Transporte. Una discusión por subsidios que esconde la falta de hoja de ruta

Ya no hay nada homogéneo cuando de transporte de colectivos se habla. Hay realidades muy distintas según se trate de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad o el Interior. La diferencia radica en dos cuestiones: tarifas y subsidios.Cada vez hay una brecha más grande entre lo que perciben los colectivos del área metropolitana (AMBA) y los que circulan por las provincias. Este podría ser el reclamo corto, la mirada pequeña y de escritorio que por estos días ocupa una parte de la agenda de los funcionarios del Ministerio de Transporte.

Hoy el ministro Mario Meoni dijo que subirán las tarifas; se refería a las del AMBA. La caída en la recaudación por boletos se convirtió en un problema imposible de resolver desde la cuarentena.

En el interior se baila otro tango. Las provincias y los municipios siempre tuvieron la posibilidad de fijar su cuadro tarifario. Pero este año, en medio de las regulaciones especiales que surgieron en la pandemia, aparecieron algunas normas del Ministerio de Transporte. Sin querer entrar en tecnicismos establecieron un axioma con el que funcionó el año: subsidios a cambio de tarifa congelada.

Los distritos obedecieron, pero las compensaciones empezaron a no alcanzar. El desajuste entre unos y otros se convirtió en abismal. En agosto, un informe realizado por la Municipalidad de Rosario calculó que un colectivo que circula por el AMBA recibía un subsidio de $513.000 por mes; uno del Interior, $132.000.

Con aquel cepo tarifario y con los subsidios en caída, las provincias y los municipios llegaron a situaciones extremas con su transporte urbano. "Por primera vez desde 2002, el Ministerio de Transporte dejó de transferir con regularidad los fondos para el transporte de pasajeros, trasladando el problema a provincias y municipios. El sector perdió las condiciones mínimas de sustentabilidad y tiene serias dificultades para mantener los 40.000 puestos de trabajo", advirtieron desde la cámara de transporte Fatap, el 9 de noviembre pasado.

Hubo reacción: Meoni firmó la resolución 276 mediante la que transfirió el monto de subsidios a las provincias y levantó la prohibición que pesaba sobre intendentes y gobernadores. Desde entonces no están obligados a mantener el cuadro tarifario para recibir el combustible financiero.

Mientras, el AMBA no repara en gastos, en especial la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof jamás pagó con fondos provinciales la mitad de los subsidios de los colectivos provinciales. Allá lejos, cuando los gobernadores peronistas se sentaban a la mesa de negociación del Pacto Fiscal con los ministros macristas, brotaba el federalismo. Incontinentes de justicia impositiva entre las provincias, impusieron sus mayorías para pegar un fuerte golpe sobre la mesa. Todas debían poner la mitad de los subsidios. Conocían, claro, que el impacto presupuestario para la billetera bonaerense era fortísimo. Con eso condicionaban un poco más al gobierno de María Eugenia Vidal.

Kicillof jamás puso ese dinero, ni siquiera antes de la cuarentena. Siempre llegó el auxilio de la Nación para hacer frente a los subsidios.

Pero más allá de la mirada corta sobre cómo hacer frente a un sistema ineficiente, lo que está pendiente es una discusión sobre si este es el transporte que se necesitará, sobre todo, después de la pandemia.

Un dato es elocuente. "Los colectivos, que realizan el 80% de los viajes que se hacen en transporte público, ayer trasladaron 4.555.000 pasajeros, un 3% más que el jueves pasado. Representa el 47% de la gente que se transportaba un día habitual antes del aislamiento social", informó el Gobierno de la Ciudad.

Sin embargo, la política de la Casa Rosada jamás se planteó si es necesario subsidiar semejante esquema. Los colectivos viajan vacíos y otros están parados. Pero se subsidia a todos. Se eliminó el riesgo empresario y todos cobran en base a los pasajeros que llevaban antes del aislamiento obligatorio. En Buenos Aires los subsidios pasaron de $5600 millones por mes a $9600 millones. Y la paritaria los llevaría a poco más de $11.000 millones.

Cuando la plata no alcanza hay que hurgar en billeteras ajenas. Aún sin preguntarse si esas monedas irán para un sistema eficiente o uno que hay que repensar.