Stoneway Capital, la controlante de una empresa de Manzano, entró en concurso de acreedores en Nueva York

La empresa canadiense Stoneway Capital, controlante de Araucaria Energy SA, SPI Energy SA, Araucaria Generation SA y Araucaria Power Generation SA, solicitó acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos para bloquear que fondos encabezados por BlackRock tomen control de los activos de la compañía en la Argentina -tiene cuatro plantas termoeléctricas en Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro- y los vendan.

Fuentes cercanas a Araucaria Energy dijeron a LA NACION que la solicitud de protección bajo el capítulo 11 implica el inicio de un proceso que permitirá a la empresa llevar adelante su reorganización a fin de afrontar sus compromisos financieros sin poner en riesgo la operación de sus subsidiarias argentinas.

Según las mismas fuentes, la compañía mostró siempre buena fe en la negociación con los bonistas y una firme voluntad de apoyar la continuidad del negocio, entendiendo que una solución consensuada que preserve el valor del activo, de calidad estratégica para el sistema energético argentino, es la mejor solución para todas las partes.

Previa a esta presentación, los bonistas decidieron no extender el acuerdo preliminar que venció a fines de marzo para reestructurar la deuda de la empresa y presentaron ayer un pedido ante los tribunales de Ontario, Canadá, para tomar el control de la compañía.

Es decir, que se abre un conflicto jurisdiccional, ya que deberá resolverse si prima la justicia estadounidense, donde Stoneway tiene cuentas bancarias y emitió un bono, o la canadiense, país de origen de la firma.

De acuerdo con el portal EconoJournal, Stoneway Capital, establecida en New Brunswick, estaba controlada por Stoneway Group LP, en la que participaban el inversor Rogelio Nores y So Energy International.

En el primer trimestre del año pasado, la compañía entró en default porque no pagó una cuota de US$30 millones correspondiente a un préstamo de US$220 millones que el fondo Gramercy le había otorgado.

Gramercy, fondo conducido en la Argentina por Gustavo Ferraro, tomó entonces las riendas de la compañía y designó a Roberto Helbling y a Juan Ignacio Sánchez Alcazar para tratar de ordenar la situación contable de la eléctrica. A su vez, Rogelio Nores llegó a un acuerdo con José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem, y le cedió el control legal de la firma.

Desde ese momento comenzó una negociación entre Gramercy y Manzano para repartirse las acciones y avanzar en la renegociación de los US$660 millones que debe la compañía, fundamentalmente a BlackRock y Fidelity, quienes en ese momento no quisieron desembarcar en la firma, pero buscan asegurarse el cobro de sus créditos.