El caso de Marita Verón y la trata de personas
Las redes que secuestran jóvenes para forzarlas a la prostitución se sostienen por la connivencia estatal, política, policial y judicial
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Dieciséis meses después de los vergonzosos sobreseimientos de todos los acusados, el Poder Judicial de Tucumán finalmente dictó diez condenas de prisión - que van desde los 10 hasta los 22 años - por el secuestro y el sometimiento a la prostitución de la joven María de los Ángeles (Marita) Verón.
La sentencia deja un sabor agridulce , como el que reflejaba el rostro de la madre, Susana Trimarco, cuando concluyó la audiencia. La sensación de que 12 años después del secuestro de su hija se había enderezado la aberración en que había incurrido la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán hace casi un año y medio. Luego, la Corte Suprema de Justicia de esa provincia revisó la causa y resolvió las condenas de los acusados, cuyos montos estableció la Cámara Penal de Tucumán.
La dolida madre, al término de la audiencia, se declaró conforme aunque "esperaba mucho más". Añadió que seguirá "luchando hasta el día en que sepamos qué hicieron con Marita", como antes luchaba por rescatarla de las redes de prostitución de La Rioja y Tucumán en las cuales se perdió su pista. Algunos de los condenados habrían integrado esas redes.
Mientras tanto, dos de los jueces de aquel tribunal que había resuelto los sobreseimientos presentaron sus renuncias para iniciar sus trámites jubilatorios y, de esa manera, eludir los juicios políticos que se habían pedido en contra de ellos.
Sin embargo, en el juicio de 2012, en el que los acusados se dieron el lujo, con absoluta cobardía, de burlarse de la hija de Marita Verón, hubo testimonios muy valiosos y valientes brindados por varios de los 130 testigos, que permitieron al país hacerse una idea del enorme poder y extensión de las redes de trata de personas y prostitución, de sus complicidades con las fuerzas policiales, con integrantes de las fuerzas políticas y también de la Justicia.
Ya antes de aquel juicio, la esforzada labor de Susana Trimarco en busca de Marita permitió conocer las primeras imágenes de aquel infierno, pues buscando a su hija logró la liberación de otras jóvenes que también habían sido secuestradas y sometidas al ejercicio obligado de la prostitución con el auxilio de drogas que doblegaban su resistencia.
Hablamos de una de las formas más crueles de la criminalidad organizada y, como dijimos, una de las más poderosas. En nuestro país se avanzó un poco en la lucha contra estas redes, pero es mucho aún lo que falta por hacer, mientras sobran los discursos huecos. ¿Cómo puede explicarse el hecho de que, pese a estar aprobada, la ley que pena la trata de personas aún no haya sido reglamentada en su totalidad por el Poder Ejecutivo, que encabeza una presidenta que se ha proclamado amiga de Susana Trimarco?
En esta columna hemos dicho que el problema de fondo para combatir la trata de personas y otros delitos del crimen organizado como el narcotráfico es tanto la falta de interés de una parte del poder político para enfrentarlo, como la ausencia de capacitación por parte de personal policial y judicial, demostrada reiteradamente al incurrir en errores tan groseros que invalidan elementos recogidos en las investigaciones y que en ocasiones parecen cometidos adrede con tal finalidad.
La trata de personas es un delito aberrante que se caracteriza por su movilidad. En pocas horas, los secuestradores pueden cruzar las fronteras entre las provincias o hacia países vecinos con su víctima, por lo cual se requieren esfuerzos coordinados y centralizados.
Prueba de estas necesidades y carencias es la odisea que vivió y aún vive Federico Cash, padre de la joven María Cash. Ella desapareció en julio de 2011 mientras se trasladaba en ómnibus al Noroeste. Su padre salió a buscarla y, como la habrían visto en diferentes provincias, en cada una de ellas se abría una causa judicial y una investigación policial que no trascendía las fronteras de cada distrito.
Un informe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) señaló que la trata sexual existe en nuestro país gracias al apoyo del Estado. Para la Ufase, este problema "no puede ser entendido por fuera de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial".
Esa connivencia incrementa el poder de las redes criminales. Combatirlas es una necesidad imperiosa. Se trata de un delito cuyo poder destructivo se prolonga incluso más allá de la liberación de las víctimas debido a las secuelas que deja. Y es, también, un crimen que convierte en víctimas a los familiares, sumiéndolos en la incertidumbre y la desesperaciíon. Pese a su larga lucha y a todos sus logros, Susana Trimarco aún ignora la suerte de Marita.
Una señal, tardía pero indispensable, de la voluntad de combatirlo sería que el Poder Ejecutivo completara de una vez por todas la reglamentación de la ley de trata de personas.
