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Vuelve a la mesa el debate por una ley antidespidos
Los datos de desempleo del Indec fueron la noticia más esperada del día, solo para confirmar lo que ya se sabía: hubo en el cuarto trimestre de 2018 una pérdida de puestos de trabajo que llevó la desocupación al 9,1% de la población económicamente activa. Comparada con los datos del mismo trimestre de 2017 (7,2%), mostró un alza de casi dos puntos porcentuales. Solo en diciembre de 2018 se perdieron 191.300 puestos de trabajo registrados con respecto al mismo mes de 2017, según datos del Ministerio de Producción y Trabajo.
En este marco, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, dijo a LA NACION: "Avalamos una ley antidespidos [hay dos proyectos presentados en el Congreso], sobre todo en esta coyuntura. Es fundamental tender una custodia sobre el empleo, ya que se perdieron 350.000 puestos en un año. Estamos en una situación de emergencia". Una ley de esta naturaleza implicaría la prohibición de despedir por un año, por lo menos, y la vuelta de la doble indemnización si esto sucediera.
Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, también afirmó que van a reclamar "de forma inmediata la prohibición de los despidos durante un año y la vuelta de la doble indemnización".
Ambos anunciaron que el 4 de abril habrá una movilización convocada por las centrales sindicales para reclamar "una sesión especial en el Congreso para que se apruebe la ley antidespidos, la misma que Macri vetó en 2016". En mayo de ese año, el Presidente vetó la ley sancionada por el Congreso, que suspendía los despidos por 180 días y fijaba nuevamente la doble indemnización. Se habían perdido más de 100.000 puestos en los primeros meses de gestión y la desocupación del segundo trimestre de 2016 había llegado al 9,3%, apenas por encima del último dato del Indec.
Como antecedente, en enero de 2002 se publicó en el Boletín Oficial el texto de la ley 25.561. Allí se estipulaba que "quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse (...) los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese". Se mantuvo vigente hasta 2007, aunque con una baja del 50%.
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