MADRID.- Las autoridades sanitarias internacionales y los expertos en nutrición han lanzado un grito de alerta de la creciente prevalencia de los alimentos ultraprocesados en la dieta global. No existe aún un consenso sobre qué es un “alimento ultraprocesado” -la OMS ha iniciado la convocatoria de una comisión de expertos para establecer sus criterios sobre el tema-, pero las definiciones más consistentes afirman que se trata de productos elaborados sobre la base de materias primas ya preparadas a los que se incorporan aditivos para mejorar su sabor o facilitar su preparación o conservación. La popularidad de este tipo alimentos no es difícil de explicar. En las economías más desarrolladas, las características del mercado de trabajo hacen que cada vez más personas carezcan de tiempo para cocinar. En el mundo en desarrollo (donde más crece el consumo), la creciente urbanización hace atractivas la comodidad y el prestigio de los alimentos ultraprocesados. Y, en todas partes, la industrialización hace que sean en muchos casos más baratos que los ingredientes frescos.
En la revista médica The Lancet, 43 expertos advierten que los efectos están siendo devastadores. Tras revisar 104 estudios publicados entre 2016 y 2024, el consumo de ultraprocesados se asocia a una ingesta excesiva de calorías, baja calidad nutricional y mayor exposición a sustancias químicas y aditivos potencialmente nocivos. Todo esto lleva a un incremento de los casos de enfermedades como la obesidad (que ya es una epidemia y la forma más común de malnutrición en el planeta entre niños y adolescentes), hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Algunos países ya están tomando medidas. En España, el Ministerio de Consumo ha promovido un real decreto para limitar la presencia de ultraprocesados en los comedores escolares. En México, donde uno de cada tres niños es obeso y un 16% de los adultos tiene diabetes, el Gobierno federal ha prohibido la venta de la denominada “comida chatarra” en los centros educativos. Por su parte, en Chile, desde abril de este año las empresas están obligadas a incluir en su publicidad advertencias acerca de sus efectos para la salud y, si es necesario, recomendar que no se consuman. Muchas campañas ponen el énfasis en la responsabilidad individual del consumidor, y está bien que así sea. Pero si queremos que el riesgo para la salud pública que supone el consumo excesivo de ultraprocesados no derive en crisis son necesarias más medidas. Y en ello tienen su responsabilidad tanto las empresas que los producen -y que gastan millones en promocionarlos y en evitar su regulación- como los Estados, que supervisan su venta y distribución.
