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El año último, con solo tres votos en contra, el Senado de la Nación había aprobado el proyecto de etiquetado frontal. Nueve meses lleva ya en Diputados, a la espera de superar la parálisis a la que el lobby de parte de la industria y el desinterés de muchos vienen condenándolo. La norma contempla un sistema de advertencia al consumidor sobre el contenido crítico de los alimentos envasados, obligando a rotular de manera clara y explícita productos procesados y ultraprocesados.
Cinco son las categorías de componentes cuyo exceso se prevé indicar: grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y calorías. El proyecto establece que cuando un producto supere un umbral mínimo fijado por la Organización Panamericana de la Salud para cada uno, deberá incluir un octógono negro con letras en blanco que ocupe al menos el 5% de la cara principal del envase con la advertencia. Quedan exceptuados el azúcar común, los aceites vegetales, los frutos secos y la sal común de mesa.
Entre sus 24 artículos, la norma impulsa también restricciones a la publicidad y marketing de los productos que contengan al menos un sello negro, los cuales no podrán difundir información nutricional complementaria o avales de instituciones científicas o deportistas, ni presentar personajes infantiles, como tampoco ofrecer regalos o promociones asociadas. Para proteger a los menores, los productos con uno o más sellos no podrán tampoco ser promocionados en entornos escolares u orientados a niños.
Con buenos resultados en países que aplicaron sistemas similares como Chile (2016), Uruguay (2018), Perú (2019) y México (2020), la ley fija un plazo no mayor de 180 días para su entrada en vigencia, pero se estima que habrá dos años de transición.
Hoy el derecho del consumidor a saber qué está consumiendo se respeta poco y las etiquetas confunden y engañan. Mejorar los hábitos de alimentación y los índices de salud en un país con más del 66% de la población con exceso de peso demanda información clara sobre las cualidades nutricionales. Menos de la mitad de las personas leen los rótulos y solo una de cada cuatro los entiende, según surge de una investigación realizada por la Universidad Siglo XXI. El sistema de octógonos negros brinda información a simple golpe de vista. Pero los fabricantes de alimentos se quejan de que el sistema demoniza productos y componentes como el azúcar, a los que describen como nutrientes, negando sus propiedades altamente adictivas. El proyecto obliga también a advertir sobre la presencia de cafeína y edulcorantes y a desaconsejar su consumo por niños.
A partir del hashtag #EtiquetadoClaroYA, en todo el país y con distintos soportes, organizaciones de la sociedad civil empujan la campaña “Que no te tapen los ojos” para exigir la aprobación del proyecto sin demoras ni cambios.
Desde distintos ámbitos se asimila la lucha por la salud de las personas con la salud del planeta y se considera esta ley como la antesala a un sistema de etiquetado ambiental que refleje la trazabilidad de los productos para un consumo más sostenible.
Luego de obtener dictamen favorable de cuatro comisiones de la cámara revisora, el proyecto de ley de Promoción de Alimentación Saludable aguarda ahora tratamiento en el recinto y se espera que en agosto próximo se convierta en ley sin cambios. Plantear que su sanción pretenda obstaculizar el proceso de reactivación económica suena tan absurdo como afirmar que impone un modelo punitivo para los comercializadores. Sí es cierto que no será con medidas aisladas como se habrá de sensibilizar sobre los mejores hábitos para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Pero no cabe duda de que la aprobación de esta ley constituirá un importante avance en la dirección correcta.
