Cursos de capacitación para engordar el costo argentino
El reciente decreto que pone fin a los aportes obligatorios para financiar institutos de cámaras empresariales debería extenderse también a las cajas sindicales
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Uno de los temas más candentes en materia económica es el debate sobre el atraso cambiario. Como ya lo hemos dicho desde esta columna, la verdadera cuestión es el costo argentino, que no afecta a todas las actividades por igual. Y por eso, en el promedio, bien podría decirse que no hay atraso, aunque varias empresas estén bajo el agua. En particular, aquellas con mucho personal y que configuran la trama de las Pymes.
Es un desafío importante, pues las actividades ultra competitivas, como las beneficiadas por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), no detendrán sus exportaciones y el mayor ingreso de divisas –y valorización del peso– pondrá contra la pared a aquellas que no hayan podido modernizarse y bajado sus costos. En esta etapa de reconversión para la inserción en el mundo, no habrá paréntesis, quitas, ni esperas hasta que se “nivele la cancha” como lo solicita la Unión Industrial Argentina. Solo cabe esperar un menor costo del capital y reformas estructurales que mejoren la competitividad.
Una reciente medida de desregulación, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, demuestra hasta qué punto ciertas cámaras empresarias han sido complacientes con la acumulación de costos laborales, en connivencia con los sindicatos, y ahora presionan por ajustes devaluatorios. No hay telón que se corra, tapa que se levante, mantel que se retire, donde no aparezca alguna distorsión regulatoria que agregue kilos al costo argentino. El reciente decreto 149/2025 termina con los aportes obligatorios para financiar institutos de “capacitación” creados por convenios colectivos de trabajo.
Alrededor de $5600 millones mensuales transferían las empresas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para sufragar el Instituto Argentino de Capacitación Profesional para el Comercio (Inacap). Desde otra vereda, la Confederación Federal Pyme Argentina denunció a CAME por el manejo de esos fondos sin rendición de cuentas, esgrimiendo que “esas contribuciones solo encarecen los costos laborales y no representan ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse” y reclamando que “si una empresa quiere aportar al gremio empresario lo haga de forma voluntaria, pero terminando con esas cajas obligatorias que aumentan el costo argentino”.
No hay telón que se corra, tapa que se levante, mantel que se retire, donde no aparezca alguna distorsión regulatoria que agregue kilos al costo argentino
Según Sturzenegger, hay otros 24 convenios semejantes para actividades como las de los trabajadores cerealeros, del caucho, de farmacias, de agentes de viajes, del personal hotelero y gastronómico, de empleados de estaciones de servicio, de trabajadores de carga y descarga y de garajes, entre otras. A confesión de parte, relevo de prueba: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que apoyó la creación del Inacap en 2008, sostuvo en un comunicado que esos fondos resultan fundamentales para “cientos de cámaras empresarias de toda la Argentina, que de otro modo probablemente no podrían subsistir”. Un insólito aporte forzoso, del sector privado al sector privado, mientras los industriales reclaman por el atraso cambiario.
El sempiterno líder del gremio mercantil Armando Cavalieri ya tenía experiencia ganada en otro caso plagado de irregularidades, donde logró erigir un negocio multimillonario con dos carillas y media mecanografiadas, firmadas por los mismos actores y rubricadas por un director nacional entre gallos y medianoche. En 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, firmaron esas carillas Carlos de la Vega (CAC), Osvaldo Cornide (CAME), Jorge Luis Sabaté (Unión de Entidades Comerciales Argentinas) y el creativo Cavalieri, por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), creando un sistema de retiro complementario para los empleados de comercio, mediante un aporte forzoso del 3,5% de los empleadores. Los cuatro firmaron las carillas un día viernes 21 de junio. El trámite se realizó en un expediente separado durante el fin de semana y fue homologado por un director nacional el miércoles siguiente, sin dictámenes ni estudios técnicos, mediante la oscura disposición Nº 4701/91 en el convenio colectivo 130/75. Cabe señalar que, por entonces, se discutía con fragor la eventual creación de las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP), cuya ley solo fue sancionada en 1993. Pero la CAC, CAME y Faecys lograron lo mismo, sin intervención del Congreso Nacional, en apenas cuatro días hábiles.
A partir de entonces se estableció para todos los empleados de comercio un seguro de retiro complementario (renta vitalicia) que se extendió también a todas las actividades administrativas realizadas en empresas ajenas al comercio. Pocos días después de lograda esa homologación, Cavalieri acordó con la Banca Nazionale del Lavoro (propietaria del grupo asegurador Juncal y de La Estrella, ex grupo Mayer) otorgarle, en forma directa, la administración exclusiva de ese negocio. La tratativa la realizó con el joven Christian Schmiegelow, por entonces CEO del grupo, que después murió en un dudoso accidente de tránsito.
Estos ejemplos demuestran el alcance nefasto que han tenido el régimen de personería gremial única por rama de actividad, vigente desde 1945, y la ley de convenios colectivos de trabajo (1953), que imponen en todo el país, a través de homologaciones “políticas” de la cartera de Trabajo, condiciones pactadas entre dos partes monopólicas: las cámaras sectoriales y los sindicatos con personería. Como la justicia laboral está cooptada por la rama sindical del peronismo, se han convalidado prácticas como las descriptas, creando verdaderos impuestos con la sola firma de directores nacionales. Esta es también la trama legal que provoca el atraso cambiario que el kirchnerismo y su primo hermano, el dialoguismo, defienden a capa y espada.
Falta aún que la misma desregulación alcance también a las cajas sindicales para completar esa reducción del costo argentino. Como los aportes para capacitación que perciben el Sindicato de Choferes de Camiones, que lidera Hugo Moyano, o la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros, que encabeza Luis Barrionuevo. Quizás esa modificación se encuentre fuera del ámbito de competencias del Ministerio de Desregulación, pero no debería quedar archivada por razones políticas.
Tipo de trabajo:
opinión
