YPF: Estados Unidos presentó ante la Justicia el respaldo a la Argentina

WASHINGTON.- En un nueva capítulo de la saga por el caso YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó ante la Justicia de ese país el apoyo a la Argentina en la causa por la petrolera estatal. La decisión, que había sido anticipada el miércoles pasado, se efectivizó a través de un amicus curiae presentado por la madrugada ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

La concreción del respaldo de Estados Unidos se produjo en medio de otra novedad de la causa. El fondo Burford informó a la Corte de Apelaciones que no pretende retener las acciones de la petrolera si Argentina ganara su apelación en los tribunales, y busca que el país deposite una garantía o establezca condiciones para evitar “resultados irreversibles” durante su apelación.

“Los beneficiarios del fallo YPF informaron a la Corte de Apelación que no desean retener las acciones de YPF en caso que la Argentina triunfe en su apelación. No desean administrar una petrolera y buscarán la mejor manera de devolver las acciones. Pero no desean que la Corte de Apelaciones permita al país apelar sin depositar una garantía. Se abre una vía alternativa no contemplada hasta esta madrugada”, señaló en su cuenta en X Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.

“Conscientes del riesgo de que la Cámara falle a favor de Argentina, en Burford ahora plantean, alternativamente, que la Cámara devuelva el expediente a jueza para evaluar algún método de garantía menos oneroso, sin detallar cuál sería”, explicó en X el abogado internacional Sebastián Soler, que también sigue de cerca el caso. “Pero podemos suponerlo recordando la garantía, según ellos ‘mínima’, que habían pedido en 2023 (y Preska había considerado razonable): 1) en lugar de entregar todas las acciones de YPF, entregar la mitad, y 2) ceder miles millones de dólares en créditos por cobrar relativos a Yacyretá”, agregó.

El respaldo al Gobierno de la administración de Donald Trump, que llega luego de que Preska ordenara a la Argentina a entregar 51% de las acciones de la compañía, se suma a otro que el Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre pasado, durante la gestión de Joe Biden. En ese momento se presentó una declaración ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en defensa de la posición local, que es contraria a ceder la participación en la petrolera.

“El Tribunal debería suspender la orden de transferencia [de las acciones] a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”, pidieron desde el gobierno de Estados Unidos en el documento, al que accedió este medio.

Por su parte, en la Casa Rosada esta mañana celebraron el espaldarazo. “La situación cambió. El gobierno del presidente [Javier] Milei logró que, en menos de un año y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyara la posición argentina en esta causa”, celebraron en Balcarce 50, y hablaron de un "hecho significativo" para el país.

“Refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos del Estado argentino”, describieron en la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que reúne al cuerpo de abogados del Estado argentino y que lleva adelante la defensa en la causa YPF.

“No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de [Mauricio] Macri y Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por la Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, señaló la Procuración del Tesoro, que lidera Santiago Castro Videla.

Anteayer se había revelado que la Procuración del Tesoro inició una investigación, con purga incluida, tras considerar que hubo “filtraciones” internas en el litigio internacional por la expropiación de YPF, con sede de Nueva York. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno, que anticiparon que despedirán a quienes sean individualizados como responsables de una eventual “venta de información” al fondo Burford.

“En su escrito del 17 de julio, Petersen se opone a la suspensión (stay) de la orden de transferencia de acciones (turnover), salvo que la Argentina ofrezca garantías. Aclara que no busca controlar YPF ni operar una empresa petrolera, pero sostiene que la sentencia debe ejecutarse mientras no haya suspensión firme. También reafirma que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA) permite ordenar la transferencia de activos soberanos en el extranjero, una interpretación que la Argentina ha rechazado desde el inicio del caso“, explicó a LA NACION el abogado Juan Ignacio Carranza, de la consultora Aurora Macro Strategies, con sede en Nueva York.

De acuerdo a los próximos pasos procesales, el ⁠22 de julio la Argentina debe responder a esta oposición de Petersen; en agosto, la Corte de Apelaciones podría decidir si concede el stay, y para más adelante, en la segunda mitad del año, resta la definición sobre la apelación del fallo por US$16.100 millones.

“La Argentina podría encontrar condiciones más favorables en el segundo circuito, tanto para la suspensión como para la revisión de fondo del caso”, agregó Carranza.

En este amicus curiae de nueve páginas presentado esta madrugada, el Departamento de Justicia enumeró los motivos por los que está en contra del fallo de Preska de primera instancia, que obliga a que la Argentina entregue las acciones.

Como punto principal, el descargo se referenció en la necesidad de una correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera en virtud de una ley que regula esta cuestión, sancionada en Estados Unidos en 1976 (la FSIA), y del derecho de usos y costumbres federal de ese país.

“Estos asuntos pueden tener ramificaciones significativas para las relaciones exteriores de Estados Unidos, y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otras naciones”, señalaron desde el Departamento de Justicia.

“El gobierno [de Trump] presenta este memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de la Argentina de una suspensión pendiente de apelación para permitir una presentación ordenada y una resolución adecuada de estas importantes cuestiones", añadieron.

Según detalló el escrito, la ley de transferencia estatal de Nueva York no puede invalidar la FSIA ni los principios de inmunidad de los extranjeros, como tampoco un Estado (en este caso, Estados Unidos) puede ejercer jurisdicción para hacer cumplir una norma en el territorio de otro Estado (la Argentina) sin su consentimiento.

“La inmunidad soberana extranjera en virtud de la FSIA y el derecho consuetudinario preexistente debe interpretarse de conformidad con el derecho internacional, de modo que continúe otorgando a los bienes de Estados extranjeros ubicados en el extranjero inmunidad absoluta contra la ejecución", marcaron en la nota.

Asimismo, consideraron que si la Argentina cumple con las órdenes de entrega exigidas por Preska y transfiere las acciones de YPF a los acreedores judiciales en Estados Unidos, podría perder la posibilidad de reclamar su propiedad sobre esas acciones, incluso si tiene una decisión favorable en la apelación.

“Por otro lado, exigir a la Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a ubicar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargos”, expusieron también.

Por estos dos supuestos, plantearon que la mejor medida sería dictar “una suspensión en espera de la apelación”, ya que esto “no perjudicará al demandante”, que es Burford, el fondo que compró en España el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen.

Otro punto importante que el gobierno de Trump detalló es que la Argentina no va a deshacerse de las acciones de YPF porque para eso necesita autorización legislativa. “Si el demandante prevalece sobre el fondo, habrá experimentado un retraso de pago relativamente corto en estos casos de larga duración”, comentaron.

Dijeron también que la orden del tribunal de retirarle las acciones a la Argentina implica “importantes preocupaciones de política exterior para Estados Unidos" que “ameritan una suspensión en espera de la apelación”.

“La confiscación por parte de un tribunal de la propiedad de un Estado extranjero puede resultar en una ‘afrenta específica’ a dicho [Estado] soberano”, remarcaron y entonces recomendaron que la causa se resuelva “de fondo” sin una “imposición apresurada de una orden de transferencia”, que podría derivar en “efectos negativos” en las relaciones exteriores de Estados Unidos.

Por Guillermo Idiart

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