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Una historia de pactos con escaso éxito
Desde Menem hasta Duhalde
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Desde los días de Domingo Cavallo al frente del Palacio de Hacienda en la presidencia de Carlos Menem hasta los actuales de Roberto Lavagna, los intentos, por lo general fallidos, por fijar límites al gasto público y al endeudamiento de las provincias fueron una constante en todas las administraciones nacionales.
En 1996, mediante el Pacto Fiscal impulsado por Cavallo, la Nación se obligó a abonar a las provincias un piso coparticipable similar al del año anterior, pese a una menor recaudación en ese período. Más tarde, de 1999 en adelante, se sucedieron varios pactos con las provincias, tanto durante la presidencia de Menem como durante la de Fernando de la Rúa.
La historia más reciente muestra que el 20 de noviembre de 2000, luego de ocho días de duras negociaciones, el gobierno logró firmar con los gobernadores, en su mayoría justicialistas, otro pacto para que las provincias congelen sus gastos hasta 2005. Además, se sentaban las bases para una futura ley de coparticipación de impuestos y se garantizaba un mínimo de fondos por transferir en los siguientes cuatro años. El jefe de Gabinete del gobierno de la Alianza, Chrystian Colombo, fue el principal negociador oficial, mientras que el por entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf fue uno de los más duros opositores.
Todos los mandatarios firmaron el pacto, con excepción del entonces gobernador de Santa Cruz y actual presidente, Néstor Kirchner.
El déficit cero
En noviembre de 2001, con las riendas de la economía nuevamente en manos de Cavallo, la Nación encaró una desgastante negociación con las provincias. La administración delarruista negociaba a diario con el Fondo Monetario Internacional y tenía que mostrar resultados de su política de "déficit cero", lanzada cuatro meses antes. Después de un mes de reuniones, ofertas y concesiones, las provincias firmaron un nuevo pacto fiscal: el Gobierno pagaba sus deudas con los distritos, parte en efectivo y parte en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop) y aplicaba un recorte del 13% en los fondos a girar al interior.
Con Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo, los pactos con las provincias tampoco estuvieron ausentes. A principios de febrero de 2002, el gobierno del bonaerense, que estuvo fuertemente apoyado por las administraciones provinciales, firmó con éstas un compromiso para la reforma del sistema político argentino. Este acuerdo implicaba eliminar jubilaciones de privilegio, readecuar los gastos de las legislaturas y reducir las estructuras de gobierno, entre otros puntos.
Este convenio entre Nación y provincias era el preludio de un nuevo pacto fiscal, firmado a fines de febrero de ese año. Mediante esta nueva norma se eliminó el piso mínimo de fondos coparticipables que la administración central enviaba al interior del país y se estableció que los gobiernos provinciales deberían reducir un 60% de sus déficit fiscales.
