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Se apaga el fuero más kirchnerista: un anhelo del Gobierno toma fuerza con la creación de la justicia laboral porteña
Mientras se negocia por el traspaso de los fondos, se terminó el concurso para 10 juzgados, a los que se les sumarán otros 30; esperan estrenar el fuero en el primer trimestre de 2027
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LA NACIONDiego Cabot
La nueva legislación laboral que se aprobó en febrero se prepara para incorporar un pilar fundamental para la vigencia plena que pretende el Gobierno. Nación y Ciudad ya avanzaron en prácticamente todo lo necesario para abrir los tribunales laborales porteños en el primer trimestre de 2027. Ya se terminó el primer concurso —10 juzgados y dos salas— y ya se preparan para un segundo, de otros 30 juzgados y tres salas más. Mientras tanto, los emisarios de las dos administraciones negocian el convenio específico por la transferencia de recursos, requisito necesario para poner en marcha el fuero.
“Estamos avanzando para ponerlo en funcionamiento el primer trimestre del año entrante”, confirmó a LA NACION el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. “Se terminó el primer concurso, que se había lanzado incluso antes del convenio de transferencia, circunstancia que nos va a permitir empezar, pero vamos a necesitar sacar un nuevo concurso de por lo menos otros 30 juzgados y tres salas más”, agregó el funcionario.
El otro frente abierto es el del dinero. “Avanzamos con Nación en el convenio específico por la transferencia de recursos, requisito también necesario para poner en marcha el fuero”, explicó Tapia. En paralelo, la Legislatura porteña tiene en tratamiento la ley que crea el servicio de conciliación previa, el Dicop, que reemplazará al nacional Seclo y que pretende ser más moderno y expeditivo.
Cuando el fuero se estrene, los tribunales donde tramitarán todas las causas de conflictos entre trabajadores y empleadores funcionarán en un edificio ubicado en Alsina al 800, frente al hotel Intercontinental, que la Ciudad ya remodela.
La novedad no es menor. El día que abran las puertas, todas las causas laborales que se vayan a sorteo en la Ciudad ya no recalarán en el fuero nacional, uno de los lugares más incómodos para la vigencia de los artículos de la reforma que aprobó el Congreso.
En ese momento, el fuero más identificado con las políticas kirchneristas, y que durante más de una década manejó desde su estudio el fallecido abogado Héctor Recalde, se convertirá en un lugar residual: tramitará las causas ya sorteadas, pero no recibirá nuevos casos. Con 80 juzgados y 10 salas, la Justicia Nacional del Trabajo empezará a apagarse por goteo, a medida que los expedientes se terminen.
Ese es el corazón del asunto para la Casa Rosada. La ley 27.802 de modernización laboral cambió reglas sensibles del contrato de trabajo, pero su vigencia efectiva depende de quién la interprete. En el Gobierno siempre dieron por descontado que los jueces nacionales del trabajo serán remisos a aplicar los capítulos más resistidos.
Un fuero nuevo, más pequeño, más moderno, con mucha mejor infraestructura, con jueces concursados en el entorno porteño y sobre todo, con otra cámara y con un Superior Tribunal por encima, podría cambiar por completo la ecuación a la hora de interpretar los capítulos que más litigiosidad plantea la ley.
La llave de la Corte
Al esquema le faltaba una pieza institucional que se terminó de acomodar esta semana. En la causa “Marcelina”, del jueves pasado, la Corte Suprema desestimó una queja porque el recurso extraordinario “no se dirige contra la sentencia dictada por el superior tribunal de la causa”, con cita expresa del precedente “Levinas”: antes de llegar a la Corte, las causas de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Capital deben pasar por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
La novedad es la firma. Junto a Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti aparece esta vez la de Carlos Rosenkrantz, que en “Levinas” había votado en disidencia. El vicepresidente de la Corte no cambió de opinión de fondo —mantiene su criterio de que los jueces nacionales integran el Poder Judicial de la Nación y que el TSJ no es su alzada—, pero resolvió intervenir de todos modos. Sus razones son prácticas: la Corte funciona con tres miembros y abstenerse lo obligaría a integrar el tribunal con conjueces “en todas las causas” que llegan por esa vía, algo que conspiraría contra “la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia”. Los justiciables, escribió, ya adecuaron su conducta a la regla y no pueden ser sometidos “a un obstáculo adicional”.
El dato que el propio Rosenkrantz incorporó al fallo mide el tamaño del cambio: según el informe de gestión 2025 del TSJ, el año pasado ingresaron allí 5210 causas derivadas de “Levinas”. Su voto cita además el acuerdo de transferencia laboral firmado el 9 de febrero entre la Nación y la Ciudad, cuya cláusula complementaria consagra al TSJ como revisor de las decisiones de la justicia nacional ordinaria en materia de derecho local y común.
La consecuencia para el nuevo fuero es enorme. Las causas que se inicien cuando los juzgados porteños abran las puertas tramitarán íntegramente dentro de la estructura de la Ciudad: primera instancia, cámara y, como última parada local, el TSJ. La justicia nacional deja de intervenir. Se trata de autonomía, pero también poder concreto sobre miles de expedientes por año.
Las resistencias
Nada de esta movida que importa, y mucho a las empresas, está exento de conflicto. El 30 de marzo, a pedido de la CGT, la Justicia del Trabajo suspendió 82 artículos de la ley, y en abril, otro fallo hizo lo propio con otros 40 por un planteo de la Asociación del Personal Aeronáutico. La Cámara del Trabajo revocó la cautelar de la CGT el 23 de abril y la ley recuperó plena vigencia hasta que se determine la cuestión de fondo. Pero claro, ahora la revisión sería el STJ porteño con lo cual, imaginan, que la resolución por la vigencia de la ley está más cerca.
El traspaso del fuero corrió peor suerte y sigue trabado. El 17 de marzo, el juez Herman Mendel, del Juzgado Nacional del Trabajo 30, hizo lugar a un amparo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, y suspendió el capítulo entero: los artículos 90 y 91 de la reforma, el decreto 95/2026 y el propio convenio de transferencia, con el argumento de que el tema no había sido incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
El fallo de la Corte enumera esos expedientes y aclara que allí “no se abre juicio en modo alguno sobre la validez de dicha normativa”: la discusión de fondo sigue abierta mientras el andamiaje administrativo avanza.
Tapia ya trabaja en el capítulo siguiente: “Con [el ministro de Justicia, Bautista] Mahiques firmamos hace unas semanas un nuevo convenio de transferencia de competencias penales que tiene que ser ahora aprobado por el Congreso y la Legislatura local”. Ese paquete exige además partidas de servicio penitenciario, por los detenidos que pasarán a la Ciudad, y recién se efectivizaría en la segunda mitad de 2027.
Hay, por último, una dimensión que en Tribunales nadie ignora. Cada juzgado y cada sala que se crea en la órbita porteña es una silla que alguien tiene que ocupar, y el mapa de esas designaciones se dibuja hace años entre dos nombres: Juan Manuel Olmos, referente del peronismo porteño, y Daniel Angelici, el hombre fuerte del radicalismo de la Ciudad y de larga ascendencia sobre la justicia local. Ambos siguen con atención los concursos del Consejo de la Magistratura porteño. Cuarenta juzgados y cinco salas son una porción considerable de poder judicial en juego.
El Gobierno consiguió la ley. Ahora empieza la etapa más silenciosa y probablemente más decisiva: definir quiénes serán los jueces que la aplicarán.
