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Un grupo de clínicas corta la atención de guardia a afiliados al PAMI y crece la preocupación por el retraso en los aranceles
Prestadores de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut comunicaron la decisión de restringir prestaciones; advierten que se acumula un retraso de 75% en el monto de lo cobrado; según la obra social, se las convocará para seguir dialogando; hay quejas de entidades de todo el país
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LA NACIONSilvia Stang
Un grupo de clínicas y sanatorios de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut anunció que a partir de este miércoles, 3 de junio, se suspenderá “la atención bajo cobertura de PAMI de las consultas de guardia”, aunque se mantendrá la atención de emergencias.
La medida fue decidida ante la falta de respuesta a los reclamos por los aranceles, a los que consideran retrasados en un 75%, frente a la inflación acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
En igual sentido, un grupo de seis asociaciones y cámaras de prestadores de todo el país advirtió también hoy que “la continuidad de la atención médica de millones de jubilados y pensionados atraviesa una creciente preocupación”, dada la falta de reajustes adecuados a los aranceles. Y agregó que es necesario que se avance en un esquema de actualización “que refleje la satisfacción de los costos reales del sector” y, a la vez, en un “modelo prestacional más simple, transparente y sostenible”. Además, pidieron revisar los mecanismos de contratación y financiamiento de ciertas prestaciones y que exista “una gestión clara, previsible y debidamente fundamentada de los débitos y ajustes aplicados a la facturación”.
En el caso de las instituciones de las cuatro provincias mencionadas en el primer párrafo, la limitación anunciada se suma a las restricciones a la atención que ya existen, como consecuencia de decisiones de la obra social de jubilados y pensionados. Por ejemplo, la imposición de cupos a las prestaciones ambulatorias, que provoca que algunos afiliados se queden sin atención “en la primera quincena de cada mes”, y que produce una acumulación en la demanda de turnos en determinados períodos.
Según especificó, en diálogo con LA NACION, Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII, de la ciudad rionegrina de General Roca, el PAMI dispone la vigencia de dos cupos: uno por afiliado y uno por prestador. El primero, evaluó el directivo, tiene lógica si está fijado con buen criterio, “en la medida en que, cuando se supere, se pueda auditar y darle curso al pedido [de atención del paciente] si está justificado”. El segundo, consideró, “no tiene ninguna lógica, más que establecer un tope al gasto, sin ningún criterio sanitario; es el que ‘llega primero’ y eso va generando una demanda contenida” de los afiliados.
En un comunicado emitido hoy, las instituciones también advirtieron que hay cirugías que “no se pueden realizar” porque el PAMI no provee los materiales necesarios, y “el costo es imposible de ser absorbido por los prestadores con los aranceles actuales”. Citaron, como ejemplo, las neurociugías, las cirugías urológicas y las endoscópicas.
En cuanto a los aranceles que cobran, las clínicas -en las que se atienden unos 300.000 afiliados al PAMI, según fuentes del sector- señalan que en un período de dos años y medio el retraso es de un 75% en relación a la inflación.
Ante la consulta de LA NACION, en el PAMI señalaron que se está analizando el reclamo de aranceles de los prestadores. “Los vamos a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario. Ya hemos estado en negociaciones, que persisten hasta llegar a un acuerdo”, indicaron. Y agregaron que la Patagonia tuvo, históricamente, “un nomenclador más alto que el resto del país y el PAMI siempre hizo el esfuerzo en mantener ese compromiso”.
De acuerdo con las entidades, en una reunión mantenida dos semanas atrás con el director de la obra social, Esteban Leguízamo, se les expresó que existiría la posibilidad de una suba de los montos cobrados “que no llega al 4%, a aplicar en los próximos meses, y un ajuste puntual, en ciertos estudios de imágenes y prácticas de muy baja incidencia”. Todo eso, evaluaron, “no resulta un principio de solución” ante los reclamos hechos.
“Luego de esa reunión -se indicó en un comunicado-, por nuestra parte volvimos, una vez más, a presentar alternativas de actualizaciones parciales. Pero, a la fecha, no hemos tenido avances de ningún tipo, ni expectativas o indicios de que ello vaya a ocurrir”. Ante ese escenario y tras un tiempo de mantener las prestaciones en términos “normales”, agregó el escrito, “no nos queda otra alternativa que retomar limitaciones de servicios”.
El conflicto y la decisión de tomar medidas de restricción a la atención no son novedosos. En abril pasado se habían suspendido las cirugías programadas sin carácter de urgencia. Y luego se anunciaron mayores limitaciones, a falta de una respuesta satisfactoria.
Sabalette especificó que desde diciembre de 2023 el reajuste de aranceles fue de 130%. En el período, la inflación acumulada según el dato del Índice de Precios al Consumidor del Indec y las estimaciones de economistas superó ya el 300%, por lo que haría falta una suba de 75% para igualar la evolución de ambas variables. “No cubrimos costos y las brechas son insalvables”, afirmó el directivo.
En el caso de las entidades que representan a prestadores de todo el país, el comunicado emitido se refiere a “un retraso de 102% de los valores” y a ofrecimientos de incrementos de apenas 1,9% para junio y 1,9% para julio, “que impactarían recién en las liquidaciones de agosto y septiembre de 2026″.
El pago por módulos
En particular para los prestadores de la región patagónica, el sistema de pagos es por módulos de atención. Por ejemplo, hay módulos por internación en sala, por internación en terapia, por atención en guardia, o por cada tipo de cirugía. El módulo implica un monto global por honorarios, medicamentos, materiales, insumos y costo de la infraestructura sanatorial.
El valor por atención en guardia, por ejemplo, es de $70.000, un importe que incluye “atención del médico, prácticas de enfermería con sus materiales, suturas, prácticas de laboratorio, radiografías, ecografías, electrocardiogramas y ciertos medicamentos”, explicó el directivo. Y agregó: “Si bien obviamente no se utiliza todo en cada caso, cuando se suman los costos y se calcula el promedio, el valor supera el precio del módulo”, solo considerando los costos directos (sin tener en cuenta lo necesario desde lo estructural para que la guardia pueda estar en funciones).
Según los centros de prestación de salud de estas jurisdicciones, la atención a afiliados del PAMI representa, en promedio, entre el 30% y el 40% de sus ingresos. Las instituciones que firman el comunicado emitido hoy en el que se anuncian las restricciones en cuatro provincias son las clínicas San Miguel y del Valle, el Instituto Pueblo de Luis, el Sanatorio de la Ciudad y el Instituto Cardiovascular Rawson, en Chubut. En Río Negro, Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. De Neuquén, ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. Y en La Pampa, el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo, la Clínica Regional, la Clínica Santa Teresita, Diagnóstico Integral Médico y Fundación Faerac.
Por su parte, el comunicado de entidades representativas de prestadores distribuidos en todo el país fue firmado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba), Salud Federal y la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Confeclisa).
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