Sospechas de evasión fiscal recaen en el grupo Guerra

El grupo Guerra -denunciado el año último por la DGI por presunta falsificación de documento público y defraudación al Estado- es un viejo conocido de los ganaderos bonaerenses.

Algunos lo adoran, otros no. ¿Por qué esta dicotomía? Muy fácil de explicar. Se ha dicho hasta el cansancio que "para bailar el tango se necesitan dos". En la evasión fiscal también: el que compra y el que vende. Este último no es otro que un productor que al operar en negro no tributa IVA ni ganancias.

Roque y Domingo Guerra son los titulares del Frigorífico Marplatense, de Mar del Plata, que poseería o está vinculado con otras empresas del ramo como Badelia S.A., Fulko S.A. y el frigorífico Bull, de Balcarce, del que es titular un primo de los Guerra. También se les atribuye la propiedad de la estancia Madera Dura, donde suele hacer escala la hacienda que va a ser faenada en el Marplatense.

Los Guerra poseen otro frigorífico en Miramar, de pequeña capacidad de faena (100 animales diarios), al que estuvieron derivando parte de su negocio en los últimos días cuando por un operativo de la DGI, la Oficina Nacional de Control del Comercio Agropecuario y la Dirección de Ganadería Bonaerense fue clausurado el 8 del actual.

La clausura del Marplatense duró poco y desde el martes último está operando por un amparo dispuesto por el juez Julio Carlos Speroni, que provocó mucho malestar en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, que ya lo apeló.

El grupo Guerra, considerado "el Samid de la costa", desarrolla sus actividades básicamente en la zona atlántica entre General Madariaga, Balcarce y Miramar, aunque sus fuentes de aprovisionamiento se extienden más allá de esos límites.

Se comenta que hace algún tiempo quiso ampliarse hacia una zona de la ruta 2 ubicada más al norte del centro de sus operaciones, pero con ello habría despertado las iras de otro grupo que no actúaría dentro de las normas fiscales y que por sus vinculaciones con ciertas esferas habría conseguido que se enviara una inspección de la DGI al Marplatense.

De ahí en más las aguas se habrían tranquilizado. Pero tampoco hubo nuevos intentos de invadir zonas de otros.

Aunque es un viejo conocido de los productores, el grupo Guerra cobró real trascendencia a partir de la denuncia del productor Ricardo Ayerza en la mesa redonda sobre la evasión en ganados y carnes realizada en marzo del año último como parte de la Fiesta Nacional del Ternero.

"Los camiones del señor Guerra no tienen problema para pasar por Balcarce", señaló Ayerza en directa alusión a la falta de controles policiales sobre sus vehículos.

El Surmarplatense, que tiene habilitación del Senasa y matrícula nacional, estuvo faenando en enero y en febrero más de 12.000 cabezas mensuales, una cantidad que llama la atención por su cuantía para un frigorífico que no está ubicado en el Gran Buenos Aires.

Medios bien informados estiman que desde la caída de un amparo anterior, que prácticamente daba carta blanca al establecimiento, éste ha ido regularizando su situación al declarar números crecientes de fanea, lo que implica una regularización de su situación fiscal.

Apeló Samid un fallo del juez Liporaci

El empresario de la carne interpuso ese recurso ante la medida del magistrado de desestimar el pedido de que se archive la causa que se le sigue por evasión fiscal.

La defensa de José Alberto Samid apeló ante la Cámara Federal el fallo del juez Carlos Liporaci que desestimó hace una semana el pedido del empresario de la carne de que se archive la causa que se le sigue.

Samid fue acusado en agosto último por la DGI de formar parte de una asociación ilícita para evadir el pago de impuestos al fisco.

La suma que se barajó en ese momento superó los 80 millones de dólares, aunque fuentes cercanas a la investigación aseguran que es bastante menor y se acerca a la mitad.

Este es el séptimo incidente que se plantea en el caso e introduce una nueva demora en su tramitación.

La causa acumula ya 9 cuerpos de 200 fojas cada uno y 15 anexos con informes de una voluminosa cantidad de documetación secuestrada en más de 25 allanamientos.

Si bien el código de procedimientos establece un período de cuatro meses para la instrucción, Liporaci no ha podido completar aún el trámite por el volumen de la causa, pese a disponer de dos personas del juzgado abocadas exclusivamente al tema. Por tal razón ha pedido refuerzos a la Corte Suprema.

El juzgado ha sido criticado recientemente por la demora en indagar a Samid, principal acusado de la DGI.

Liporaci mantiene reserva sobre las razones que tuvo, pero en medios tribunalicios se sostiene que así como la defensa determina estrategias dentro de lo que le acuerda el derecho, el juez también fija la metodología de la investigacción que debe desarrollar Y en este sentido agregan que si bien Samid pudo haber sido el primero en ser citado para indagarlo, esa estrategia podía conducir a que abortara la investigación o a que debiera ser llamado varias veces.

El juez, siempre de acuerdo con los medios consultados, prefirió realizar otras indagatorias antes para llegar luego al núcleo de la investigación con la mayor contundencia posible en cuanto a pruebas Liporaci ya ha indagado a algo menos de una veintena de imputados y declarado rebeldes a otros siete u ocho que al no haber sido hallados en sus domicilios fueron citados por edictos y no se presentaron.

En los medios consultados por La Nación se afirma que lo declarado por los otros imputados arroja sospechas suficientes sobre la conducta de Samid como para haberlo citado a indagatoria -un trámite que por ahora logró eludir hace pocos días- . De todos modos, si bien hay sobrados elementos de sospecha, no llegan al grado de semiplena prueba, que es lo que pide el Código para dictaminar la prisión preventiva del principal imputado de la presunta asociación ilícita denunciada por la DGI.

Si Samid comparece finalmente ante Liporaci, será el segundo de su familia que lo haga como imputado en una causa penal.

El juez ya tuvo frente a sí a Julio Samid, hermano de José Alberto, a quien sentenció hace aproximadamente un año a seis meses de prisión en suspenso por el resonante caso del diputado falso Juan Keennan, gracias a cuya presencia se logró quorum para una sesión en la que debía tratarse la privatización de YPF y que terminó en un escándalo.

Por Carlos Correch

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