Castigar al campo es perjudicar al país

El Gobierno necesitó, como siempre, encontrar culpables ante su irresponsabilidad frente al agotamiento de las reservas y la disparada del dólar con el desborde inflacionario. El manual del populismo indicó que el elegido debía, además, poder ser acusado de responder corporativamente a intereses mezquinos, absolutamente opuestos a los del pueblo. El campo ha vuelto a ser el blanco elegido. Ya no sorprende el afán por castigar permanentemente de mil y una formas al sector más productivo del país.

En esta ocasión, más precisamente, son los productores de soja quienes están en la mira, convertidos por un gobierno que monta sobre la división y la fractura su eje discursivo, en los enemigos de la sociedad cuando son, muy por el contrario, fuente de las divisas que tanto se necesitan. El enfrentamiento viene de lejos. En ejercicio de la presidencia, Cristina Kirchner menospreciaba sus esfuerzos llegando incluso a estigmatizar a la soja bautizándola despectivamente como “el yuyo”.

Se les endilga a los productores retener y no vender el grano cosechado. Intentando fundamentar tal acusación, el Gobierno ha dicho que la proporción de la cosecha vendida es menor que la observada en años anteriores a la misma fecha. Habría así supuestamente una acción especulativa en perjuicio del país en momentos en que necesitamos angustiosamente que se liquiden los dólares en el Banco Central. No terminó ahí la mentira. Profundizando una vez más su vocación por radicalizar los enfrentamientos en tiempos de enorme sensibilidad social, mintieron también planteando que el grano retenido es alimento que se quita a quienes están pasando hambre. Lejos de asumir sus responsabilidades, vuelven a cargar contra el campo contando para ello con los medios oficiales que insisten en reproducir fotografías de campos con silobolsas de acopiadores, naturalmente grandes y llamativos a la vista, pero que en la realidad no son cuantitativamente relevantes. Ha habido una clara acción mediática oficial, otra más, para intimidar a los productores y avivar convenientemente añejos enfrentamientos, que no sirven más que para alentar la destrucción de silobolsas y azuzar manifestaciones.

La realidad desmiente todas y cada una estas falsas acusaciones. Los volúmenes de soja vendidos a la fecha no son muy distintos de los de anteriores campañas. Si la comparación se realiza en divisas, se llega a la conclusión que el gobierno de Alberto Fernández, debido a los precios, fue el más beneficiado de los últimos 20 años. Según un informe distribuido por la Fundación Libertad y Progreso, en los primeros 32 meses de este gobierno se liquidaron 77.087 millones de dólares de soja, un 25% más de lo liquidado en el mismo lapso en el gobierno de Mauricio Macri y un 21% más que en la primera presidencia de Cristina Kirchner. No obstante estas cifras, si fuera de otro modo y se comprobara una mayor retención actual del producto, el Gobierno nada debiera objetar. En primer lugar porque cada cual es dueño de decidir sobre su propiedad al amparo de la Constitución y porque se involucra el resultado de miles de decisiones independientes. No hay aquí tampoco conspiración. En segundo lugar, porque ha sido el propio Gobierno el que creó las condiciones para impulsar una reticencia de los sojeros a vender apuradamente. Lo hacen a medida que necesitan el dinero para equipamiento, insumos o salarios. Es preferible retener en producto cualquier excedente y no en dinero para venderlo solo cuando se necesite hacerlo.

Advirtiendo la realidad, o tal vez intentando tener más argumentos para acusar a los productores, el Banco Central resolvió instrumentar beneficios para quienes vendan el producto a la exportación y liquiden la divisa antes del 31 de agosto próximo. No se les da un tipo de cambio más alto pero se les permite aplicar el 30% de la venta para readquirir dólares “solidarios”, cuya cotización (oficial, más Impuesto País, más retenciones) es un 32% más baja que la del dólar informal. El otro 70% de la venta se podrá depositar en un banco, a la vista, en pesos, ajustado por la cotización del dólar oficial (dólar linked). Los bancos se cubrirán suscribiendo letras LEDIV emitidas por el Banco Central con el mismo tipo de ajuste. De esta forma, teóricamente, se superaría en parte el riesgo de moneda y de tipo de cambio, aunque no el de una variación del precio internacional del grano. Como bien señalan los productores agropecuarios, el Gobierno tampoco resuelve con este remiendo los aumentos que deben abonar por los insumos que necesitan y que no se rigen por ese dólar solidario.

El acotado beneficio de esta resolución para el productor sería la diferencia de cotización aplicando el 30% a comprar a dólar Solidario y vender a dólar MEP, procederes financieros a los que los chacareros son culturalmente poco afectos: son productores y no especuladores. Rondaría el 10% del valor del grano vendido. Esta ganancia se contrapone a la dificultad del productor de comprender el riesgo de estar apoyado en la garantía de una letra del Banco Central. Es un riesgo menor ya que están emitidas por quien tiene la máquina de hacer dinero. Pero ¿quién confia en actos de gobierno en la Argentina? Se suma también el temor de la gente del campo a que quienes entren en esta operatoria puedan luego ser perseguidos por la AFIP y acusados de retener ilegalmente su cosecha.

La renuncia de Julián Domínguez como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, un funcionario que reconocía la importancia del sector agropecuario como motor del crecimiento, plantea nuevas incertidumbres al unificarse la cartera con las de Economía y Producción bajo la mano del superministro Sergio Massa.

Los hechos dirán si la medida acelera las liquidaciones. Pero, si así fuera, pocas ilusiones pueden abrigarse respecto de reconstruir reservas con una brecha cambiaria que llegó a superar días atrás el 150% y una situación económica desbordada y manejada por un gobierno desorientado y cambiante, que ha perdido la confianza y que parece ser claramente incapaz de recuperarla con recetas probadamente fallidas y figuras que se insiste en reciclar, alejándose cada vez más del apoyo de una sociedad cansada.