Segunda ola, inflación y elecciones: un combo complicado

18 de abril de 2021
00:00
8 minutos de lectura'

El anuncio de una tablita cambiaria a principios de febrero, cuando el ministro de Economía reafirmó las proyecciones incluidas en el presupuesto respecto de un dólar a $102,5 a fin de año y una inflación anual de 29%, derrumbó las expectativas de devaluación que para entonces aún incorporaban un salto discreto del dólar oficial, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que comprimiera la brecha cambiaria. La tasa de devaluación implícita de los futuros en Rofex se derrumbó del 70% anual en enero al 30% actual, con un contrato de dólar a fin de año que cayó de $160 a $122.

Mes a mes, el aumento del dólar oficial se fue reduciendo. En enero subía al 4% mensual acompañando la inflación pasada: en febrero el ritmo bajó al 3%; en marzo, al 2,5%, y en lo que va de abril pareciera ir al 1,6%. La lógica, una vez más, es pisar el dólar oficial para intentar moderar la inflación o, lo que es lo mismo, atrasar un poco el tipo de cambio en el año electoral.

Ambos anuncios, el freno al dólar y el número mágico de inflación de 29%, ayudaron a la política a que las paritarias cerraran con subas salariales de alrededor del 30%. Todas, con reapertura prevista en la segunda mitad del año. Sin embargo, a contramano del mensaje de la política de que el salario le tiene que ganar a la inflación, las paritarias están hoy por hoy funcionando como ancla y perdiendo por goleada contra la suba de los precios.

Las tarifas, en tanto, se mantienen casi congeladas. Solo subieron las facturas mayoristas de gas y electricidad, en medio de una disputa a puertas abiertas entre el ministro de Economía y quien preside el Ente Nacional Regulador del Gas. El primero delineó un sendero de dos subas que son consistentes con el índice de inflación incluido en el presupuesto (y también, con evitar que los subsidios compliquen la consolidación fiscal). El segundo, que responde al Instituto Patria, sigue sosteniendo que las tarifas “tienen que ser justas y razonables”, independientemente de la estructura de costos y/o la inviabilidad fiscal de compensar a la oferta, y propone aumentos en las facturas de solo el 9%, después de haberse mantenido congeladas desde fines de 2018.

Pero, pese a las anclas cambiaria, salarial y tarifaria, la inflación siguió de largo. Con el dato del 4,8% de marzo, los precios minoristas acumulan un aumento de 13% en el primer trimestre del año, y la suba de precios interanual fue de 42,6%, varios puntos por arriba del 36,5% que festejó el Gobierno en diciembre, cuando cuestionó abiertamente las estimaciones de las consultoras.

¿Qué pasó para que, con las anclas mencionadas, los precios no se hayan moderado, en un contexto en el cual la brecha cambiaria se mantuvo contenida en torno al 60%, lejos del 130% que llegó a tocar en octubre pasado? Varias cosas.

Por un lado, algunos precios que se habían mantenido casi sin cambios en 2020 empezaron a corregirse desde fines del año pasado.

En parte, porque responden a sectores muy afectados por la cuarentena, que empezaron a fijar precios más altos a medida que las restricciones se fue levantando, fundamentalmente en esparcimiento y turismo. En marzo se destacó además el aumento de precios en la educación formal e informal, con subas del 30% mensual, que en la comparación interanual baja al 26%.

En parte, pasó porque el Gobierno fue soltando precios que la política había mantenido congelados, en particular los de combustibles (40% interanual en marzo y 17% en tres meses) en un contexto de suba del barril de petróleo y frente a la necesidad de mejorarle la hoja de balance a YPF. En mucha menor medida, también subieron las telecomunicaciones y las prepagas (12,4% y 13,8% interanual respectivamente, con aumentos concentrados desde diciembre), y en grageas, algunos alimentos incluidos en el esquema de precios máximos (22% interanual frente al capítulo alimentos completo, donde los valores subieron 45%). Acá vuelve a ponerse el freno, amenazando en simultáneo a las empresas para que produzcan a tope, en un intento alocado de fijar precios y cantidades.

A esto se suma que los precios libres, los que se habían ajustado fuerte durante 2020, siguieron de largo en 2021. Sobre todo, algunos bienes como los del rubro textil (78% interanual), electrodomésticos (100% interanual), autos (76% interanual) y otros durables. En estos, el tirón de demanda que generó el rebote de la economía y la visualización del pico de la brecha cambiaria de octubre pasado, sumada la incertidumbre sobre el costo de reposición de los stocks (frente al manejo errático de las licencias de no automáticas de importación y el acceso al mercado cambiario), generaron fuertes reacomodamientos de precios. También los medicamentos quedaron fuera de las regulaciones y subieron por encima del promedio (50% interanual)

A esto se sumó el precio de la carne, que en marzo subió 6,8% (dejando un fuerte arrastre estadístico para abril) y acumula en lo que va del año un 17%. Frente a esta suba traccionada por la mayor demanda externa, el Gobierno vuelve a amenazar con el cierre de exportaciones y a implementar registros. En diciembre había cerrado el registro de exportación de maíz (que duró una semana) y en febrero amenazó con una suba en las retenciones al campo, que duró un fin de semana. Cada decisión dura poco y debe revertirse, no por un análisis de los costos que generaría el esquema en términos de señales al sector, sino fundamentalmente porque el esquema de corto plazo requiere evitar el conflicto y que no se corte el flujo de dólares del campo para que no se escape la brecha cambiaria.

Es que la pax cambiaria, que convive con precios de los bonos de remate a pesar de la reestructuración de la deuda sin holdouts, se sostiene en gran medida por la aceleración de la liquidación de exportaciones (sobre todo del agro y la agroindustria), que coordinó el desplome en las expectativas de devaluación y la disparada en los precios de la soja. En marzo y en lo que va de abril, la salida de la cosecha 2020 retenida registró niveles récord y permitió construir el puente hasta la salida de la nueva cosecha que se concentra en el trimestre de oro (abril, mayo, junio y parte de julio).

Nuevamente, con muy pocas reservas en el Banco Central (las netas en US$4200 millones), la capacidad para intervenir en la brecha cambiaria está asociada a los dólares del flujo. La novedad es que en los últimos dos meses, la necesidad de intervenir con reservas desapareció, en un contexto donde el ingreso de dólares en el mercado de Contado con Liquidación para pagar el impuesto a la riqueza y la visualización del flujo de divisas (las del campo y las que vendrían por la emisión de Degs del FMI) fueron suficientes para sostener la brecha cambiaria en torno al 60%.

Pero ese equilibrio se pone a prueba. Primero, por el juego de gallinas que el Gobierno sigue manejando con el acuerdo con el FMI, sobre todo si pretende transitar el período entre las PASO y las elecciones de octubre apelando a los dólares que pueda acumular en estos meses, para pagarle al Fondo y para que no se le escapen la brecha cambiaria y la inflación. En agosto cae la oferta de divisas del agro y hay una gran concentración de vencimientos de la deuda en pesos del tesoro, mientras que en septiembre se paga la última cuota del impuesto a la riqueza.

En el cortísimo plazo, el equilibrio cambiario está puesto a prueba por el manejo errático de la tasa de interés. El 2,8% mensual de la Badlar (o el 3,2% de la Lede que ofreció esta semana el Tesoro) quedó corto frente a una inflación del 4,8% y el riesgo de que la brecha cambiaria vuelva a reaccionar. De hecho, en las dos últimas colocaciones de deuda en pesos, el Tesoro no pudo rollar siquiera los vencimientos y requirió financiamiento monetario.

Fundamentalmente, por la incertidumbre que se abre frente a la escalada de los casos de Covid, con la demora en la vacunación y las incipientes medidas para frenar la movilidad de las personas. Medidas que, de momento, más allá del error de cerrar las escuelas después de un año sin clases, tendrían costos macroeconómicos sensiblemente menores que los de la cuarentena anterior. No digo en términos de la micro, porque obviamente hay sectores perjudicados.

La segunda ola arrasando, la inflación arriba del 4% mensual y las elecciones del 24 de octubre con las PASO del 4 de agosto, pueden convertirse en un cóctel perverso. Lo externo ayuda: las vacunas empiezan a ser menos escasas en el mundo y las declaraciones del enviado del Tesoro Americano al país –y las del FMI– dan a entender que hay margen para avanzar en un acuerdo que ayude a descomprimir. El título vuelve a ser “Manejando en el barro: ¿volverá el Gobierno a girar, como en octubre pasado, antes de caerse a la banquina?” El riesgo de no hacerlo es muy alto.

Por Marina Dal Poggetto

Conforme a