Concesiones: equivocar el camino
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LA NACION
El Gobierno decidió rescindirles los contratos a cinco de los seis corredores; las inversiones en obra pública serán escasas y la planta estatal seguirá creciendo
El gobierno nacional rescindió las concesiones de cinco de los seis corredores camineros que en el año 2017 habían sido otorgados a empresas argentinas y extranjeras bajo el régimen de participación público-privada (PPP). En dos de estos casos se acordó una extinción por mutuo acuerdo; en los otros tres el Gobierno procedió a la rescisión. La actividad de todas esas concesiones pasó a la empresa estatal Corredores Viales, creada durante la gestión del exministro de Transporte Guillermo Dietrich en el gobierno de Cambiemos. Según se ha anunciado, se continuará con el cobro del peaje, aunque presumiblemente las futuras inversiones se ejecutarán por el sistema de obra pública. Los 1751 empleados de las exconcesionarias pasaron de esta forma desde el sector privado al público. El engrosamiento de la planta estatal se produce simultáneamente con la transferencia a planta permanente de 29.000 contratados. Es una señal nada conveniente para quienes condicionan sus inversiones a la reducción de la carga impositiva y, en consecuencia, a la solución del problema fiscal.
El mecanismo del PPP para la ejecución de obras de infraestructura ha sido utilizado con éxito en muchos países. Su aplicabilidad en el caso de corredores camineros exige tres condiciones principales:
1 Volúmenes de tráfico elevados;
2 Un bajo costo de capital;
3 Tasas de peaje de nivel internacional.
Según un estudio realizado por la Academia Nacional de Ingeniería, la recuperación de la inversión mediante peaje, con una tasa de retorno de la inversión del 6%, requiere volúmenes iniciales de tránsito de 16.900 vehículos diarios. Estos parámetros se refieren a la elevación de categoría a autopista con calzadas divididas, que era el caso de los corredores con PPP. Esos niveles de tráfico escasamente se alcanzaban tres años atrás cuando se adjudicaron las concesiones, pero se redujeron luego debido a la recesión y, posteriormente, a la pandemia.
La absorción de 1751 empleados de las concesionarias privadas, que pasan al sistema público, constituye un nuevo y preocupante engrosamiento del ya exorbitante gasto público
La disponibilidad y el costo del capital fue otro problema determinante para el fracaso de estos emprendimientos. Cuando se contrataron, el riesgo país de la Argentina estaba en 450 puntos básicos. Con el resultado de las elecciones primarias de agosto de 2019, se catapultó a 1800. Luego subió a 4300 en marzo de 2020 y hoy se encuentra en 1300 puntos básicos. La obtención del capital necesario para realizar estas inversiones totalmente a cargo de los concesionarios se tornó misión imposible. A esto se agregó el peaje por cobrar, que, por los controles y las devaluaciones, quedó alejado de los niveles internacionales (4 centavos de dólar por vehículo-km) y también de la evolución del costo de la construcción.
La consecuencia de todos estos factores concurrentes fue el incumplimiento de los planes de obra. El comunicado oficial dijo: "A dos años de la fallida implementación del esquema de participación público-privada (PPP) realizado por la gestión anterior, el gobierno nacional rescindió cinco de los seis contratos debido a que las empresas a cargo de los corredores viales incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del plan de obras". Es cierto, aunque no se dieron explicaciones sobre las ineludibles causas que llevaron al incumplimiento.
La sola evidencia del triunfo electoral del kirchnerismo convirtió en inviable un sistema que requiere capital privado a costos razonables
El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, encontró espacio para atacar y acusar. "Rescindimos los contratos PPP de cinco corredores viales después de dos prórrogas otorgadas a las contratistas. Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas". Una buena dosis de hipocresía le hizo pasar por alto al ministro que la sola evidencia del triunfo electoral del partido al que pertenece convirtió en inviable un sistema que requiere capital privado a costos razonables.
La concreción futura de esas obras como inversión presupuestaria no es verosímil. Con excepción del completamiento del Camino del Buen Ayre, el proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso contempla inversiones camineras que en el resto de las obras no alcanzan a 50 millones de dólares. La expectativa es que deberá reducirse aún más el nivel del gasto. La ejecución de estas obras deberá esperar y el desarrollo del país también. Una vez más, equivocamos el camino.
