El triste derrotero de Samid
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Luego de que el Juzgado Comercial N° 25, a cargo de Horacio Francisco Robledo, decretara el estado de quiebra de Alberto Samid, el empresario de la carne volvió a situarse en el centro de la agenda pública. La resolución judicial de 16 de diciembre pasado se produjo tras no haber obtenido la conformidad de sus acreedores en el concurso preventivo iniciado en 2022. El pasivo total verificado asciende a 276,66 millones de pesos, integrado mayormente por deudas impositivas con organismos públicos nacionales y provinciales.
Con una fuerte exposición mediática y cercano a los gobiernos peronistas, el matarife trascendió el ámbito estrictamente empresarial para convertirse en una escandalosa figura pública atravesada por posicionamientos políticos, participaciones televisivas y reiteradas controversias judiciales vinculadas con su desempeño en el negocio cárnico.
Durante la década de 1990, la entonces Dirección General Impositiva denunció la existencia de una estructura societaria vinculada a sus frigoríficos que habría sido organizada para eludir el pago del IVA. Esa investigación fiscal dio inicio a un prolongado proceso judicial que marcaría el derrotero posterior del empresario ante los tribunales.
Tras los reclamos de la DGI y luego de la exAFIP por presuntas evasiones e irregularidades en la comercialización de carne, Samid fue sometido a juicio oral. En abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 lo condenó a cuatro años de prisión por asociación ilícita fiscal destinada a evadir impuestos en el desarrollo de su actividad comercial. En ese derrotero, lo detuvieron en Belice.
La sentencia incluyó también a integrantes de su entorno societario y constituyó un antecedente relevante en materia de control tributario en el sector cárnico. Durante el proceso, el empresario cuestionó públicamente las condiciones de su detención, en un contexto que amplificó la exposición mediática del caso.
Previo a esa condena, el empresario protagonizó episodios que derivaron en una orden de captura internacional, luego de ausentarse de audiencias judiciales y abandonar el país mientras el proceso seguía su curso. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia argentina. A fines de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal cerró por prescripción un expediente iniciado en 2015 por supuesta evasión y retención indebida de tributos.
Ahora fue la decisión de un juez comercial la que lo puso de nuevo en la mira. Entre los principales acreedores del empresario se encuentran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una acreencia de 179 millones de pesos, y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que reclama casi 94 millones por deudas de Ingresos Brutos y del Impuesto Automotor. Al no alcanzar Samid un acuerdo con ARBA, el organismo impulsó la continuidad del proceso hasta su desenlace. Tras su reciente internación en Punta del Este, la intervención del gobierno bonaerense para su posterior traslado a la Argentina en un avión sanitario constituyó un dudoso proceder que a muchos les sonó como un privilegio del que difícilmente gozaría otro ciudadano argentino.
La sucesión de procesos judiciales, condenas penales y ahora una quiebra comercial no solo conforman el epílogo de una trayectoria empresarial controvertida. También interpelan a un sistema que durante años debió enfrentar prácticas distorsivas en un sector estratégico para la economía nacional como el de la carne. Cuando la evasión y la informalidad se naturalizan, se resiente la recaudación pública, se deteriora la competencia leal, se perjudica a quienes cumplen y se debilita la confianza en las instituciones.
Tipo de trabajo:
opinión
