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Una pelea en el transporte automotor generó una disputa judicial sin precedentes
Un grupo empresario contra cuatro cámaras sectoriales, dos fiscales que investigan un mismo hecho con hipótesis opuestas, dos pericias contrarias y $6500 millones en juego: los ejes de una controversia que escala
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LA NACIONDiego Cabot
Por ahora, hay dos posibilidades. Podría ser un fraude millonario con las tarjetas SUBE en el Gran Buenos Aires que tiene a un grupo empresario como protagonista. O se podría tratar de una enorme difamación de tres cámaras de colectiveros que van con todo contra un grupo competidor.
Así de opuesta es la visión de cada parte en un enfrentamiento judicial sin precedentes entre los dueños de los colectivos metropolitanos que se instaló en el medio de los tribunales de Comodoro Py. La disputa tiene dos contrincantes. Por un lado, el Grupo La Nueva Metropol, de dos de los hermanos Zbikosky; por el otro, cuatro cámaras de dueños de colectivos, entre ellas, la que integra la poderosa compañía DOTA con alrededor del 40% de las unidades metropolitanas.
Además de las acusaciones, de una retención de alrededor de $6500 millones de subsidios y de dos causas penales, el asunto enfrenta a dos fiscalías y dos juzgados federales con expedientes que tratan sobre hipótesis contrapuestas. Es una de las batallas políticas, judiciales y empresarias más complejas y encarnizadas de los últimos años.
El núcleo del conflicto gira en torno a una supuesta manipulación u omisión intencionada del cambio de sección tarifaria. El mecanismo puesto bajo la lupa era simple: las unidades omitían cambiar manualmente las consoladoras de cobro SUBE o marcaban directamente tarifas máximas de quinta sección (correspondientes a recorridos de más de 27 kilómetros) a pasajeros que en realidad realizaban trayectos cortos, de primera o segunda categoría (de 0 a 6 kilómetros).
El resultado económico de esta supuesta distorsión fue doblemente gravoso. Por un lado, y siempre en caso de que se pruebe, perjudicó a los usuarios en cada viaje cotidiano. Por el otro —y con un volumen financiero aún mayor—, se alteró el sistema de distribución de subsidios estatales.
El punto es que la regulación vigente asigna una ponderación clave a la denominada Distancia Media Abonada (DMA). Lo que se investiga es si las prestatarias que inflaron artificialmente la cantidad de pasajes de larga distancia lograron captar una porción indebida y desproporcionada de la bolsa fija de recursos públicos que paga el fisco nacional. Como se trata de un monto global, si uno cobra más, otro percibe menos. De ahí las quejas de las empresas competidoras. Ahora bien, nada de esto está probado aún.
Para comprender la magnitud de la controversia, es necesario reconstruir la secuencia que derivó en el enfrentamiento en Comodoro Py. Todo empezó en abril de 2024, cuando la Secretaría de Transporte emitió la resolución 45, mediante la que se aprobó una nueva metodología para el cálculo del subsidio. En síntesis, le entrega mayor peso financiero a los pasajes vendidos en secciones de mayor distancia, en desmedro de los más cortos.
En mayo de 2025, varias cámaras acusaron a Sargento Cabral y otras líneas del Grupo Metropol de una “alteración masiva e intempestiva” de los boletos. Decían que los tickets de la primera sección prácticamente desaparecían y, como contrapartida, subían los más largos.
En diciembre, esas cámaras, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba, presentaron una denuncia administrativa ante el Ministerio de Economía. Mientras ese expediente sumaba los primeros movimientos en el ministerio, el denunciado grupo Metropol movió la primera ficha judicial y denunció penalmente a los presidentes de las cuatro cámaras y al exsecretario de Transporte, Luis Pierrini.
Pidió que se investiguen los delitos de defraudación contra la administración pública y estafa (o tentativa de estafa) e imputó a Roberto Rodríguez (Ctpba), Daniel De Ingeniis (Cetuba), Daniel Tenisci (CEAP) y Luis Brusca (Ceutupba), e incluyó también al exsecretario de Transporte, Luis Pierrini.
El Grupo Metropol planteó que los competidores promovieron presentaciones administrativas con datos manipulados o sin sustento técnico, para inducir a error a las autoridades y hacer una retención ilegítima de los subsidios asignados a Metropol. El monto que aún está interdicto es de alrededor de $6500 millones. Esa denuncia quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello.
Lejos de quedar ahí, la cosa se puso peor. Un par de días después, en enero de 2026, un ciudadano, Alejandro Díaz Pascual, denunció a los directivos de las empresas de La Metropol. Ese expediente, con trámite ante la fiscalía de Franco Picardo y el juzgado federal de Julián Ercolini, sumó a los cuatro presidentes de las cámaras como querellantes. Dicen que las empresas del grupo omitían deliberadamente la marcación manual del cambio de sección tarifaria en las validadoras SUBE y emitían pasajes de tarifas máximas a usuarios que realizaban trayectos cortos.
Siempre según la denuncia, la maniobra provocaba un doble impacto económico: cobraba boletos sobrevaluados directamente al pasajero e inflaba de forma artificial la “Distancia Media Abonada” (DMA). Al tratarse de un sistema de compensaciones de suma fija, esto permitía captar indebidamente una porción mayor de la masa de subsidios estatales, perjudicando las arcas públicas y restando ingresos a las demás empresas del sector.
Dos causas penales y dos pericias opuestas
Así, avanzaron dos causas penales opuestas sobre un mismo hecho. Mientras tanto, en sede administrativa, además de retener algo más de $6000 millones, empezaron las auditorías sobre 12.244 colectivos del AMBA.
Y como no podría ser de otra manera, a dos denuncias opuestas, a dos fiscales que sostienen hipótesis acusatorias diametralmente opuestas y a dos jueces federales, se sumaron dos investigaciones administrativas que dicen cosas distintas.
El primero es el “Informe de firma conjunta – Cierre de auditoría” del 8 de julio de 2026, elaborado por las direcciones de Gestión Técnica del Transporte, la de SUBE y la de Gestión de Fondos Fiduciarios, y la Subsecretaría de Transporte Automotor.
Ese documento sostiene que “no surgían elementos para afirmar la existencia de una defraudación al Estado Nacional ni un perjuicio patrimonial cierto al erario público”, además de descartar manipulación informática, hackeo o alteración externa en los dispositivos y tarjetas del SUBE.
Cuenta que las irregularidades en la marcación manual de las secciones en las consolas a bordo no constituían un hecho aislado ni exclusivo de las empresas denunciadas (Grupo Metropol / Sargento Cabral), sino que se trataba de un problema operativo extendido a casi la totalidad del sistema. Además, dice, los desvíos afectaban la métrica de la Distancia Media Abonada y alteraban la distribución interna de subsidios entre empresas privadas (un sistema de suma fija o “suma cero”), pero sin generar un mayor gasto o erogación mayor para el Estado.
El 14 de septiembre, la administración pública pareció reescribir su postura con el Informe Técnico Consolidado y Ampliatorio, que lleva la firma de Alejandro Gastón Seijas, Director Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios del Ministerio de Economía. En este documento, el funcionario consolidó datos de la CNRT y mapas de calor de Nación Servicios. Concluyó que las alteraciones en las validadoras SUBE no obedecieron a cambios en las pautas geográficas de movilidad de los pasajeros, sino a la omisión del seccionamiento a bordo para cobrar tarifas más altas.
Sobre esa base, Seijas calificó las medidas preventivas de retención de subsidios como “idóneas, proporcionales y técnicamente fundadas” y actualizó el total de ajustes del sistema nacional a $7.156.656.110,69, de los cuales la firma Sargento Cabral S.A.T. (operadora de las líneas 136, 163 y 182 del Grupo Metropol) concentró el 84,23%, acumulando un recorte de $6.028.363.505,88.
Este dictamen expuso una severa contradicción con las actuaciones previas del propio organismo. El 8 de julio de 2026, el mismo Seijas había suscripto el Cierre de Auditoría, donde afirmó de forma categórica que no existía defraudación al Estado Nacional ni perjuicio patrimonial cierto al erario público. Pocas semanas después, el 12 de agosto de 2026 (nota NO-2026-78049042-APN-DNGFF#MTR), el funcionario reiteró a la Justicia que las variaciones en la Distancia Media Abonada no generaban un mayor gasto para las arcas públicas por tratarse de un sistema de suma fija. El repentino cambio de postura de septiembre —donde pasó de descartar el daño patrimonial a validar el multimillonario recorte a Metropol— se convirtió en uno de los argumentos centrales del fiscal Marijuán.
“A partir de mayo de 2025, de manera simultánea y abrupta, las líneas investigadas registraron un colapso superior al 90% en la emisión de boletos de primera y segunda sección, mientras que la emisión de pasajes de tarifa máxima experimentó una explosión exponencial del 260%”, se lee en el documento. El cotejo de mapas de densidad geoespacial confirmó que los hábitos físicos de viaje de la población trabajadora del conurbano se mantuvieron invariables. Lo único que se modificó drásticamente fue la tarifa registrada en la validadora a bordo.
Algo de esta pelea fenomenal se empezó a ordenar hace unas semanas. Casanello se quedó, por ahora, con las dos causas, y por lo tanto, Marijuan con lo suyo. Pero claro, son dos expedientes opuestos con hipótesis de investigación en las antípodas. En el despacho del juez federal quedó todo lo que instruyó su fiscal a raíz de lo que sostiene La Nueva Metropol, pero también llegó el trabajo que instruyó Picardi, en el que las cámaras que acusan a este grupo empresario.
Marijuan no se quedó quieto y pidió la indagatoria de los presidentes de las organizaciones de colectivos y del exsecretrario de Transporte, Luis Pierrini. Fue una manera de ignorar la investigación de Picardi. Pero Casanello evitó la definición y optó por tener en cuenta ambas acusaciones y mantener la investigación viva y, ante la evidente colisión entre los fiscales, reasumió la instrucción del expediente, además de proveer medidas de prueba complementarias.
Así quedó la cuestión, entre una estafa o una difamación con uso de información falsa. Más de $6000 millones retenidos y una disputa sin precedentes en Comodoro Py.
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