SOLICITADA. Tabacalera Sarandí informa a la opinión pública
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LA NACION
En su columna publicada el pasado 24 de junio, Joaquín Morales Solá presenta como hechos consumados afirmaciones totalmente falsas, tendientes a desprestigiar a la empresa y tratar de arruinar mi reputación y todo bienestar posible.
En primer lugar, el reciente fallo de la Corte Suprema no determinó deuda impositiva alguna ni calificó a Tabacalera Sarandí como una empresa evasora. La sentencia únicamente resolvió la constitucionalidad de una norma que imponía un precio mínimo de venta para los cigarrillos, una regulación excepcional que durante años condicionó la competencia en el mercado, dejando a las Pymes absolutamente sin posibilidades de sobrevivir. Por ese motivo esa ley fue derogada en 2024.
Mientras esa discusión judicial estuvo vigente y la empresa actuó al amparo de fallos judiciales favorables, Tabacalera Sarandí nunca trasladó al consumidor el eventual beneficio económico derivado de esa situación. Por eso resulta impropio presentar ese debate como un caso de evasión.
En segundo lugar, las denuncias impulsadas por ARCA por presunto lavado de dinero fueron rechazadas por la Justicia en distintas instancias. Hasta el momento no se ha producido una sola prueba que sostenga semejante imputación. No deja de llamar la atención la insistencia del organismo en sostener acusaciones que los tribunales vienen desestimando.
Pero el punto más importante es otro.
La verdadera discusión excede a Tabacalera Sarandí. La pregunta es qué ocurre cuando una empresa nacional logra competir con éxito en un mercado históricamente dominado por una multinacional. A partir de ese momento comienzan a acumularse conflictos regulatorios, judiciales y mediáticos que, al menos, justifican preguntarse si detrás de ellos existen únicamente razones jurídicas o también intereses económicos que buscan preservar posiciones dominantes.
Resulta difícil analizar esta sucesión de acontecimientos sin observar el contexto general. Tabacalera Sarandí logró disputar participación de mercado a una de las mayores multinacionales del sector, con altísima capacidad de lobby en el mundo. Dos fondos, como Vanguard Group y BlackRock, son accionistas de PMI y del principal medio de comunicación de Argentina. Imposible que exista imparcialidad en el trato mediático acerca de esta ley y las consecuencias de haber sido promulgada en 2018.
No pretendemos privilegios. Tampoco impunidad. Solo reclamamos que la competencia sea realmente libre y que las discusiones se den sobre hechos, no sobre relatos construidos a partir de acusaciones que luego no logran sostenerse en los tribunales.
Sería saludable que el mismo interés con el que se investiga a las empresas nacionales se aplicara también al funcionamiento del mercado del tabaco, al lobby que rodea la regulación de los nuevos productos derivados de la nicotina y a los mecanismos mediante los cuales las grandes compañías multinacionales ejercen influencia sobre las políticas públicas.
Porque para decir la verdad, primero hay que conocerla completa.
TABACALERA SARANDÍ
En defensa del trabajo nacional, de la libre competencia y el respeto a la ley.
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