Un balance social de la década kirchnerista

Desde que comenzó la recuperación económica en abril de 2002, el crecimiento del producto y el derrame han eclipsado parcialmente la preocupación por consolidar un proceso de desarrollo que siente las bases para la inclusión social de largo plazo.

En primer lugar, hay que reconocer que la cuestión social ha sido uno de los ejes centrales del relato y en forma parcial de la agenda de los Kirchner. Podemos enumerar una larga lista de logros, más allá del debate acerca de si fueron alcanzados gracias a la generosa coyuntura del mercado de granos.

Medidas que contribuyeron al bienestar fueron, entre otras, la universalización de los beneficios para la niñez y para los jubilados. Específicamente, esto se refiere a la instauración de la Asignación Universal por Hijo (AUH), derecho humano básico y no subsidio según Kliksberg, y a la extensión e indexación de las jubilaciones a aquellos inactivos que no habían contribuido al sistema previsional. Fueron positivos también los aumentos de salario mínimo y las paritarias.

El marco laboral mejoró y mucho. Inicialmente, la fuerte devaluación del peso generó un cambio de precios relativos favorable al mercado laboral, lo que alentó la creación de empleos gracias al incremento de la competitividad cambiaria. De este modo, desde el 20,4% de desocupación observado a comienzos de 2003, la tasa se ubica hoy en torno al 7%, con 3,4 millones de empleos creados en el período. Esta recuperación tuvo un impacto innegable en el consumo y, por lo tanto, en el bienestar. La bonanza se reflejó en las urnas.

La pobreza, otro indicador social clave, cayó parcialmente en este mismo período, sobre todo en el primer mandato K. Mientras que en el primer semestre de 2003, 54% de los individuos eran pobres y alrededor de 27,7% eran indigentes, las últimas cifras no oficiales y confiables nos hablan de valores cercanos a un triste 22% para la pobreza (guarismo de 6,5% si se toma el Indec).

Sin embargo, debemos también señalar deudas pendientes con la sociedad y, en especial, con los excluidos. Son cuestiones que todavía no han sido abordadas en forma integral y que apuntan a la esencia misma de la política económica.

Una primera deuda es la tergiversación de los indicadores sociales. En primer lugar se comunica en forma inapropiada desde 2007 la inflación, y en forma derivada se altera el dato de la pobreza. Mientras que el organismo oficial registra 2,6 millones de pobres y 680.000 indigentes, mediciones alternativas como las del Observatorio de la UCA, que consideran otra tasa de inflación, presentan la cifra creíble de aproximadamente 8,7 millones de pobres y 2,2 millones de indigentes.

No se han establecido planes B que protejan a los pobres en una potencial fase recesiva. En términos sociales, se echa en falta un seguro a la chilena (ellos lo armaron con el cobre; el nuestro podría estar basado en los precios elevados de la soja), que suministre, como muchos analistas advierten, recursos en tiempos de recesión.

La Argentina está perdiendo el ambiente económico favorable básicamente por errores de política pública. El modelo se ha deteriorado, si es que todavía existe como tal, y la tasa de crecimiento más baja a esperar hasta 2015, con una inflación instalada en 25% que puede escalar, afecta directamente a la pobreza y al empleo. Nuevamente, como en los 90, la realidad señala que estamos desperdiciando una oportunidad valiosa de convertir crecimiento en desarrollo con inclusión, aunque todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.

Los temas de esta importante agenda pública social podrían incluir, entre muchos otros aspectos, las siguientes consideraciones que procuran contribuir al debate:

• La sintonía fina y el gradualismo en temas sociales son peligrosos. Las reformas estructurales como la de la AUH para disminuir indigencia son clave, por ejemplo, para cambiar la realidad social.

• La inversión arrastra empleo y éste supone mejores condiciones de vida. La buena macro es fundamental, y por eso, el descenso de la inversión que se advierte en 2012 es perjudicial para la pobreza.

• Falta sumar más clase media y recuperar nuestra histórica movilidad. Brasil fue un ejemplo de inclusión al incorporar 40 millones de personas a este segmento desde 2002 hasta 2012.

• A partir de la democracia somos más desiguales los argentinos y no por culpa de ella. La desigualdad genera mayor delito, que es lo que más preocupa a la sociedad.

• Es clave una reforma impositiva en favor de los pobres y un aumento en la calidad de la educación, utilizando los recursos más generosos que están disponibles.

• La percepción generalizada es que los planes sociales atentan contra la cultura del trabajo, hay que reorientarlos para que no pierdan validación social.

• Es un gran activo de este Gobierno que no haya habido recesión en casi 10 años, porque la pobreza crece con las caídas fuertes del PBI. Hay que cuidar la volatilidad macro.

• El populismo cambiario proporciona bienestar de corto plazo, hasta que una corrección brusca del dólar fuerce un ajuste con crisis social.

• La inclusión como política de Estado se complementa con la acción de las ONG, con la responsabilidad social empresaria y con el rol de la familia como eje de la política social, pero nunca las tres últimas pueden sustituir la acción del gobierno.

Como conclusión, se ha hecho bastante pero hay que actuar sin piloto automático porque el derrame del crecimiento no es suficiente para cambiar la matriz social.