Tasas en Pilar: la “rebelión del ticket”

El descontrol de las tasas municipales, evidenciado por el caso de Pilar, tiene remedio y está al alcance de la mano: que los comercios y servicios al consumidor final visibilicen las tasas municipales (y, de paso, Ingresos Brutos) en los tickets de compra, voluntariamente, sin importar si la respectiva provincia no adhirió al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor o, si adhirió, sin esperar a la reglamentación. La “rebelión del ticket”.

Este régimen, sancionado por la ley 27.743 e impulsado por Lógica, muestra los impuestos nacionales en los tickets, pero aún no los provinciales y municipales. A un año y medio de la sanción, sólo Chubut, Mendoza y Entre Ríos han adherido, estando pendiente su reglamentación. Salta, Córdoba y CABA están en proceso. Las otras dieciocho provincias guardan un inaceptable silencio. Las que se sumaron entendieron que tienen la obligación de adherirse por el mandato constitucional que exige dar “información adecuada y veraz” al consumidor (art. 42).

El descontrol de tasas municipales es generado por tres causas: 1) la voracidad fiscal de muchos intendentes, 2) la validación de la Corte Suprema; y 3) el ocultamiento de las tasas al consumidor. La única que podemos modificar a corto plazo desde la sociedad civil es la tercera, por las razones mencionadas a continuación.

¿Se pueden visibilizar voluntariamente las tasas en el ticket?

Sí, porque la adhesión provincial se requiere para obligar a los comercios a discriminarlas, pero nada impide la visibilización voluntaria. Recordemos que, insólitamente, existían prohibiciones en la Ley de IVA de discriminar el impuesto a consumidores finales y resoluciones de la ex-AFIP con sanciones para quien les mostrara el IVA. Pero no existen a nivel provincial.

Desde Lógica enviamos cartas en enero a los 24 gobernadores preguntándoles si adherirían y si, durante el proceso, sancionarían a quien voluntariamente visibilizara Ingresos Brutos y tasas. CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones contestaron que sí adherirían y que no sancionarían. Misiones agregó que “ni se tomarán represalias”. Las seis respondieron eso porque no se prevén sanciones en ninguna provincia para la visibilización voluntaria. De hecho, en Tres de Febrero la tasa de Seguridad e Higiene ya se expone voluntariamente en supermercados, tras la propuesta del intendente Valenzuela, un 0,875%, entre las más bajas.

¿Pero provincias y municipios no podrían ahora emitir una sanción para la visibilización voluntaria?

Sí, pero sería inconstitucional e impensable. Si la sociedad civil reaccionó como lo hizo ante el proyecto de tasa al gas metano (“impuesto al pedo”), o a la tasa al metegol de Miramar, o a la ambiental del 2% de Pilar, puede anticiparse la mayor reacción ante una sanción por decir la verdad fiscal al consumidor, contra la Constitución y la ley 27.743. Redes y medios explotarían, con alto costo político. No cesaríamos de exponerlo desde Lógica.

¿Pero los mandatarios no podrían tomar represalias?

Sí, aquella respuesta desde Misiones por algo se dio. La toma de represalias es parte del país más gravoso del mundo, bajo la forma de inspecciones, fiscalizaciones o inhabilitaciones. Pero eso depende de cuántos comercios se sumen a la “rebelión del ticket”. Cuando quienes salen a hacerle frente a los abusos de un gobierno son pocos, no la pasan bien. Pero cuando se suman muchos, la represalia es impracticable. Y, de ocurrir, podría denunciarse con repercusión en medios y redes.

¿Por qué la rebelión del ticket” funcionaría?

Primero, por el antecedente de Brasil, país similar en cuanto a fallido fiscal, con su Ley del Ticket de 2012. Allí hubo un triple efecto. Uno inmediato: los impuestos no aumentaron más, funcionó como techo. No es poco. Ningún mandatario quería figurar en el ticket y en los medios, agravando una situación insoportable (ejemplo, 40% de impuestos en naftas). Pagaría su voracidad fiscal en las redes y las urnas. A mediano plazo, empezaron ciertas bajas puntuales por demanda de la gente (ejemplo, restaurantes).

A largo plazo, llegó la primera gran reforma tributaria, gradual a la baja desde 2026 (34% a 27% de impuestos al consumo). Este régimen fue demandado por la sociedad civil, liderada por el empresariado, en especial por el sector de consumo masivo, ideada por Afif Domingos, político y expresidente de la Asociación Comercial de San Pablo. Todo con viento en contra, épocas de Dilma Rousseff, y con el sistema tributario por lejos más complejo del mundo, cinco veces más que el argentino (según el Banco Mundial). Si se implementó de la nada y funcionó allá, mucho más debería funcionar acá, contando con la experiencia de este precedente exitoso.

Segundo, nos basamos en lo que pasó en 2024, al crearse la anterior tasa ambiental de Pilar, fija de $59 por ticket. Los supermercados la visibilizaron voluntariamente en los tickets e incluso programaron dar un “ok” expreso en las cajas de autopago. Altos funcionarios de la intendencia se apersonaron indignados ante las cadenas exigiendo que desistieran. No lo hicieron. Una de ellas les ofreció poner un stand para que la intendencia explique a los clientes a qué se destinaría la tasa en Pilar, lo que no fue aceptado. La tasa generó quejas de los pilarenses, con repercusiones en medios y redes. Repetimos, por $59 por ticket. Acciones similares, mediante carteles, se llevaron a cabo en Lanús, cuando la tasa se elevó al 6%. Ahora, esa tasa Ambiental fija de Pilar se elevó al 2%, que sumada a la del 4,5% de Seguridad e Higiene (la visibilizada en Tres de Febrero), da un 6,5% total del precio sin IVA. En una compra de $110.000, serían $6000, unas cien veces aquella tasa fija. Más 5% de Ingresos Brutos ($4500 aprox). Si hacemos regla de tres simple, cabe imaginar las reacciones.

Mirando al pasado, si se hubieran visibilizado voluntariamente no sólo la tasa fija, sino también la de seguridad e higiene (4,5%) en Pilar, puede asegurarse que esa municipalidad no hubiera podido aumentar sus tasas al supermercado en 2% más. Ni tampoco Lanús podría haberla elevado al 6%. Ni tampoco otras muchas municipalidades del país, que las están aumentando incentivadas por la Corte Suprema y su pésimo fallo “Esso con Mun. de Quilmes” (2021) que está generando en forma innecesaria todo este descontrol.

Mirando al futuro, la visibilización voluntaria sería una enorme contribución de los comercios y servicios al consumidor para con la ciudadanía, liderados por los supermercados que son los que han dado relevantes signos de cambio de actitud en el sector empresario para con los abusos fiscales del sector político, en defensa directa de los ciudadanos. Es un momento del país que no es apto para tibios. Y, a diferencia de lo que sucedió en Brasil, aquí sería con el viento a favor del Gobierno nacional, que viene exhortando a las bajas fiscales provinciales y municipales y acaba de publicar el “Portal de Transparencia Tributaria Municipal”.

Conclusiones y propuesta

No hay nada mejor como efecto concientizador masivo que los consumidores de todo el país puedan ver y sentir el impacto de los tributos totales en su ticket en cada compra, en porcentaje e importe, con cada aumento fiscal yendo del ticket a medios, redes y urnas. Ojos que ven, bolsillo que siente.

Desde Lógica proponemos que todos los comercios y servicios al consumidor visibilicen voluntariamente en los tickets los tributos provinciales y municipales que “tienen incidencia en la formación de los precios” (art. 99 Ley 27.743). Por ejemplo, en los supermercados de Pilar se visibilizarían Ingresos Brutos (5%) y las tasas de Seguridad e Higiene (4,5%) y de Protección Ambiental (2%), en porcentaje e importe. Cuando se designe el “agente de cálculo” (en proceso) se visibilizarán dichos tributos en toda la cadena (similar a Brasil). Este proceso podría implementarse gradualmente en todo el país, empezando por las municipalidades más gravosas y siguiendo por las demás. Exponiendo a los gobernadores e intendentes más gravosos y destacando a los más razonables. Los vendedores deberían sumarse en tal cantidad que se diluya el “riesgo a una represalia”.

En general, las rebeliones implican desobedecer la ley o la autoridad. Pero esta es para cumplir un mandato constitucional y una ley nacional que los gobernadores rechazan, y sin violar normas locales. Una “rebelión del ticket” hecha desde la institucionalidad, en favor de la transparencia y ciudadanía. Es importante que estas acciones vengan de la sociedad civil, en forma apartidaria. Pero vendría bien un empuje del Gobierno nacional. La implementación implicará algún esfuerzo y costo para los vendedores, pero sería mínimo comparado con seguir pagando estos aumentos y los que podrían venir de las tasas más altas del mundo por tiempo indeterminado.

Nada más políticamente correcto que exigir y aplicar transparencia desde la sociedad civil. Nada más políticamente incorrecto que la rechacen gobernadores e intendentes. Nunca más aplicable la célebre frase “no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”.

El autor es presidente de la ONG Lógica

Por Matías Olivero Vila

• Comunidad de Negocios

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