Un régimen represivo para el proceso productivo

El desenlace del incierto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue con la moneda en el aire y rodeado de deliberadas confusiones conceptuales dentro del gobierno del Frente de Todos (FDT). Una de ellas es el sofisma de que primero hay que crecer antes de estabilizar la macroeconomía y no la secuencia inversa.

Este planteo retórico y unificador de las distintas facciones del FDT, desconoce que una y otra necesidad son recíprocas, que ambas requieren un programa económico consistente y con políticas de Estado a mediano plazo para generar confianza, sin la cual estará destinado al fracaso como recurrentemente lo demuestra la experiencia argentina.

Como nada de esto aparece en el horizonte inmediato, toma cuerpo un clima de incertidumbre y “pre-crisis” con una inercia inflacionaria por encima de 50% anual; una brecha cambiaria superior a 100% y escasez de dólares en el Banco Central, con reservas líquidas al borde del terreno negativo (camufladas por presumibles swaps a corto plazo del BIS con garantía del oro depositado en Basilea). Resulta increíble que tras el superávit comercial récord de US$ 14.750 millones en 2021, el BCRA no haya logrado acumular reservas al cabo de los últimos 13 meses debido al exceso de demanda de dólares por desconfianza.

Mientras tanto, el Gobierno se dedica a mostrar selfies del inverosímil “milagro argentino” proclamado por Joseph Stiglitz (el premio Nobel tutor del ministro Martín Guzmán), con datos del repunte productivo de los sectores que lograron revertir el desplome generalizado de 2020. Justo cuando los cortes de electricidad y la ola de contagios por la variante ómicron en plena temporada de vacaciones, provocan en distintas actividades un ausentismo laboral que afecta la producción, el transporte y el abastecimiento de productos básicos, ya visible en las góndolas de supermercados.

También emite señales contradictorias sobre la posibilidad o no de alcanzar el acuerdo con el FMI con gestiones diplomáticas a tres puntas: el gobierno de los Estados Unidos en busca de apoyo político; el viaje presidencial dentro de 11 días a Rusia (en medio del conflicto internacional por Ucrania) y su carácter de escala previa a la visita oficial a China en busca de financiamiento para grandes obras de infraestructura, mencionadas en esta columna hace una semana.

Al margen de los resultados, probablemente los mercados no esperarán para cubrirse hasta fin de marzo, fecha límite para evitar el default con el Fondo (que cuenta con un plazo de hasta 180 días de atrasos para declararlo formalmente). Así lo anticiparon esta semana la suba del riesgo país por arriba de 1900 puntos y escalada del dólar blue hasta $ 219, como efecto rezagado de la inundación de pesos provocada en el último trimestre de 2021 por el plan “platita”.

Sin embargo, el problema de fondo pasa por otros andariveles que tienen que ver con las discrepancias políticas e ideológicas dentro del oficialismo, donde el cristinismo sostiene a rajatabla su postura de que la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal no provoca inflación (escudándose en su carácter multicausal) y empuja la actividad económica.

Por un lado, el apoyo formal recibido en Washington por el canciller Santiago Cafiero se vincula con el rol de los EE.UU. como principal accionista del Fondo y su interés en que la Argentina no caiga en una cesación de pagos que la dejará sin crédito de otros organismos multilaterales. Pero no con las exigencias macroeconómicas del nuevo staff del FMI, cuyo flamante Director del Hemisferio Occidental, el brasileño Ilan Golfajn, es un viejo conocedor de los avatares argentinos, al igual que David Lipton, actual asesor de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Ambos no ignoran el retraso del tipo de cambio y las tarifas de energía en el AMBA a costa de enormes subsidios estatales que elevan el déficit fiscal y paga todo el país con más impuestos y creciente inflación. Y sólo estarían dispuestos a avalar un programa sustentable, que reduzca el déficit primario a 2% del PBI este año (frente al 3% de 2021) para alcanzar el equilibrio en 2025. Hay quienes comentan incluso que Golfajn recomendaría reducir la brecha cambiaria a través de una suba del dólar oficial –escalonada o mediante un salto por única vez– compensada por un aumento general de derechos de exportación, para prevenir un menor superávit comercial este año (50% con respecto a 2021) y reforzar ingresos tributarios.

Por otro lado, el comunicado emitido por el Departamento de Estado para alentar a la Argentina a “presentar un marco de política económica sólido que devuelva el crecimiento al país”, puede interpretarse en términos políticos como una respuesta a la evidente reedición del modelo populista e intervencionista K del período 2007/2015 que, con proliferación de cepos, controles, regulaciones y avance del “capitalismo de amigos”, reprime el desarrollo del potencial productivo y exportador e inhibe la inversión privada y la creación de nuevos empleos formales. O sea, todo lo contrario de una “economía vibrante” respaldada por el secretario Antony Blinken al recibir a Cafiero.

De hecho, una encuesta realizada por la UIA revela que la industria manufacturera registró una recuperación importante el año último (15% interanual) y 71% de los empresarios consultados consideraron un buen momento para invertir en maquinaria y equipos (presumiblemente con excedentes de pesos). No obstante, para 2022 las empresas indicaron que hace falta brindar previsibilidad, mantener un crecimiento sostenido de la economía y llevar adelante medidas que generen un alivio impositivo en las empresas, con foco en la simplificación tributaria.

Paralelamente (y fuera de ese relevamiento), varias pymes que importan insumos para producir y exportar equipos terminados se encontraron con la novedad de una reducción de 50% en los cupos para este año, fraccionados en 12 cuotas, ante la escasez de divisas, lo cual dificulta la planificación productiva.

En sectores clave capaces de generar mayores exportaciones e ingreso de dólares, como hidrocarburos, no hay coordinación entre la política económica y la energética. El virtual congelamiento de precios de combustibles desde hace seis meses con el crudo en alza, constituye un desincentivo para la producción. Y el demorado proyecto de Ley de Hidrocarburos no sólo incluye un tratamiento impositivo diferencial para YPF, manejada por La Cámpora, sino que resulta de tal complejidad –es un conjunto de regímenes de promoción de inversiones sectoriales– que conspira contra ese objetivo. En gas natural, en cambio, el aumento de producción choca contra la falta de infraestructura (gasoductos) para aumentar los saldos exportables. Y la falta de acuerdos dentro del oficialismo sobre la electricidad, hace que las distribuidoras con tarifas congeladas apenas pueden invertir en mantenimiento y son multadas por el ENRE (intervenido también por La Cámpora) por los cortes de suministro.

Otra prueba de la falta de horizonte económico es el éxodo de jóvenes profesionales en busca de oportunidades laborales en el exterior. A lo que se suma la virtual competencia de Uruguay para captar residentes argentinos agobiados por la alta presión impositiva y dispuestos a darse de baja como contribuyentes en la Argentina al ofrecerles “vacaciones fiscales” por 10 años. Según estimaciones extraoficiales, más de 12.000 contribuyentes (desde jubilados que mudaron cuentas bancarias hasta desarrolladores de software, pasando por empresarios) se sumaron a esta inmigración, que requiere residir en la otra orilla por lo menos 183 días al año, declarar una actividad, adquirir una propiedad por US$380.000 o invertir sumas de mayor magnitud en empresas. También Uruguay se benefició con el cepo argentino a las exportaciones de carnes, limitado ahora a 7 cortes populares pero hasta fin de 2023, al sólo efecto de incidir en los índices de precios a costa de resentir el ciclo ganadero y una mayor producción.