El retorno del capitalismo de amigos

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19 de febrero de 2021  • 00:12

La venta de Edenor y el avance de Cristóbal López son solo dos ejemplos que advierten sobre la vuelta de un modelo a medida de los cortesanos del poder

Si no fuera porque los argentinos hemos asistido durante ya más de una década de gobiernos kirchneristas a las espurias relaciones entre el poder político y no pocos empresarios bajo la fachada de un proyecto para impulsar la burguesía nacional, podría sorprendernos el anuncio de la venta del porcentaje mayoritario de la distribuidora eléctrica Edenor al grupo Vila-Manzano a un precio virtualmente irrisorio.

Pero los argentinos parecemos curados de espanto, por lo que tampoco puede sorprendernos demasiado que la empresa postal OCA haya sido adjudicada a un holding vinculado a Cristóbal López, quien creció con sus empresas bajo la sombra de sus negocios con el poder kirchnerista.

Inevitablemente, las sospechas sobre las citadas transacciones estarán a la orden del día. En el caso de Edenor, de manera especial si se advierte que las acciones de la empresa que se proyecta vender cotizaban hace alrededor de un año y medio a un valor en dólares varias veces superior al actual.

El grupo encabezado por el exministro del Interior del menemismo José Luis Manzano, el empresario mediático Daniel Vila y el proveedor de cloro de la empresa Aysa, Mauricio Filiberti, adquirirá más de la mitad de las acciones de Edenor, hasta ahora en manos del grupo liderado por Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

La primera pregunta que surge es por qué los accionistas mayoritarios de esa empresa distribuidora de energía se desprenden de su participación en la sociedad a un precio muy inferior al que solía ostentar. La respuesta más escuchada guarda relación con los pronósticos de un nefasto futuro asociado a la política tarifaria del gobierno de Alberto Fernández, influida por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En la concepción kirchnerista del Estado, resulta virtualmente imposible manejar empresas de servicios públicos sin un vinculo promiscuo con funcionarios de turno

Es sabido que el ministro de Economía, Martín Guzmán, imaginaba hasta no hace mucho un aumento en las tarifas de servicios públicos que le permitiera al Estado nacional reducir el nivel de los subsidios y mejorar así las cuentas fiscales. También se sabe que en las últimas semanas la presión de Cristina Kirchner pudo más y logró torcerle el brazo al titular del Palacio de Hacienda para que las tarifas eléctricas no se incrementaran en más de un dígito en marzo próximo.

Evidentemente, sin actualización de tarifas frente a una inflación galopante, y ante crecientes necesidades de llevar a cabo inversiones para mantener un mínimo estándar de calidad en el servicio, el negocio eléctrico, como el de cualquier servicio público regulado, deja de seducir a los empresarios.

Un segundo interrogante guarda relación con las motivaciones que, en esas condiciones, podría tener el grupo Manzano, Vila y Filiberti para quedarse con una compañía sujeta mayormente a los vaivenes de la política electoral y a los caprichos de algunos funcionarios gubernamentales.

Es entonces cuando aparece la hipótesis de que los eventuales compradores se estarían haciendo cargo de una empresa que, en un plazo más o menos corto, sería estatizada, de acuerdo con los designios que se vienen pergeñando en el kirchnerista Instituto Patria. Se trata de negocios para especialistas en mercados regulados cuyo principal capital no sea otro que su estrecha relación con el poder político.

Las preguntas no terminan allí. Llama la atención que adquirentes del capital mayoritario de Edenor, como Manzano y Vila, vengan administrando otra distribuidora eléctrica en Mendoza, Edemsa, que tiene, al igual que Edenor, una importante deuda con Cammesa, la compañía mixta encargada de administrar el mercado mayorista eléctrico de la Argentina. Aquí entran a jugar una vez más las relaciones políticas, en particular a partir de que, a instancias del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se incluyó en el presupuesto nacional 2021 un artículo que contempla un régimen especial para la regularización de deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, que incluye el reconocimiento de un crédito sobre el 66% de las obligaciones a pagar, en tanto que el saldo restante se podría abonar hasta en 60 cuotas mensuales con una tasa de interés equivalente al 50% de la propia del mercado eléctrico mayorista. Asimismo, la autoridad de aplicación de cualquier acuerdo será la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo del exdiputado Daniel Martínez.

La conclusión preliminar de esta transacción es que, como ya ha ocurrido en otros tiempos de administraciones kirchneristas, vuelve el capitalismo de amigos, a quienes el poder político procurará garantizarles que no perderán dinero. El nuevo reino sería, una vez más, de los representantes de una "burguesía nacional" formada por cortesanos del poder y por especialistas en mercados regulados, de los que la Argentina kirchnerista ha brindado ejemplos muy representativos, algunos de los cuales se encuentran hoy procesados en causas judiciales, como la de los cuadernos de las coimas.

Es muy probable que la venta de la porción mayoritaria de Edenor sea tan solo una muestra de lo que vendría con otras empresas de servicios públicos traspasadas a manos privadas. Como lo ha sido también la prórroga por diez años del contrato de concesión de los aeropuertos a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 hasta 2038.

Lo cierto es que, en la concepción kirchnerista del Estado y de las relaciones de poder, resulta virtualmente imposible manejar empresas de servicios públicos u otras compañías cuyo funcionamiento precise de fuertes regulaciones sin que medie una promiscua vinculación con los funcionarios de turno. La corrupción queda a la vuelta de la esquina y el botín se reparte entre los amigos.

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