que contemplan los subsidios a empresas y personas afectadas por la pandemia y el anunciado regreso del plan Pre-Viaje, pero se hicieron recortes en otros programas. También se podaron $15.000 millones de planes y programas de mejoramiento en el transporte, dentro del ministerio que lidera Alexis Guerrera, y $512 millones de la cartera de Ambiente a cargo de Juan Cabandié.
También hubo fuertes incrementos para las fuerzas armadas y de seguridad. Allí se contemplan $21.708 millones para Gendarmería, $7631 millones para la Prefectura, $2277 millones para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, $9343 millones para la Armada y $9671 millones para la Fuerza Aérea y $12.574 millones para la Policía Federal Argentina.
Otros organismos con ampliaciones millonarias son la Dirección Nacional de Migraciones ($1444 millones) o la Agencia Nacional de Discapacidad ($3450 millones), para el pago de pensiones por invalidez y atención médica para quienes las perciben.
