Clamor por la educación
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LA NACION
La sociedad demanda el regreso a las aulas y los gremios pulsean en contra de la presencialidad
Entre tantas "esencialidades" que ha desplegado esta pandemia, la de la educación no ha sido una de ellas. El ciclo lectivo 2020 estuvo totalmente condicionado por la situación sanitaria que acotó la actividad educativa, obligándola a adaptarse a nuevas demandas nacidas del confinamiento impuesto. La decisión, centralizada desde el gobierno nacional, demostró una vez más estar en armonía con uno de sus brazos políticos, los siempre autoritarios gremios docentes, a contrapelo del mundo que priorizaba la escolaridad. Hoy las incertidumbres respecto del inicio del próximo ciclo también preocupan.
En recorrido por todo el país abogando por maximizar la presencialidad, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, reconoció que, si bien se trabaja para generar un consenso entre los gobernadores en esa dirección, las provincias tendrán la decisión final sobre sus jurisdicciones. "Muchas de las decisiones de 2020 son parte de la evidencia del marco de la pandemia e implican un aprendizaje", manifestó, seguramente en referencia a que la estricta cuarentena decretada en marzo último no reconoció diferencias epidemiológicas según las regiones y anuló totalmente cualquier presencialidad, con graves perjuicios, sobre todo para quienes nunca pudieron acceder a las más mínimas alternativas de virtualidad o para quienes solo alcanzaron trayectorias educativas discontinuas, a pesar de los enormes esfuerzos de miles de abnegados docentes de todo el país dirigidos a sortear la inequidad educativa. Debimos esperar a octubre para que se acordara un retorno gradual y escalonado a las aulas mientras los casinos operaban normalmente.
Casinos, playas, bares, shoppings, transportes; todo funciona menos las escuelas
Si bien Trotta explicó que "el inicio de las clases no está asociado a la vacuna", los gremios docentes exigen su provisión para volver a las aulas, pues se resisten a comenzar si las condiciones sanitarias no satisfacen sus pretensiones, en otra muestra de desconocimiento de los protocolos y guías que tantos meses de pandemia permitieron diseñar y que el resto de la población y muchos de los servicios considerados esenciales hoy ya adoptaron como parte de la llamada nueva normalidad. Detrás del personal de la salud, los adultos mayores, las Fuerzas Armadas y de seguridad y los grupos de riesgo contemplados para una primera etapa de vacunación se encuentran los docentes; claro que sin certezas sobre cantidad y plazos de recepción de dosis en el país, resulta imposible confirmar vacunaciones.
Después de un año de enfrentamiento político entre jurisdicciones por las cuestiones educativas, no se puede seguir perjudicando a los niños. Para el gobierno porteño la presencialidad es una prioridad absoluta, por lo que anunció que dará comienzo a las clases el 17 de febrero, con un esquema ciento por ciento presencial, siendo esa la fecha que la oposición reclama que se cumpla en todo el país. En Jujuy sería unos días después, mientras que en el resto de las provincias se aguardaría hasta marzo. El expresidente Mauricio Macri publicó una dura carta destacando que no hay razones epidemiológicas para demorar la reapertura de escuelas con los protocolos necesarios, citando a la OMS y a Unicef, organismos que señalaron que incluso durante la segunda ola europea deben permanecer abiertas. El presidente Alberto Fernándezle respondió ayer sin nombrarlo, criticando la gestión del gobierno anterior y diciendo que los docentes recibirían la vacuna para "que puedan trabajar tranquilos y seguros" por lo que "no debería haber ninguna oposición por parte de ellos".
La sociedad interpela a las autoridades y reclama el regreso a las aulas ante la tragedia educativa
En la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) se muestra preocupación por los rebrotes e insistencia en que es apresurado volver a la presencialidad; se propone establecer un semáforo epidemiológico para evaluar el regreso a las aulas. Se aducen allí la falta de obras de infraestructura, la ausencia de suficiente personal docente y de elementos de higiene y limpieza, además del retraso salarial. En el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), sus dirigentes se jactan de haber "mantenido viva la escuela pública" e insisten en sus exigencias en contra de la presencialidad, sin reparar en que el mayor perjuicio impacta en la gente de menores recursos.
En términos generales, los sindicatos docentes vuelven a endurecerse en clara muestra de la falta de sensatez y compromiso social de sus activistas, y acusan al Gobierno de intentar resolver la presencialidad en lugar de atacar el problema de la conectividad, como si ambos estuviesen al mismo nivel. En consonancia con su tan habitual como irresponsable proceder, enfatizan que es una obligación gubernamental garantizar las condiciones para el regreso, claro que solo en los términos en los que ellos accederían, desligándose de las propias obligaciones. Las decisiones sobre tan delicado tema no pueden corresponderles a los sindicatos; el sistema de cogestión que denuncia la oposición en este terreno es insostenible.
Lo cierto es que, como hemos destacado desde estas columnas en reiteradas ocasiones, la salud física y emocional de los niños sufre el impacto de la reclusión y de las horas de escolaridad virtual, para unos pocos, que también dejará secuelas. Desarticulados los vínculos con amigos, el imprescindible desarrollo biopsicosocial ha entrado en fase crítica y sumó, en algunos casos, situaciones de violencia familiar y de dificultades de acceso a la alimentación que se suplen con los comedores escolares, entre tantos otros preocupantes efectos.
Retomar las clases presenciales es una labor impostergable e indelegable que demanda grandeza y consensos
Con su maravilloso potencial, las redes sociales encauzan la activa preocupación de muchas personas. Bajo el lema "Trotta acá estamos" han circulado intensamente mensajes de quienes así interpelan a las autoridades, consternados por la tragedia educativa que sufre la Argentina, exigiendo que la #educación sea esencial y la #presencialidad un hecho.
#PadresOrganizados nació en agosto pasado para compartir miradas sobre la perspectiva del regreso a las aulas y convocar a más personas a firmar una carta exigiendo la resolución del grave problema. "Cerrar la escuelas durante la pandemia tiene un beneficio epidemiológico muy modesto y un costo social muy alto", afirman con razón al tiempo que destacan las experiencias de otros países que fijaron protocolos seguros para sostener la presencialidad. Desde la óptica científica, es sabido que el virus no es especialmente letal en niños y que el impacto de su transmisión comunitaria con escuelas abiertas y protocolos es bajo, tal como confirman los planes y acciones de la mayoría de los países que han priorizado el retorno a las aulas con estrategias de cuidado.
#AlasAulas es otra de las iniciativas de ciudadanos que han comprendido que la escuela es irreemplazable. La propuesta es: "Hagamos de la educación nuestra prioridad. Trabajemos unidos por un 2021 con clases presenciales en todo el país, siempre que estén dadas las condiciones epidemiológicas y sanitarias". Instan a que gobiernos, docentes y familias trabajen para crear conciencia del desafío que tenemos por delante.
Argentinos por la educación se presenta como la comunidad que les da voz a las familias. En su página web se pueden encontrar datos educativos sobre más de 20 indicadores a lo largo de 20 años.
Entre un cúmulo de efectos nocivos, la pandemia también ha despertado conciencias adormecidas. En buena hora se está instalando la tan necesaria conversación pública sobre una cuestión medular como la de la educación, digna del más desafiante de los debates. No podemos sentarnos a esperar que alguien diseñe las políticas que puedan cambiar el rumbo de nuestra nación. Sabemos que nada de esto será posible sin educación. Comprometer el trabajo ciudadano para mejorar estas condiciones es una labor impostergable e indelegable que demanda grandeza y consensos.
Nos alegra dar cuenta de activas iniciativas, seguramente solo algunas de muchas otras, porque trasuntan una voluntad y un compromiso colectivo por cambiar el estado de situación. Apostar a un futuro mejor va ligado a construir una realidad educativa inclusiva y a la altura de estos tiempos para formar a las jóvenes generaciones, asegurando la igualdad de oportunidades y la libertad de pensamiento. Instamos a consensuar una declaración de emergencia educativa que anteceda la planificación de las mejores opciones para atender la enorme diversidad de situaciones que nuestra realidad y el desarrollo futuro demandan.
