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Temen que sea distorsiva la ley contra monopolios
Rechazo: a los empresarios les preocupa que el tribunal que deberá aprobar las operaciones se convierta en un foco de corrupción; limitaría la expansión.
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Los hombres de negocios y quienes son consultados por las empresas a la hora de evaluar oportunidades de negocios creen que la ley antimonopolio aprobada anteayer puede alterar el proceso de los negocios.
Si bien creen que la reglamentación de la ley puede mejorarla al corregir las lagunas del texto aprobado, temen que en la práctica se puedan crear arbitrariedades o focos de corrupción. La reglamentación podría quedar en manos del próximo gobierno, porque se haría en los 120 días luego de publicada la ley.
Vicenzo Barello, presidente del Grupo Fiat en la Argentina, dijo a La Nación que la empresa "está a favor de la libre competencia, para eliminar o reducir los monopolios, pero es importante evitar el exceso de burocracias". Barello cree que "si existen acuerdos entre empresas genuinos, para unir fuerzas y ser más competitivas", la burocracia no debe trabarlos.
Una de las cláusulas más criticadas de la ley es la que obliga a empresas mundiales que muevan más de US$ 2500 millones a pedir autorización para una compra o fusión, sin importar el tamaño de lo que van a comprar en la Argentina. El tribunal tendrá 45 días para aprobar o no una operación, lo que para los empresarios es un plazo demasiado largo.
Uno de los principales hombres consultados por empresas de todo el mundo para decidir una fusión o una compra en el país cree que la nueva ley "va a desalentar muchas inversiones. El monopolio se puede generar o no en la Argentina, ¿qué tiene que ver lo que facture una empresa en el resto del mundo? Ese tribunal que debe decidir creo que dará lugar a presiones y a corrupción".
Para Orlando Ferreres, que también trabaja en la consultoría de fusiones y adquisiciones, "la medición del mercado que va a ocupar una empresa fusionada o la compradora puede dar lugar a arbitrariedades. Habrá que trabajar muy bien la reglamentación para evitar desvíos. En el resto del mundo existen estos procesos, pero son más rápidos".
La posición de uno de los principales fondos de inversión extranjeros es terminante. "Es una vuelta al pasado. La ley tiene una estructura que no tiene nada que ver con la economía global. Además nos pone un techo respecto de las empresas brasileñas, y nosotros queremos competir a nivel regional. Y el sistema del tribunal puede transformarse en una cabina de peajistas", dijo una fuente del fondo.
Cree que la legislación puede castigar especialmente a los bancos, las telefónicas, empresas de cable y petroleras. "Es un chaleco de fuerza. Y sería un final muy contradictorio para este gobierno, que se basó en la libertad para los negocios", concluyó.
Para Jorge Ottamendi, del estudio G. Breuer, "habrá que tener mucho cuidado, porque lo que está haciendo el Gobierno es decidir el tamaño de las empresas en la argentina, cuando hay que competir con las brasileñas".
Por César Illiano
