Un "blindaje" que ya genera polémica con sordina

Aunque sigue siendo una incógnita la política macroeconómica que aplicará Alberto Fernández cuando inicie su gestión presidencial, en el sector energético hace tiempo se descuenta que enviará al Congreso un régimen especial para promover la exportación de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta.

Mucho antes de las PASO, en junio, Guillermo Nielsen había revelado en la Experiencia IDEA Neuquén, que estaba trabajando en ese proyecto de ley en contacto con varias empresas petroleras. Esto no significa necesariamente que vaya a hacerse cargo del área energética del próximo gobierno (incluso en los últimos días su nombre pasó a sonar como futuro ministro de Hacienda y Finanzas).

Uno de los borradores, referido específicamente al GNL y cuyo contenido se anticipa en esta edición, confirma el virtual "blindaje" para las futuras inversiones con destino exportador. De ser aprobada, la ley les asegurará libre disponibilidad de divisas y estabilidad fiscal y regulatoria durante 25 años, además de desgravaciones y otros generosos beneficios impositivos.

Por eso se la propondrá como una política de Estado que atraviese varios gobiernos, aunque algunos trascendidos ya vienen generando polémicas con sordina dentro del oficialismo entrante y saliente e incluso en el sector.

A la hora de buscar una tabla de salvación para la recurrente restricción externa que padece la economía, acelerar la extracción y puesta en valor de los enormes recursos de Vaca Muerta se presenta como una potencial fuente de divisas que revierta la deficitaria balanza de pagos. Por lo pronto, en el último año, la combinación de menor demanda interna y mayor producción de gas natural generó en el verano excedentes que fueron exportados a Chile y la sustitución de importaciones se limitó a atender el mayor consumo estacional de los meses invernales. Esta mejora, incluso, permite ahora minimizar el impacto de un eventual corte de suministros desde Bolivia debido a la crítica situación en ese país.

Pero convertir a la Argentina en un país exportador a gran escala de hidrocarburos y llegar a un oasis de dólares requiere un flujo continuo de millonarias inversiones en la misma moneda.

A diferencia de los yacimientos convencionales, donde la inversión inicial es clave para cuantificar reservas y producción (que viene declinando a un ritmo de 3,3% anual), en Vaca Muerta depende directamente de la cantidad de fracturas (fracking) en los pozos horizontales de las actuales y futuras áreas de desarrollo. A mayor inversión, mayor extracción y viceversa. Por caso, el congelamiento parcial de precios del petróleo y combustibles líquidos que concluyó esta semana, tuvo como efecto inmediato la desaceleración de esas inversiones. Paralelamente, las maxidevaluaciones de 2018 y 2019 trastocaron el traslado a tarifas (congeladas hasta fin de este año) de los precios en dólares del gas natural y obligaron al gobierno de Mauricio Macri a compensar parcialmente la diferencia cambiaria, en 30 cuotas, a las empresas productoras.

Como la actual capacidad de producción de gas de VM supera a la de transporte, se necesita ampliar la infraestructura asociada; también con fuertes inversiones privadas, ya que el sector público no está en condiciones de encararlas.

Según se precisó en una reunión técnica realizada en el CARI, la proyectada planta de procesamiento en Tratayén (Neuquén) demandaría US$1000 millones, mientras que tender desde allí en dos tramos un nuevo gasoducto troncal de 1000 kilómetros hasta Cardales (cuya licitación acaba de ser postergada por la Secretaría de Energía ante el cambio de gobierno) otros US$2000 millones. Y la instalación de una planta de licuefacción en Bahía Blanca para exportar GNL a mercados extra regionales, un total de US$ 8000 millones, divididos en cuatro módulos. A su vez, la inversión para completar el Gasoducto del Nordeste (GNEA) y ampliar la capacidad de los existentes para exportar mayores volúmenes a Chile, Brasil y Uruguay, se calcula en US$ 4100 millones.

Esa enorme inversión, con los incentivos en ciernes, alcanzaría para abastecer totalmente la demanda interna y exportar commodities a precios competitivos. Sin embargo, el escenario ideal no sería sólo generar más divisas, sino un volumen de producción que permita además en pocos años bajar los costos para la industria y la generación de electricidad y que se trasladen a los consumidores, además de fortalecer cadenas de valor como la petroquímica. Este es el punto de partida de un incipiente debate político y económico, que promete tomar más temperatura después del 10 de diciembre.

En el reciente aniversario del Instituto de Energía General Mosconi, su titular Jorge Lapeña afirmó que una política de Estado debe ser implementada mediante un acuerdo entre partidos políticos representativos de una mayoría parlamentaria que asegure su continuidad, aún frente a cambios del Poder Ejecutivo, lo cual le otorgará mayor jerarquía que a la política de un gobierno o a una política corporativa sectorial. También sostuvo que esa política del Estado tiene que materializarse con un plan energético estratégico de largo plazo que también debería ser aprobado por ley del Congreso.

Desde otro enfoque, el economista Ricardo Arriazu fue más contundente en una reunión reservada con ejecutivos petroleros. Allí planteó que debería discutirse la justificación de inversiones multimillonarias para atender la demanda interna de tres meses al año, que podría cubrirse con importaciones. Y si la planta de licuefacción para exportar GNL debería instalarse sobre el océano Atlántico o el Pacífico (en asociación con Chile), debido a la mayor demanda proyectada de los mercados asiáticos. También sostuvo que la Argentina debería exportar gas a través de productos agrícolas con fertilizantes nitrogenados (de base petroquímica), que aseguran mayores rindes, en vez de limitarse a commodities.

A su juicio, Vaca Muerta es una oportunidad y un gran peligro, ya que el blindaje debería extenderse a toda la economía y que no hay forma de desdolarizar los precios de la energía al consumidor sin aumentar los subsidios. En la misma línea, afirmó que sin desarrollo de Vaca Muerta o con congelamientos (de precios) no habrá superávit de cuenta corriente. "En la Argentina no hay escasez de divisas, sino un déficit fiscal crónico y el sector público se endeuda para seguir gastando. No es lo mismo que invertir. Nosotros nos endeudamos para financiar consumos y si gastamos el superávit (externo), no habrá superávit. Mejor será crear un fondo anticíclico o intergeneracional", propuso, a la manera del modelo de Noruega.

Aun así, Arriazu estimó que si se hacen las cosas bien, se podría aspirar a una cuenta corriente superavitaria de US$8000 millones hacia 2023/24 y de US$27.000 millones en 2030, que la exportación de shale oil es más sustentable que la de GNL y que se abre una ventana de oportunidad, ya que un estudio de la matriz energética de los países emergentes revela que habrá demanda externa de petróleo durante los próximos 30 años.

También en el mismo encuentro, su colega Miguel Ángel Broda afirmó que la Argentina tiene un récord mundial de inestabilidad macroeconómica y que, si no se logra un escenario de estabilidad sostenible que permita financiación externa a tasas de 4/5% anual, "el blindaje es un chiste".

Por lo que vino trascendiendo hasta ahora, el proyecto de ley incluiría un capítulo petrolero, que prevé ratificar los precios internacionales para el mercado local (suspendidos durante tres meses después de las PASO) y que los dólares de exportación serán depositados en un fondo externo, también con libre disponibilidad para ser utilizados en inversiones o bien como garantía para que empresas de capital local puedan acceder a financiamiento a menor costo. Con efecto de corto plazo, la iniciativa fijaría como referencia la variedad de petróleo WTI (West Texas), que cotiza actualmente casi 10% por debajo del Brent. Y que si aumentan los saldos exportables, el precio sin impuestos de los combustibles debería alinearse con la paridad de exportación, 40% más baja que la de importación. Esta variante implicaría que las tres principales petroleras (que concentran 90% de la oferta) resignarían ingresos equivalentes a US$1400 millones anuales a cambio de estabilidad legal de reglas.

En poco más de un mes, la dirigencia política argentina deberá ocuparse de debates más conducentes que discernir si en Bolivia hubo o no un golpe de Estado.

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