Caprichos y desidia

Hace pocos días se reveló que cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , estuvo en Francia para asistir a las celebraciones por el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 2018, la imprevista cancelación de un acto por mal tiempo le brindó seis horas libres. Las aprovechó para recorrer el Hôtel de Pontalba, donde funciona la embajada estadounidense en París. El maravilloso edificio, construido en 1842, sirve también como centro de artes visuales.

Trump no se ha destacado por su apoyo a las artes ni sus gustos personales revelan conocimientos al respecto. No obstante, en su visita seleccionó un busto, un retrato de Benjamin Franklin y un conjunto de estatuillas de dioses griegos del siglo XVI y decidió que viajarían con él a Washington, y prometió devolverlas al final de su mandato.

La Casa Blanca se apresuró en comunicar que habían sido recuperadas para el pueblo estadounidense, que serían exhibidas en la Casa Blanca y que su enorme valor no justificaba que estuvieran en el extranjero. Como todas las piezas se encuentran catalogadas e inventariadas, la Oficina de Inmuebles en el Extranjero del Departamento de Estado divulgó luego que el busto de Franklin era una réplica; el retrato, una copia (cuyo original está, precisamente, también en Washington), y las estatuillas, reproducciones contemporáneas de escaso valor.

Más allá de los caprichos artísticos de Trump, el episodio deja una lección. La puntillosidad exhibida en el inventariado de obras de arte de propiedad pública lleva a una lamentable comparación con la inexistente política oficial de salvaguardia de nuestro patrimonio histórico y cultural.

Tomemos por caso las declaraciones vagas y genéricas de las autoridades del Banco Central argentino, que, hace pocos días, ante la aparición de valiosas piezas, bocetos de billetes argentinos, de su museo en una subasta en Londres, demostraron no poder identificarlas correctamente ni saber desde cuándo faltaban del lugar.

El creciente empobrecimiento económico de la Argentina no debe llevar a que, por desidia, se profundice un proceso de despojo cultural

De nuestros repositorios culturales públicos y privados han desaparecido todo tipo de piezas, algunas de incalculable valor histórico. Baste pensar en el desaparecido reloj de bolsillo de Belgrano, entregado en pago a su médico en su lecho de muerte.

Tanta imperdonable desaprensión resulta no solo de la falta de una cultura de conservación y cuidado, sino del incumplimiento de la ley que, sancionada en 1940, durante la presidencia de Ramón Castillo, ordena que haya un registro público de bienes de interés histórico y artístico, lo que no se ha hecho a pesar de su vigencia, a casi 80 años de su sanción. La política de conservación de nuestro patrimonio es inexistente. Eso ha permitido que los repositorios públicos y privados del país pierdan incontables obras, por lo general, irreemplazables. Cada tanto, con impotencia, se las ve ofrecidas en alguna subasta en el extranjero.

Una política adecuada tampoco sería aquella que impusiera transferencias forzosas de toda clase de bienes históricos y artísticos al Estado. En muchos países –por lo general, los más avanzados en este sentido– existen incentivos y reglamentaciones que evitan la destrucción, demolición o venta al extranjero de valiosos testimonios materiales del pasado de una sociedad que, al mismo tiempo, facilitan su exhibición y su disponibilidad para los investigadores.

El creciente empobrecimiento económico de la Argentina no debe llevar a que, por desidia, se profundice un proceso de despojo cultural. En este terreno, como en tantos otros, bastaría con que como sociedad exigiéramos el respeto de las leyes y penalizáramos a los responsables de sus incumplimientos.