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Se normaliza el comercio exterior después de dos jornadas de alta tensión
La suspensión del decreto 690/2026, que había introducido cambios intempestivos en el sector del practicaje, la conformación de una mesa de diálogo y la baja de las tarifas en un 20% traen la calma y la regularización del transporte de carga marítimo y fluvial
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LA NACIONPaula Urien
La foto del radar en las aguas de Ensenada, provincia de Buenos Aires, cambió completamente. Mientras que durante los dos días de paro de actividades de los prácticos se acumulaban los barcos en esta zona de espera, mostrando un sinfín de puntos en un círculo concentrado, ya se puede ver una fila de buques que reemprenden la navegación en el canal del Río de la Plata, cada uno con su carga y hacia su destino.
Empresarios del sector, pero también los altos mandos del Gobierno, respiraron aliviados cuando hubo un principio de acuerdo con los prácticos. Son unos 520 profesionales en todo el país que son independientes y que decidieron, “por razones de seguridad”, darle la espalda al decreto 690/2026, firmado por Javier Milei, Federico Adolfo Sturzenegger, Alejandra Susana Monteoliva, TG Carlos Alberto Presti y Diego César Santilli.
Tras la publicación del decreto, el agua les llegó al cuello. La normativa, ya inactiva, había introducido cambios que pusieron en estado de alerta a quienes deben subir obligatoriamente a los buques para guiarlos en el último tramo. Sin ellos, los barcos no pueden llegar a los puertos.
Desde Presidencia se está preparando el decreto que suspende al 690/2026 y llama a una mesa de dialogo. Luego la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) emitirá una resolución que comunica la baja del 20% de las tarifas del practicaje. Hay que ver si todos ganan o si alguien paga los platos rotos.
Para destrabar el conflicto que ya llevaba dos días de máximo parate, desde el Ministerio de Seguridad (y no del de Desregulación) se activó una reunión con la otra parte, los prácticos comandados por el capitán de nombre cinematográfico: John Ryan. La firma ausente en el acta de entendimiento fue la de Federico Sturzenegger, un ferviente defensor de los cambios en un sector al que acusó de tener un “kiosko”.
Hubo paz antes de que se asfixie el comercio exterior, que tanto se festeja desde el Gobierno cuando llegan los datos récord de las exportaciones y del superávit comercial, clave para la vital entrada de dólares.
Desde Ensenada, en medio del conflicto, se podían contar nítidamente más de 25 buques recortados en el horizonte, pero el radar mostraba muchos más. Habían echado el ancla, mientras que los empresarios se sumían en la desesperación, las horas se hacían eternas, los clientes demandaban la llegada de la carga en tiempo y forma y las fábricas de la Argentina veían venir demoras en su producción, entre otros males. En todo el país, se acumularon los barcos mercantes en las zonas de espera. Solo en la Hidrovía había 90 de ellos sin poder operar.
El Gobierno finalmente dio marcha atrás con el nuevo Reglamento. Los representantes del sector se comprometieron a reactivar de manera inmediata y regular el servicio de practicaje y pilotaje y aceptaron reducir un 20% las tarifas vigentes.
Además, ambas partes acordaron crear una Mesa Intersectorial, integrada por el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes del sector, para elaborar un nuevo reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para ríos, puertos, pasos y canales del país.
Sale de escena el Ministerio de Desregulación y entra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que depende del Ministerio de Economía. Iñaki Arreseygor, al frente de la Anpyn, fue que llevó adelante la licitación de la Hidrovía y ahora deberá poner las manos en la masa para que fluyan los cambios sin generar conflictos. El organismo había quedado afuera de esta disputa ya que Prefectura, que estaba a cargo de la situación, depende del Ministerio de Seguridad.
En diálogo con LA NACION, John Ryan, uno de los firmantes del acuerdo, capitán de ultramar y práctico del Río Paraná, además de presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina, dijo que “los prácticos son profesionales independientes, de libre contratación. Por eso hay que aclarar que no hubo paro ni huelga, no hay un convenio colectivo ni gente en relación de dependencia. Son profesionales independientes y pactan sus trabajos en determinadas condiciones”.
Agregó que luego, de la publicación del decreto en el boletín oficial, los prácticos entendieron que se estaba atentando contra la seguridad náutica y su seguridad individual. Por eso decidieron no pactar nuevos trabajos hasta no analizar los alcances e implicancias del decreto, sostuvo. El resultado fue el paro casi completo de la actividad.
La reforma facilitaba el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establecía que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios. Además, disponía que la Prefectura Naval Argentina mantendría un registro abierto de profesionales habilitados, sin límites de cantidad.
Además, que se fijarían tarifas máximas para el servicio, algo que en realidad estaba vigente.
La normativa desestimada flexibilizaba además las condiciones para el transporte de prácticos, permitiendo utilizar embarcaciones comerciales que cumplan con los estándares de seguridad. Por otro lado, se ampliaban las dimensiones de los buques a partir de los cuales era obligatorio contratar a un práctico y se definieron áreas enteramente libres de la necesidad de contratarlos, según la explicación oficial.
Todos estos puntos son considerados de extrema peligrosidad por los prácticos. Ahora se inicia una etapa de acuerdos.
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