¿Compramos bienes o pagamos impuestos ocultos?
La cantidad de gabelas y su superposición en los tres niveles de gobierno inciden gravemente en los precios y perjudican a los consumidores
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La ley 27.743 estableció el denominado Régimen de Transparencia Fiscal, por el cual los comercios están obligados a discriminar el IVA y los impuestos internos al exhibir los precios o emitir facturas o tickets, algo ya habitual en otros países. Habiendo pasado un año de la sanción de la ley del ticket, solo adhirió una provincia, Chubut, con cuatro que están en proceso y un ominoso silencio por parte del resto.
Que el consumidor pueda detectar fácilmente el impacto de los impuestos en las operaciones, una iniciativa impulsada por la ONG Lógica, contribuye a que tome decisiones comerciales con plena libertad. La norma es apenas una dentro de una enorme maraña fiscal que, en la mayoría de los casos, no permite tal discriminación como ocurre, por ejemplo, con el impuesto al cheque.
Por otra parte, tanto la Capital Federal como las provincias fueron invitadas a dictar las respectivas disposiciones en sus jurisdicciones, lo que hasta aquí solo ocurrió en forma parcial con la adhesión porteña, de Entre Ríos, Mendoza, Misiones y Chubut. Siendo que la mayoría de las jurisdicciones no adhirieron, su cumplimiento es lamentablemente muy minoritario y el silencio de los gobernadores al respecto es tan vergonzoso como insostenible. Se pierde así la oportunidad de observar la incidencia de los impuestos provinciales y municipales que tan importante impacto tienen en los precios. La cantidad de gabelas y su superposición en los tres niveles de gobierno –unidas a una multiplicidad de otros factores que componen el costo argentino– inciden gravemente en el precio de los bienes y servicios perjudicando a los consumidores.
En forma especial, hay que destacar el impacto de los denominados impuestos distorsivos que terminan impactando en la competitividad y desalentando la inversión y el empleo. En este esquema, el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel provincial, tiene una importante incidencia en el precio final de los productos, en función de sus características y su efecto cascada, al aplicarse en todas y cada una de las etapas económicas.
A ello debe sumarse el impacto que provocan las retenciones y percepciones impositivas provinciales, las que, sin fundamento legal, producen un incremento de su base de aplicación, lo que genera importantes saldos a favor de los contribuyentes, con su consiguiente impacto económico y financiero. En cuanto a los impuestos municipales, disfrazados de tasas, se vienen incrementando a lo largo de todo el país.
Diferentes estudios sobre la carga fiscal han determinado que la incidencia local del conjunto de gravámenes en los precios finales de los bienes y servicios ronda el 50%. O sea, de cada compra la mitad corresponde a impuestos. Claramente se trata de una carga fiscal inapropiada y altamente regresiva, que castiga fuertemente a los estratos más vulnerables, carentes de capacidad de ahorro, y obligados a destinar todos sus ingresos al consumo. Hay productos sobre los cuales la incidencia es mayor y otros, como algunos alimentos, objeto de una tasa reducida o de exenciones parciales.
Si comparamos con lo que ocurre en Estados Unidos, no rige allí el IVA ni el impuesto al cheque; tampoco hay ingresos brutos. Sí se aplica el sales tax, un gravamen que solo impacta al consumidor final, que no grava los alimentos y cuya tasa ronda entre el 8% y 12% dependiendo de los Estados y del tipo de productos.
Pretender bajar o reducir la cantidad de impuestos es una utopía si no se reduce el elefantiásico gasto público en los diferentes niveles del Estado. Precisamente, es el gasto público el que ha ido en ascenso durante los últimos 20 años, con una tímida reducción reciente en el orden nacional a la luz de los recortes impuestos por el actual gobierno, sin correlato en niveles provinciales ni municipales.
El llamado costo argentino, que en otros países no tiene tanta incidencia, recarga también los precios, principalmente por el impacto de las cargas sociales que inciden en los salarios, y de las varias veces millonaria industria del juicio que jaquea el empleo formal y lleva a la quiebra a más de una pyme que no puede afrontar estos desmadrados costos ante la contingencia de un juicio laboral. En las empresas pequeñas y medianas, cada empleado es una hipoteca condicional, hipoteca que, de ejecutarse –despido con causa, por falta de trabajo, por incompetencia, etcétera–, puede conducir a la zozobra del empleador.
Se impone pues tratar las reformas impositiva y laboral sin más demoras, generando conciencia en la sociedad sobre estas cuestiones para que las decisiones políticas logren los necesarios consensos. Se trata de verdaderas políticas de Estado en materia fiscal y laboral que urge instalar en forma definitiva como requisito impostergable para el desarrollo y el crecimiento económico al que aspiramos.
Tipo de trabajo:
opinión
