Un diputado opositor solicitó a la AGN una auditoría integral de la privatización de AySA antes de que pase a manos privadas

Guillermo Michel, diputado de Unión por la Patria (UxP) y cercano a Sergio Massa, solicitó formalmente al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, que se realice una auditoría integral de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), a pocas semanas de la fecha límite que se estableció para la firma del contrato que determina el traspaso de la empresa.

Exdirector general de la Aduana, Michel es integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, lo que le otorga la facultad de pedir investigar el proceso de transferencia.

“Solicito a la AGN que resuelva incluir en el Programa Operativo Anual 2026 y dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en AySA”, expresó el legislador en su presentación formal.

El legislador ya había cuestionado la operación la semana última. “Nosotros podemos hablar de números, pero al final del día estás hablando del agua de la gente y a quién le vas a reclamar cuando le corten el agua a un vecino de González Catán. ¿Le van a mandar una carta al fondo de inversión de Holanda? ¿Quién le va a contestar? ¿La Reina Máxima? Están avanzando sobre cuestiones básicas de las personas", dijo en declaraciones radiales.

El pasado 22 de octubre, el Gobierno adjudicó la licitación para privatizar AySA por US$340,2 millones a un consorcio integrado por Rowing SA, vinculada con Walter Román; Arcos Saneamento e Participações SA; PHX Aqua AR BV y Transclor SA, de Mauricio Filiberti, conocido como “el Rey del Cloro”.

La operación contempla la venta del 90% de las acciones de la compañía que pertenecen al Estado nacional y que presta servicios de agua potable a 14 millones de personas.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el ministro Luis Caputo, dio por aprobada la segunda etapa de la licitación pública nacional e internacional y adjudicó el proceso al consorcio que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito elaborado por la comisión evaluadora.

La firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones previstas para concretar la operación serán las próximas instancias. Se fijó como fecha límite el próximo 13 de noviembre para la rúbrica.

La privatización de AySA se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa sujeta a privatización, y en el decreto 494/2025, que autorizó la venta de la participación estatal. La modalidad prevista contempla la transferencia de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante una licitación pública, junto con la venta del remanente de las acciones estatales que no se enajenaran por ese procedimiento.

Sin embargo, la licitación adjudicada en esta instancia comprende la totalidad de las acciones que posee el Estado nacional, equivalentes al 90% del capital social de la empresa. La resolución establece que el consorcio ganador deberá adquirir ese paquete accionario, mientras que el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada, que lo gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.

Además del precio, la concesión ganadora deberá invertir US$1940 millones en el primer quinquenio y US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión, que vence en 2056 y admite una prórroga por 10 años más. Las metas para la primera década prevén que la cobertura de agua pase del 75,3% actual al 78,9%, y la de cloacas del 63,9% al 65,3%.

LA NACION

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