Un poco de acelerador y un poco de freno

Ahora que la inflación se instaló en 12% anual, cada medida económica del Gobierno obliga a una doble lectura para saber si ayuda a bajar o subir de ese incómodo escalón. Lo que hasta hace algún tiempo era reactivante, hoy puede ser inflacionario. Después de tres años de crecimiento al 9% anual, y con la mayoría de los sectores que operan al máximo de su capacidad, la estrategia de acelerar a fondo con la demanda interna puede resultar riesgosa si en algunos casos no se pisa el freno.

La novedad es que Néstor Kirchner parece estar buscando, de manera desordenada y poco explícita, un nuevo equilibrio en el uso de los dos pedales.

Aunque estuviera prevista, la oportunidad y la forma en que se elevó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias significó algo más que poner el pie en el acelerador del consumo de la clase media. La política pesó allí más que la economía.

Por lo pronto, la foto de la Casa Rosada le devolvió protagonismo a Hugo Moyano a un costo fiscal de 1500 millones de pesos anuales, justo cuando se desencadenaba la crisis política en Santa Cruz y se incubaba un movimiento de piso por parte de los "Gordos" de la CGT.

Paralelamente, Kirchner pudo aprovechar por primera vez la desmarcación del Fondo Monetario, después de haberse dado otro gusto caro como cancelar por anticipado la deuda con el organismo. Tradicionalmente, el FMI rechazó cualquier elevación del piso salarial de ganancias. Una prueba de ello es la desactualización en que había caído el mínimo no imponible, a tal punto que el aumento retroactivo a enero apenas queda a mitad de camino de recuperar la erosión inflacionaria registrada en los últimos cuatro años. Ni tanto, ni tan poco.

La decisión presidencial no sólo se precipitó -tenía tiempo hasta fin de abril para adoptarla- sino que pasó por arriba de lo que le aconsejaban los propios técnicos del Ministerio de Economía. Hasta hace pocas semanas, la propuesta del Palacio de Hacienda consistía en subir muy poco el piso de ganancias, compensándolo con un cambio en las escalas de deducción del impuesto que finalmente no se produjo. Como nadie le dice que no al Presidente, la medida resultó bastante rústica: si bien 500.000 trabajadores en blanco quedarán fuera del impuesto y tendrán un aumento automático en sus sueldos de bolsillo, eso no les evitará futuros dolores de cabeza. En la medida en que progresen dentro de la escala salarial, algunas mejoras quedarán en las arcas de la AFIP.

Desde el punto de vista redistributivo, además, el aumento significa restarles recursos a las provincias (ya que se trata de un impuesto coparticipado) y a los sectores de menores ingresos (desocupados y jubilados) que dependen exclusivamente de la asistencia estatal. Para el grueso de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, el cambio impositivo tiene un efecto casi nulo. Aunque una parte se recuperará a través del IVA, se trata de una transferencia de fondos del Estado al consumo privado. Como la recaudación viene aumentando, en parte por la mayor inflación, probablemente esos sectores más pobres tendrán alguna compensación en el futuro próximo. Sin embargo, este despliegue de caja comenzó a preocupar a los pequeños y medianos empresarios que esperaban la sanción de la ley que les permitirá desgravar del impuesto a las ganancias las inversiones que realicen a partir de este año. Este proyecto, que tiene un costo fiscal de 1700 millones de pesos anuales, duerme desde hace varios meses en el Congreso. El mismo gobierno que en su momento lo consideró prioritario para aumentar la capacidad productiva de las empresas, crear nuevos puestos de trabajo formales y contribuir a bajar la inflación a través de una mayor oferta, no ha hecho hasta ahora ningún esfuerzo por despertarlo. Moyano tuvo prioridad.

Tanto dentro como fuera del Gobierno se acepta que el aumento salarial implícito en la reforma de ganancias contribuirá a moderar los reclamos de los gremios en las próximas paritarias, que constituirán un test para el futuro de la inflación. De hecho, las empresas que firmaron acuerdos de precios descuentan que ello debería ocurrir. Pero no hay nada firmado en este sentido. Incluso, el gremio de camioneros ya anticipó un pedido de aumento de 30% que tendrá un efecto de demostración sobre otros sectores. Si Moyano devolverá o no la atención del Gobierno es algo que está por verse, según cómo evolucione la interna sindical.

Restricciones silenciosas

Por ahora, el Gobierno ha mantenido el silencio sobre esta eventual restricción a los reclamos sindicales, lo mismo que con respecto al pedido cegetista de elevar 30% el salario mínimo vital, a 850 pesos mensuales. Pero no hace falta demasiada matemática para advertir que aumentos de esa magnitud harían muy difícil mantener los acuerdos de congelamiento de precios, que a su vez están supeditados a lo que ocurra con los costos. En las empresas no sólo existe inquietud por estos temas sino también por el incierto impacto de los cargos sobre las tarifas de gas y luz y del futuro régimen de accidentes laborales que no apuntan, precisamente, a bajar costos.

Tal vez por esta riesgosa combinación simultánea de demanda interna y costos en alza, el Banco Central decidió finalmente comenzar a virar hacia una política monetaria algo más restrictiva. La elevación y el encarecimiento de los encajes bancarios de cuentas corrientes, anunciado con muy bajo perfil para ser aplicado a partir del mes próximo, tenderá a elevar las tasas de interés y a estimular el ahorro. No es un cambio drástico sino un paso en la dirección correcta, por más que las tasas de interés para depósitos sigan siendo negativas frente a la inflación, aunque relativamente atractivas en términos de dólar al que el BCRA le ha puesto un techo provisional de 3,10 pesos.

También fue un aterrizaje en el realismo que el presidente Kirchner apelara tardíamente al poder de los consumidores para contrarrestar el alza en los precios de la carne. Sin necesidad de boicots ni de avisos oficiales, es obvio que no hay nadie mejor que aquéllos para decidir qué compran y qué no. Quizá si esta apelación hubiera sido formulada antes, y en un contexto más constructivo, habría tenido más sentido que la absurda prohibición de exportaciones que provocará serios daños a la Argentina, tanto desde el punto de vista económico como institucional. La pérdida de mercados externos, así como del carácter de proveedor confiable a nivel internacional, tiene un costo mucho más alto y persistente que la suba del índice de precios de un mes o dos. Lo mismo ocurre con la señal contraria a la inversión que se transmite a otros sectores, por más que se trate de una jugada para forzar un futuro acuerdo de precios para algunos cortes.

Aun cuando por ahora es imposible saber si la política económica apuntará a acelerar o a frenar suavemente la demanda, la experiencia indica que la inflación no es un accidente imprevisible. El problema surge cuando la política no se lleva bien con las leyes de la economía.

Por Néstor O. Scibona

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