Chile y el desafío del litio
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LA NACION
Cumpliendo con una de las promesas de la campaña electoral que lo llevó al Palacio de La Moneda, el presidente chileno. Gabriel Boric, anunció la estrategia nacional de explotación y aprovechamiento del litio chileno para los próximos años. Uno de los puntos salientes de esta política es la creación de una empresa nacional y el desarrollo de productos de litio con valor agregado.
El primer paso del plan consiste en comprometer la participación del Estado antes del vencimiento de los contratos vigentes. Para ello se instruyó a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) la búsqueda de los mejores caminos para lograrlo. El gobierno aclaró que Chile respetará íntegramente los contratos vigentes, para aventar temores respecto de rescisiones de acuerdos con las dos empresas extractoras, la chilena Soquimich (SQM) y la estadounidense Albemarle. También señaló que, de conformarse una empresa público-privada, será controlada por el Estado a través de Codelco.
En una segunda instancia, la política nacional del litio de Boric incluirá la creación de una empresa nacional del litio 100% estatal, que podrá asociarse con privados para el desarrollo de proyectos. El mandatario chileno indicó que esta no se establecerá de manera expedita porque el proyecto de ley para crearla requiere ser aprobado por una mayoría absoluta del Congreso.
La nueva política de Boric ha provocado dudas entre los inversores del sector, a tal punto que el valor de las dos minas de litio de Chile se ha desplomado en 8500 millones de dólares tras los anuncios.
Se trata, de acuerdo con especialistas, de una situación que podría ser capitalizada por la Argentina para la atracción de inversiones en litio, un recurso muy valioso, básico para la fabricación de baterías para coches eléctricos y clave en la descarbonización, conocido mundialmente como el “oro blanco”.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), más del 60% del litio está en Latinoamérica. Bolivia tiene el 23,7% de las reservas totales; la Argentina, el 21,5%, y Chile, el 11,1% del total.
Hay pruebas suficientes respecto de que nacionalizar un recurso natural con potencial económico no conduce automáticamente al bienestar de un país. No basta con disponer de litio para convertirlo en prosperidad. A partir de su extracción, conviene darle valor agregado; esto es, industrializarlo. Para ambas cosas se necesitan inversiones millonarias, algo de lo que carecen los gobiernos que pretenden convertir al valioso mineral en una causa nacional.
El presidente Boric tiene por delante un enorme desafío. Por un lado, debe garantizar que parte de la riqueza generada por la explotación del litio quede en Chile y, por el otro, adoptar las medidas jurídicas, impositivas y administrativas necesarias que posibiliten y aseguren la estabilidad, otorgando los incentivos necesarios para que las inversiones en alianza con el sector privado resulten atractivas y rentables.
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